Los presidentes las Cámaras de Senadores, Diego Ávila; y de diputados, Roberto Castro, corren el riesgo de ser procesados por incumplir el fallo de la Sala Constitucional Tercera de La Paz, que ordenó la aprobación del proyecto de ley Transitoria de Funcionamiento del Tribunal Constitucional Plurinacional (TCP) y del Tribunal Supremo de Justicia (TSJ).
Fuente: ANF
El abogado Frank Campero informó a la ANF que su cliente Rafael Quispe, el 15 de junio, presentó un recurso de queja contra ambas autoridades y contra el presidente de la comisión de Constitución de la Cámara de Diputados, Juan del Granado, porque no cumplieron con el plazo de 45 días que estableció la resolución constitucional para aprobar ese proyecto de ley.
“El Órgano Legislativo tendrá que emitir un informe a la Sala Constitucional Tercera donde explicará cuáles son los justificativos del retraso. Si no son acordes a este informe, si no tiene razón jurídica, nosotros vamos a iniciar el proceso penal por el delito de incumplimiento a resoluciones constitucionales”, afirmó el jurista.
En diciembre de 2025, Rafael Quispe presentó una acción popular contra los autoprorrogados, los presidentes de las cámaras de Diputados, Senadores y la comisión de Constitución exigiendo que se agilice el tratamiento de una norma que permita el funcionamiento con carácter transitorio del TCP y TSJ, además del cese de funciones de los magistrados.
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En una audiencia, la Sala Constitucional Tercera concedió en parte la tutela y ordenó que, en un plazo de 10 días que luego fue ampliado a 45 días, la Asamblea Legislativa apruebe el proyecto de ley 022 Transitorio de Funcionamiento del Tribunal Constitucional Plurinacional (TCP) y del Tribunal Supremo de Justicia (TSJ).
Ante el recurso de queja que interpuso el exdirigente campesino, la Sala Constitucional Tercera dispuso 72 horas a partir de la notificación para que los demandados respondan y remitan los informes a esa instancia judicial para su valoración.
Cumplieron el dictamen
La secretaria técnica de la comisión de Constitución de Diputados, Kathia Saucedo, aclaró que esa instancia legislativa cumplió con el fallo judicial ya que el 14 de enero, dentro del plazo establecido por la sala constitucional, se aprobó el proyecto de ley 022 y se lo remitió a la presidencia de la Cámara de Diputados.
Aseguró que el presidente de la comisión de Constitución de Diputados, Juan Del Granado, cumplió con el fallo y aclaró que no tiene la potestad de convocar a sesión plenaria de la Cámara Baja ni disponer en el orden del día el tratamiento del proyecto normativo.
Asimismo, afirmó que fueron notificados con el recurso de queja y se remitió un informe a la sala constitucional explicando el trabajo que se desarrolló, se adjuntó las actas de las sesiones y el proyecto de ley aprobado por los diputados de la comisión.
“Nosotros hemos procedido a contestar a la sala constitucional, aunque ya lo habíamos hecho en una oportunidad anterior una vez que fue aprobado el proyecto. Incluso, hemos remitido un memorial al Tribunal Constitucional el 18 de febrero en ese sentido porque entendimos que el trámite había pasado al Tribunal”, manifestó.
Se conoció que, hasta el viernes, al menos dos de los demandados ya presentaron sus informes ante la autoridad jurisdiccional y se tiene previsto que la próxima semana emita un pronunciamiento.
Proceso
De acuerdo al Código de Procedimiento Penal, todo dictamen es de cumplimiento obligatorio, caso contrario, los antecedentes serán remitidos al Ministerio Público para que inicie un proceso penal contra los infractores.
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