Senadora propone hasta más de 30 años de cárcel para responsables de incendios forestales


Según el proyecto, en Bolivia, la sanción máxima se aplicaría cuando los incendios ocasionen la muerte de una o más personas, afecten reservas naturales y parques, destruyan fuentes de agua y el hábitat de la fauna silvestre o provoquen daños a viviendas e infraestructura pública y privada.

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Bomberos en acción sofocando un incendio en Tarija. Foto: GAMT

Fuente: ANF / La Paz

 



La senadora suplente Marcela Guerrero, de Unidad, presentó este martes un proyecto de ley que propone modificar el Código Penal para endurecer las sanciones contra quienes provoquen incendios forestales, con penas que superen los 30 años de prisión cuando estos hechos ocasionen graves daños humanos, ambientales o materiales.

La iniciativa, denominada Ley de Protección Natural y Prevención y Sanción de los Incendios Forestales, plantea tipificar nuevos delitos contra el patrimonio natural y los ecosistemas, con el objetivo de fortalecer la persecución penal de quienes ocasionen incendios.

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“Es hora de frenar que con un fósforo dañen todo nuestro ecosistema. El incendio forestal debe tener la máxima pena de más de 30 años de cárcel”, afirmó la legisladora.

Guerrero explicó que la propuesta surge a raíz de los incendios registrados en Tarija y busca evitar que este tipo de tragedias continúe repitiéndose en el país.

Según el proyecto, la sanción máxima se aplicaría cuando los incendios ocasionen la muerte de una o más personas, afecten reservas naturales y parques, destruyan fuentes de agua y el hábitat de la fauna silvestre o provoquen daños a viviendas e infraestructura pública y privada.

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Además de endurecer las penas, la propuesta contempla la creación de un fondo permanente para la reducción de riesgos y atención de desastres, destinado a equipar a los bomberos que enfrentan incendios forestales. La legisladora señaló que estos recursos deberían provenir del Presupuesto General del Estado.

El proyecto también incorpora un artículo para que el Ministerio Público cree fiscalías especializadas en delitos ambientales, con el propósito de investigar y sancionar de manera específica los daños ocasionados al patrimonio natural.