Es una de las ideas centrales de Boaventura de Sousa Santos, en su libro, reinventar la democracia, en donde además sostiene que la crisis de la administración de justicia no deviene exclusivamente del desgaste institucional, sino que también afecta en la calidad de la democracia y la vigencia del Estado constitucional de derecho.
Como resultado de la reunión sostenida por autoridades judiciales del país en la ciudad de Sucre, su máximo representante, Romer Saucedo, planteó; que ante la inacción desde el Ejecutivo en incrementar el presupuesto a este sector, paralizar el servicio judicial. Sin embargo, este extremo no se concretó a raíz de la convocatoria emitida por el gobierno al diálogo.
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El sistema de la administración de justicia en Bolivia se ha constituido en uno de los pilares fundamentales, en un estado democrático y de derecho. Las funciones que cumple no se limita a solamente resolver conflictos o la aplicación de las leyes, sino que representa la garantía última de los derechos humanos, de la vigencia del principio de igualdad y la seguridad jurídica de las personas.
Cuando la población o la sociedad deja de confiar en este sistema, el problema deja de ser solamente judicial y adquiere una dimensión política, social y económica. En Bolivia, esa desconfianza no es producto de episodios aislados, es resultado de la crisis estructural que se ha consolidado durante los años y que en la actualidad condiciona el funcionamiento de la democracia.
Los antecedentes de este escenario muestran que la justicia en Bolivia históricamente ha enfrentado diferentes limitaciones, como la escasez de recursos económicos, la debilidad institucional, la concentración del poder, la instrumentalización de la justicia. La nueva CPE promulgada el 2009 introdujo innovaciones relevantes, entre ellas, el sistema de elección popular de máximas autoridades judiciales, la cual fue vista, según el constituyente, como un mecanismo para democratizar el acceso a los altos tribunales de justicia y fortalecer su legitimidad.
Sin embargo, los resultados que se ha tenido producto de esta forma de elección no logro resolver los problemas estructurales de eficiencia, transparencia e independencia. La academia ha sostenido que la legitimidad democrática de origen no necesariamente se traduce en legitimidad de ejercicio, particularmente cuando existen cuestionamientos acerca de los procesos de elección, del desempeño institucional y la incidencia política.
A este escenario se suma un fenómeno recurrente, la judicialización de los conflictos políticos. En diferentes momentos de nuestra historia, decisiones judiciales conexas con procesos electorales, con conflictos institucionales, o disputas de alta sensibilidad fueron entendidos por diferentes sectores de la sociedad a partir de una visión política antes que de una jurídica.
Al margen de la validez o no de esas percepciones, su repetición debilitó la confianza del pueblo en la imparcialidad del sistema judicial. Cuando un fallo es evaluado por su incidencia política y no así por su argumentación y/o fundamentación jurídica, el sistema de administración de la justicia y sus operadores manifiestan señales de fractura institucional y desapego a los mandatos de las leyes.
Uno de los problemas más evidentes y frecuentes es la independencia judicial, que últimamente esta venida a menos, esto en razón a los intentos de intervención externa en las decisiones que emiten las autoridades judiciales. Sin embargo, reducir la crisis a solo la independencia judicial sería simplificar un fenómeno que es crítico y complejo.
Asimismo, la mora procesal es otra manifestación del desgaste institucional, lo que repercute en la generación de elevados costos económicos e incertidumbre jurídica en el litigante que busca en los tribunales la tutela judicial de sus derechos.
A esto se suma el presupuesto insuficiente que desde el estado es destinado al órgano judicial, lo que limita absolutamente en su capacidad operativa de trabajo que repercute por ejemplo en la demanda de creación de ítems, de juzgados, mejora en la infraestructura y equipamiento, como en la tecnología. Estas limitaciones sin duda dificultan no solo el normal y eficiente trabajo del sector justicia, sino que incide en la ampliación del acceso a la justicia, particularmente en lugares donde la presencia judicial es mínima.
Asimismo, el proceso de selección de altas autoridades judiciales se ha constituido en un tema de discusión latente. Más allá de las formas de elección que se adopte, el desafío está en garantizar mecanismos transparentes sustentados en la meritocracia, la capacidad profesional, la probidad e integridad ética.
Es importante señalar que ningún modelo institucional puede generar efectos o resultados absolutamente satisfactorios si es que no inspira confianza la selección de jueces, de magistrados, o si la carrera judicial está exenta de adecuados incentivos para la óptima formación de jueces y la independencia judicial.
Otro elemento que se advierte es la corrupción. Las constantes denuncias penales o disciplinarias en contra de administradores de la justicia ha contribuido también en el deterioro de la imagen institucional. Si bien la honestidad, la transparencia, son elementos indispensables para una adecuada y eficiente trabajo judicial, no es suficiente. Es imperativo la concurrencia de herramientas transparentes de rendición de cuentas y control disciplinario que posibiliten oportunamente corregir las irregularidades.
Desde este punto de vista, la crisis judicial mantiene una relación estrecha con el Estado constitucional de derecho. La seguridad jurídica se instituye como un requisito esencial para la protección de derechos humanos, para la inversión, para la estabilidad democrática y el desarrollo de la economía nacional.
Cuando la sociedad percibe que los fallos judiciales son notoria y deliberadamente tardíos o impredecibles, la confianza hacia el sector judicial disminuye, lo que abre el camino a la presión y/o protesta social para que a través de esta, los procesos judiciales sigan su curso normal, se reconduzca el procedimiento o se emitan resoluciones oportunamente.
Siendo este el panorama del sistema judicial, las reformas a la misma debiera orientarse a diferentes objetivos. Como por ejemplo fortalecer la independencia judicial a través de mecanismos eficientes y transparentes en el proceso de selección, evaluación y permanencia de autoridades judiciales.
Del mismo modo, es menester consolidar una auténtica carrera judicial basada en la capacitación y evaluación continua, estabilidad institucional y la meritocracia. Asimismo, es imperativo el incremento del presupuesto económico que se destina al órgano judicial con lo que indudablemente se allanaría el camino para una mejora en la atención al litigante y facilitar las tareas o funciones del juzgador.
Por último, conviene recordar que no es posible entender a la justicia solamente como un servicio o como un espacio de resolución de controversias. Toda vez que esta se ha constituido como uno de los referentes principales de la calidad democrática de un país. Cuando esta funciona con eficiencia, con independencia, y transparencia, refuerza la legitimidad de las instituciones y contribuye en la cohesión social. En cambio, cuando esta se aleja de sus mandatos constitucionales las consecuencias afectan no solo a la sociedad, también a la institucionalidad de la justicia.
Marcelo Céspedes Cuéllar
Abogado – Politólogo