Ha causado profunda preocupación en la población boliviana que dentro del denominado caso de 32 Narcomaletas procedentes de Los Ángeles-EE. UU., en que se encuentran imputados: Laura Rojas, Herbert Zeballos, Carlos Diego N.S., Juan Carlos E. V., Viki R. P., Roy E.V. y Gabriel Giuliano Leoni (este último prófugo), por presuntos delitos de legitimación de ganancias ilícitas, tráfico de sustancias Controladas, confabulación y organización delictiva, dos de los principales involucrados haya logrado el beneficio de “detención domiciliaria” en sustitución de la detención preventiva de 60 y 180 días fijada inicialmente por la autoridad jurisdiccional.

Laura Rojas exdiputada nacional quien trasladó las maletas en compañía de dos familiares y Gabriel Giuliano Leoni, retiradas sin ningún control aduanero y policial el 29 de noviembre y llevadas al galpón del exjuez Herbert Zeballos por representantes de la Empresa Boliviana de Seguridad Ebose, en el galpón se encontró 79 kilogramos de marihuana, sin que el derecho propietario del inmueble haya sido cuestionado.

Según expertos el vuelo chárter llegado de EE. UU., por concepto del traslado de las 32 narcomaletas estiman que se canceló aproximadamente el monto de 100.000 a 150.000 dólares americanos.

El costo del vuelo chárter implica que no se trataba del traslado de 32 maletas vacías y menos que la finalidad sea la comercialización en el mercado de Santa Cruz o del país.

Las investigaciones continúan desde la segunda quincena de enero de 2026 a cargo del ministerio público, sin que en seis meses los resultados hayan dado señales claras acerca de: el origen de las 32 narcomaletas; el contenido y peso total; destinatarios, y quiénes autorizaron no revisar a los entes responsables del Aeropuerto Internacional de Viru Viru cada una de las 32 maletas; no obstante que la policía Federal Brasilera alertó al funcionario del Grupo GIGE Marvin Manzanera Rojas y este trasladó la información al Capitán Christhian Rodríguez Silva que formaba parte del Grupo de Seguridad del ministro de Gobierno, Marco Antonio Oviedo.

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En el proceso hay dos hechos que causan zozobra y dan la razón para que organismos internacionales ubiquen a nuestro país entre los últimos en el Estado de derecho, sin que al presente se impulsen las reformas constitucionales para contar con jueces probos, independientes e imparciales. Hay jueces dignos, honorables y transparentes, esos garantes de los derechos fundamentales no alcanza para recuperar la diezmada administración de justicia.

La jueza Albania Caballero concedió a Laura Rojas la detención domiciliaria, sin que se ejecute la medida sustitutiva debido a la detención preventiva por 180 días en el proceso por el delito de tráfico de sustancias Controladas. Al cumplir este tiempo a final de julio, es más que probable que interponga la acción de cesación de la detención preventiva y se defienda en libertad ante la devolución de maletas vacías.

El exjuez Herbert Zeballos propietario del galpón donde se trasladaron las 32 narcomaletas, el fiscal y policía encontraron en el lugar 79 kilogramos de marihuana, logró obtener de la Sala Tercera del Tribunal Departamental de Justicia de Santa Cruz, en audiencia virtual, el viernes 24 sustituir la medida de detención preventiva por la “detención domiciliaria”, aplicando el pago de una fianza de Bs. 50.000, arraigo y la prohibición de comunicarse con otros imputados en el caso Narcomaletas.

Se sabe que uno de los argumentos para obtener la detención domiciliaria en favor del exjuez Herbert Zeballos, fue que en las maletas devueltas o encontradas (4 maletas) estaban vacías, y que el procesado por tráfico de sustancias controladas hubiera renunciado al cargo de juez. Ambos elementos carecen de sustento para otorgar el beneficio de defenderse en libertad, porque está siendo acusado por un delito grave de lesa humanidad, y que forma parte de una estructura ilícita, siendo garante de la ley y la Constitución.

El fiscal General, Roger Mariaca el jueves 23 de julio, informó que dentro del caso Narcomaletas se recuperaron cuatro maletas las cuales serán sometidas a pericias como parte de la investigación. Agregando que estas fueron comercializadas en diciembre del año pasado por montos que oscilan entre 600 y 760 bolivianos, antes que el ministerio público conociera oficialmente el caso. Aclara que las maletas fueron entregadas voluntariamente y que esto ayuda mucho en la investigación.

El problema pasa ¿por qué el ministerio público no intervino desde que llegaron las 32 narcomaletas (29 de noviembre de 2025) al Aeropuerto Internacional de Viru Viru para hacer oportunamente todas las pericias?, y, extrañamente, aplican las pericias técnicas cuando estas fueron comercializadas; es decir, cuando se esfumó el contenido objeto del proceso de narcotráfico, ganancias ilícitas, confabulación y organización ilegal. Asimismo, ¿cuáles los resultados de la cooperación internacional tanto de la policía de Los Ángeles y de la policía Federal de Brasil?, para determinar el verdadero contenido de las 32 maletas, que permita descartar la burda tesis que se importaron para comercializar u otra actividad ajena al narcotráfico.

La información del Ministerio Público en cierta medida parece haber gatillado en la decisión de la Sala Tercera del Tribunal Departamental de Justicia de Santa Cruz que concedió la detención domiciliaria al exjuez Contra la Corrupción Herbert Zeballos, sin ningún sistema de vigilancia.

En todo caso por la gravedad de los delitos y el esclarecimiento de las 32 Narcomaletas, corresponderá al Consejo de la Magistratura, realizar la investigación y el levantamiento técnico sobre la sustitución de la medida preventiva por la detención domiciliaria en favor de Hebert Zeballos que, según el presidente del Consejo de la Magistratura, Carlos Spencer, “la medida de la Sala Tercera ha dejado en zozobra a toda la población boliviana, y que se van a adoptar medidas drásticas”. El anuncio del presidente Spencer causa esperanza para enderezar la justicia sin importar jerarquías, dada la acelerada descomposición institucional que deriva en la desconfianza de la justicia en la sociedad boliviana.

Por último, causa afrenta que el ciudadano Evo Morales con mandamiento de aprehensión emitido por autoridad jurisdiccional se pasee por Chimoré el viernes 24 de julio, y pase por el control militar de UMOPAR “Castillo”, con absoluta libertad y garantías de impunidad, como si la policía Nacional no haya dado ninguna instrucción nacional interna para ejecutar el mandamiento de aprehensión o, es que post estado de excepción se sentó algún acuerdo con las seis federaciones y autoridades del Gobierno para asegurar la libre transitabilidad del prófugo de la justicia.

La impunidad selectiva calcina la libertad impregnada en la Constitución y, por eso, el Estado debe volcar todos sus esfuerzos políticos para priorizar la soberanía allí donde plantaciones de coca ilegales, abastecimientos de precursores y la cocaína, colapsa.

Sandra Day O´Connor, jurista y exjuez Asociada a la Corte Suprema de Justicia de Estados Unidos (+) dijo: “Un juez que pierde credibilidad ha perdido su poder más esencial”.

 

 

Pedro Gareca Perales