Fuente: Erbol
El Colegio de Profesionales en Turismo de La Paz solicitó al Gobierno la emisión inmediata de un decreto supremo que declare el estado de emergencia económica del sector turístico por un periodo de seis meses, junto con un paquete de medidas de alivio tributario, financiero y de reducción de costos para enfrentar las pérdidas ocasionadas por los bloqueos y la conflictividad social.
En un pronunciamiento público, la entidad advirtió que, sin medidas extraordinarias, cientos de empresas del rubro no podrán sostener sus operaciones, lo que derivaría en el cierre definitivo de negocios, la pérdida de empleos y la desaparición de inversiones desarrolladas durante décadas.
Entre sus principales demandas figura el diferimiento por 12 meses del pago del Impuesto al Valor Agregado (IVA), el Impuesto a las Transacciones (IT), el Impuesto sobre las Utilidades de las Empresas (IUE) y las patentes municipales, sin aplicación de multas, intereses ni sanciones administrativas.
Asimismo, pidió la reprogramación obligatoria de los créditos destinados al sector turístico, con periodos de gracia adecuados y el mantenimiento de la categoría crediticia de las empresas.
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«No pedimos condonaciones, pedimos tiempo para sobrevivir», señala el pronunciamiento.
El Colegio también planteó una reducción temporal de los costos fijos que enfrentan hoteles y establecimientos turísticos, al señalar que actualmente operan con bajos niveles de ocupación, pero continúan pagando tarifas de energía eléctrica diseñadas para condiciones normales de actividad.
En ese marco, solicitó la creación de una tarifa turística especial para el sector, la suspensión temporal del cobro por potencia contratada y medidas similares en otros servicios básicos mientras dure la emergencia.
Respecto a los efectos de los bloqueos, la organización afirmó que las protestas provocaron cancelaciones de viajes, pérdidas económicas, afectación a la imagen internacional del país e incertidumbre para miles de visitantes.
Por ello, propuso la implementación inmediata de un protocolo nacional de protección de corredores turísticos que garantice la libre circulación de turistas nacionales y extranjeros, así como la seguridad en aeropuertos, terminales terrestres y rutas estratégicas.
Además, planteó la creación de corredores turísticos monitoreados por el Estado para evitar que los visitantes queden retenidos o vean afectados sus itinerarios debido a conflictos sociales.
El pronunciamiento también solicita la asignación de un presupuesto específico para ejecutar un plan nacional de recuperación de la imagen turística de Bolivia, orientado a restablecer la confianza de los mercados internacionales, fortalecer la promoción del país y recuperar las temporadas altas de 2026 y 2027.
En materia de conectividad, el Colegio instó al Gobierno a avanzar en una política efectiva de cielos abiertos para ampliar la oferta de vuelos internacionales, incrementar la competencia y reducir los costos para los viajeros.
También propuso revisar la política de visas para facilitar el ingreso de turistas provenientes de mercados considerados prioritarios, mediante la flexibilización de requisitos y la simplificación de los trámites migratorios.
Finalmente, el Colegio exhortó a la Asamblea Legislativa Plurinacional a impulsar iniciativas normativas que fortalezcan al turismo como una actividad estratégica para el desarrollo económico y la generación de empleo, e hizo un llamado al Gobierno nacional, los gobiernos subnacionales y las instituciones públicas a coordinar acciones para proteger al sector.
