Los productores rurales de las 20 provincias de La Paz atraviesan una situación económica cada vez más compleja debido al incremento de los costos de producción, el alza del transporte, la volatilidad del dólar y el estancamiento de los precios de sus productos, una combinación que reduce los ingresos de las familias campesinas.
Fuente: ANF
A ello se suman la competencia de productos importados y la falta de políticas públicas que fortalezcan a la agricultura familiar, según coincidieron el alcalde de Ayata y exejecutivo departamental de las 20 provincias, José Luis Chura, y el investigador del Centro de Investigación y Promoción del Campesinado (Cipca), Mario Vargas.
Chura afirmó que la crisis del combustible ha provocado un aumento de los costos de transporte, situación que repercute directamente en las economías rurales. Explicó que los pasajes y el traslado de productos se han encarecido debido a que los transportistas también enfrentan mayores costos por la compra de repuestos e insumos afectados por la variación del dólar.
Sin embargo, señaló que ese incremento de gastos no se refleja en los precios que reciben los productores por sus cosechas.
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«Mientras suben los costos de producción y transporte, el precio de los productos agrícolas prácticamente permanece igual, reduciendo cada vez más el margen de ganancia de las familias campesinas», sostuvo la autoridad a ANF.
Vargas coincidió en que la rentabilidad de la agricultura familiar está deteriorada, aunque atribuyó el problema no solo al contexto económico, sino también a factores estructurales. Explicó que muchos agricultores no incorporan el valor de su propia mano de obra dentro de los costos de producción, lo que termina generando un «subsidio invisible» hacia los consumidores urbanos.
Como ejemplo, indicó que una arroba de papa puede comercializarse en alrededor de 45 bolivianos, aunque si se contabilizaran todos los costos reales —incluido el trabajo familiar durante la preparación del terreno, la siembra, el cuidado y la cosecha— su precio debería ser considerablemente mayor.
El investigador sostuvo en declaraciones a ANF que “esta situación permite mantener alimentos relativamente baratos para las ciudades, pero al mismo tiempo mantiene a los pequeños productores en condiciones de precariedad económica”.
En ese contexto, Chura cuestionó las políticas de apoyo estatal, al considerar que benefician principalmente a sectores agroindustriales mientras dejan en desventaja a los productores de alimentos destinados al mercado interno.
Señaló que rubros como el azucarero y el arrocero reciben subvenciones y otros incentivos, mientras que los productores de papa, oca y otros tubérculos de las comunidades indígenas no cuentan con mecanismos similares.
Asimismo, expresó su preocupación por el ingreso de productos agrícolas procedentes del Perú, particularmente papa, que —según afirmó— llega a precios inferiores y desplaza la producción nacional en los mercados.
A su juicio, muchos consumidores priorizan el menor precio sin considerar las características de la producción boliviana, que describió como ecológica y natural.
Vargas complementó ese diagnóstico al señalar que la agricultura familiar enfrenta una competencia desigual frente a la agroindustria. Explicó que cultivos como la soya cuentan con políticas estatales orientadas a facilitar acceso a tecnología, crédito, divisas y mercados internacionales, mientras que los pequeños productores deben buscar compradores y negociar individualmente sus precios.
«El productor diversificado no solo produce alimentos; también debe resolver por su cuenta la comercialización», indicó el investigador, quien sostuvo que esta situación reduce la eficiencia económica de las familias rurales.
Advirtió también que el potencial productivo se ve limitado por la falta de investigación tecnológica, los elevados costos para implementar sistemas de riego, las restricciones de acceso al crédito y el papel de los intermediarios, quienes suelen fijar precios bajos en los lugares de producción.
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