Si encontrar mercados para artículos exportables implica un colosal esfuerzo, conservarlos es doblemente exigente, al tiempo que meritorio, dados los compromisos contractuales, la logística, el control de calidad y, dependiendo del tipo de mercadería, especificidades propias de cada ítem.
En mis días de secundaria, mi profesor de historia Mario Salinas —lo nombro porque pese a que busqué con denuedo información que lo corroborase no la encontré— contaba que en un relativamente lejano pasado, Bolivia exportaba guayabas a Inglaterra. Pero sucede que al llegar a puerto, la fruta era echada al océano, mientras que las cajas que la contenían eran llevadas a centros de venta donde se las comercializaba. Ya habrá deducido usted lo que pasaba: el material de tales contenedores era alguna especie de las muchas de maderas preciosas que se dan en nuestro país.
La “demanda de guayabas” concluyó cuando los exportadores bolivianos cambiaron el material de empaque. Cierto o no, el caso ilustra la generosidad forestal de nuestro suelo. También sirve para remarcar que las regulaciones en el sector maderero le han dado a este la carta de sostenibilidad.
En tiempos de añorado Atpdea, junto a los rubros de la joyería, artículos de cuero y textiles, incluidas las confecciones, el de la madera trabajada (muebles y, curiosamente, puertas) se abrió un “huequito” en el mercado estadounidense. Si bien en términos monetarios no fue un ingreso significativo, de haberse mantenido el mecanismo de preferencias arancelarias, hoy estaríamos hablando de montos importantes por tal concepto.
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Como se sabe, por las rencillas personales de Morales Ayma con la Embajada de EEUU, este país decidió cancelar el beneficio. Pero hasta estos días, la madera de procedencia boliviana no había sido objeto de una acusación tan ligera como la que hizo el fiscal chileno que la relacionó con el tráfico de drogas.
Hasta ahora, me abstuve de emitir juicio alguno al respecto. Esperé a tener mayores elementos para hacerlo y estos llegaron cuando desde Bolivia se desmintió la versión del vecino. Pero, en el camino, no sin intencionalidad política, hubo quienes lo adelantaron causando un daño gravísimo al sector maderero boliviano que –repito– no había sido estigmatizado tan duramente en toda su existencia.
El caso “narcomaderas”, como lamentablemente va a pasar a la posteridad, entremezcla todas las formas posibles de manipulación de la información. Llegué a escuchar la patraña de “1.080 toneladas de droga”, cuando en realidad se trata de 1.080 toneladas de tablones retenidos en la aduana de Arica por la supuesta impregnación de cocaína en los mismos —supuestamente 100 toneladas—.
Si bien el narcotráfico ha ideado las formas más “creativas” de burlar los controles aduaneros, el sentido común parece decir que tal truculencia es, al menos, improbable. Ahí entran los análisis periciales que demuestran la inexistencia de la sustancia en la carga de referencia.
Pero ya no es solo el fiscal quien sostiene la acusación; en una suerte de reacción corporativa se ha pronunciado también el delegado presidencial para la región, quien asegura que las “investigaciones” siguen en curso y emite una serie de alusiones a los “narcotraficantes”.
Entretanto, cuando el país requiere con urgencia divisas provenientes de las exportaciones, las de madera han decrecido en 60 % a causa del malintencionado proceder de autoridades chilenas.
Más allá de las obvias implicaciones económicas del caso, sus efectos ya alcanzan los terrenos diplomático, jurídico y político, además de afectar la honra de empresarios, hoy al borde de la quiebra.
Queda tocar madera para que la verdad salga a flote y se reparen los daños y perjuicios causados no solo a personas sino a nuestro propio país.
Puka Reyesvilla es docente universitario.
