Chuquisaca es hoy el departamento con la mayor cantidad de su población en situación de pobreza
Fuente: Correo del Sur
Pobreza¿Las cifras oficiales de pobreza muestran la realidad del país? De acuerdo con datos oficiales, la pobreza en Bolivia afecta a 4,7 millones de personas. Sin embargo, cuando el indicador se ajusta al costo real de vida, la cifra sube a entre 5,5 y 5,8 millones, según un estudio de la Fundación Jubileo. Eso supone que hoy “cerca de 6 millones de bolivianos viven en la pobreza”. Peor: sectores de clase media vulnerable “podrían aumentar esta cifra”.
Cifras oficiales
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De acuerdo con datos del Instituto Nacional de Estadística (INE), la incidencia de pobreza moderada llegó a 37,7% de la población boliviana en 2024, equivalente a 4,7 millones de personas. La pobreza extrema, entretanto, alcanzó a 1,6 millones de personas, o 12,8% de los habitantes del país. Del total de pobres moderados, 2.768.619 personas (59%) vivían en ciudades y 1.895.880 (41%) en el área rural. Con relación a la pobreza extrema, 1.052.912 personas vivían en áreas rurales (67%) y 528.873, en ciudades (33%).
Pobreza oculta
¿Por qué la Fundación Jubileo calcula una cifra distinta a la oficial? La respuesta está en cómo se actualiza la “línea de pobreza”, el monto mínimo de ingreso mensual que una persona necesita para cubrir una canasta básica de alimentos y servicios. Según el estudio, entre 2021 y 2023 el INE ajustó esa línea apenas entre 4% y 7%, mientras que la inflación de alimentos en el mismo periodo superó 8%. La brecha se amplió más en 2025: hasta octubre, los alimentos acumularon un incremento de precios de alrededor de 30%, muy por encima de los ajustes anuales oficiales.
Esto significa que una persona que hoy gana lo mismo que hace tres años puede figurar como “no pobre” en las estadísticas, aunque ese ingreso ya no le alcance para comprar la misma canasta que compraba antes. “La pobreza no bajó: simplemente se midió con una vara más baja”, advierte el estudio.
Al recalcular la línea con la inflación acumulada, la Fundación Jubileo obtuvo dos escenarios: uno “inferior”, que eleva la incidencia a 44% de la población, y uno “superior”, que la sube a 47%, lo que equivale a entre 5,5 y 5,8 millones de pobres, entre 800 mil y 1,2 millones más de los que reflejan las cifras oficiales. El estudio llama a esta diferencia “pobreza oculta o invisibilizada”.
Panorama departamental
Chuquisaca y Potosí “concentran a casi la mitad de su población en situación de pobreza”, con una incidencia de 51,2% y 47,4%, respectivamente, y también lideran la pobreza extrema, con 24,3% y 21,9%. La Fundación Jubileo atribuye estos niveles a “rezagos históricos en infraestructura, productividad agrícola y oportunidades laborales”. Les siguen La Paz, con 45,2% de incidencia, y Cochabamba, con 41,2%, un fenómeno que el estudio vincula “a la precariedad laboral urbana y a la marginalidad de comunidades rurales”.
En el otro extremo, Santa Cruz “destaca por ser el de menor incidencia de pobreza”, con 25,5%, y también la menor pobreza extrema, con 5,6%, asociada a “su mayor dinamismo económico”. Oruro (36,6%), Beni (35,5%), Pando (33,6%) y Tarija (31,5%) se ubican en posiciones intermedias, aunque con “desigualdades marcadas” entre sus áreas urbanas y rurales.
En términos absolutos, La Paz, Santa Cruz y Cochabamba concentran juntos 69% del total de pobres moderados del país, aunque su incidencia porcentual sea menor a la de Chuquisaca. El departamento, en cambio, aunque tiene una población menor, es el que registra la mayor proporción de sus habitantes en la pobreza: 347.232 personas en pobreza moderada y 165.102 en pobreza extrema.
Clase media
El INE clasifica como clase media a los hogares cuyo ingreso por persona equivale a entre una y cinco veces la línea de pobreza. Bajo esa definición, 59,1% de los bolivianos pertenece a la clase media, frente a 37,7% en la pobreza y 3,2% en la clase alta. El estudio advierte, sin embargo, que buena parte de ese grupo vive muy cerca del límite inferior de esa categoría, lo que la vuelve “una clase media frágil que puede retroceder hacia la pobreza en tiempos de crisis”.
Para dimensionar esa fragilidad, la Fundación Jubileo repite el ajuste por inflación: en el escenario más moderado, la pobreza sube a 44% y la clase media se reduce a 54%; en el más exigente, la pobreza llega a 47% y la clase media baja a 51%. La clase alta se mantiene apenas en 2% en ambos casos. El estudio resume esta situación como “el espejismo de la clase media” y advierte que muchas familias “viven con una seguridad económica aparente, cuando en realidad están a pocos bolivianos de perderla”. Como ejemplo, señala que en las ciudades un hogar puede dejar de contarse como clase media y pasar a la pobreza con solo 89 bolivianos menos de ingreso por persona al mes; en el área rural, “basta un choque económico o una sequía” para producir el mismo efecto en miles de familias.
Bajó la pobreza, pero…
Entre 2016 y 2019, la pobreza moderada bajó de 43% a 37,2% de la población y la extrema, de 19% a 12,9%. Sin embargo, el estudio explica que esa mejora “no surgió de transformaciones profundas en la economía, sino de un contexto económico favorable y del impulso de programas sociales”: el auge de los precios del gas y los minerales generó ingresos fiscales extraordinarios que permitieron sostener el gasto público, financiar bonos sociales y elevar el salario mínimo en cerca de 30%, de 1.805 a 2.750 bolivianos entre 2016 y 2025.
Programas como el Bono Juancito Pinto, la Renta Dignidad y el Bono Juana Azurduy contribuyeron a reducir la deserción escolar, sostener los ingresos de adultos mayores y mejorar los controles de salud materno-infantil. El estudio describe estas ayudas, en conjunto, como un “colchón” para las familias más vulnerables durante los años de bonanza, pero advierte: “las transferencias sociales son, en realidad, puentes temporales: alivian y sostienen el consumo, pero no sustituyen políticas de fondo”, porque no modificaron la calidad del empleo, la productividad agrícola ni la educación.
El estudio conecta esa fragilidad con la evolución del gasto público social, que, según datos de UDAPE citados en el documento, pasó de 53.715 millones de bolivianos en 2015 a 55.567 millones en 2019, pero redujo su peso relativo de 23,6% a 19,7% del PIB en el mismo periodo. “El análisis técnico demuestra que, aunque el gasto social creció, este funcionó principalmente como un paliativo coyuntural. Mientras el gasto en educación se mantenía elevado, la informalidad laboral no dismi- nuyó. El Estado ha gastado para contener la pobreza, pero no para superarla. Al debilitarse los ingresos fiscales, la “red de contención” se vuelve frágil. Por eso, cuando la renta gasífera se debilitó después de 2019, la capacidad del gasto social y de las transfe- rencias para amortiguar la pobreza también perdió fuerza, reforzando la idea de que el avance fue coyun- tural y no producto de cambios estructurales en empleo, productividad o calidad de servicios”, señala el estudio.
Fuente: Correo del Sur
