Una propuesta legislativa presentada en el Senado plantea modificar la distribución de los recursos de coparticipación tributaria con el objetivo de fortalecer financieramente a las gobernaciones del país, medida que, según sus impulsores, permitiría a los gobiernos departamentales cumplir de mejor manera sus competencias y ejecutar proyectos de desarrollo.
La iniciativa propone mantener el 5% de los recursos para las universidades públicas y el 20% para los gobiernos municipales, mientras que el restante 75%, que actualmente recibe el Gobierno central, sería redistribuido para otorgar un 25% a las gobernaciones y dejar el otro 50% al nivel central del Estado.
Quienes respaldan la propuesta consideran que la redistribución es coherente debido a que las gobernaciones administran y atienden las necesidades de todo un departamento, lo que implica mayores responsabilidades y una cobertura territorial mucho más amplia que la de los municipios.
Asimismo, sostienen que estudios técnicos indican que la modificación representaría menos del 1% de los recursos totales que maneja el Estado, pero tendría un impacto significativo en las finanzas de las gobernaciones, permitiéndoles mejorar su capacidad de inversión y ejecución.
En el caso del Beni, se considera que un mayor acceso a recursos económicos permitiría impulsar proyectos estratégicos orientados a transformar la economía departamental, fortaleciendo sectores como la agroindustria, el turismo y otras actividades productivas con alto potencial de crecimiento.
Los promotores de la iniciativa señalaron que una mayor disponibilidad de recursos contribuiría a que las gobernaciones puedan cumplir las funciones establecidas por ley y ejecutar planes de desarrollo que permitan reducir la pobreza y aprovechar las potencialidades económicas de cada departamento.
