A medida que el país ha ido avanzando en este periodo de gobierno, se ha demostrado que nuestra democracia está diseñada para institucionalizar el desacuerdo y canalizar el conflicto por encima de la confrontación pacífica. Por lo tanto, el alto grado de diferencia ideológica y de competencia partidista no solo es inevitable, sino que, al contrario, debería ser saludable para la democracia. Lastimosamente los desacuerdos marcados sobre la desigualdad económica, la inclusión, el origen, seguridad, trabajo, economía u otros temas irresueltos, reflejan la existencia de diferencias palpables dentro de nuestra sociedad. Una política democrática sin un desacuerdo significativo, es irreal y, en última instancia, un tanto absurda. De hecho, el arrastrado tema de la inclusión en la democracia ha servido para intensificar el conflicto. El reciente problema en el país desnuda que en la medida que los grupos considerados excluidos comienzan a reclamar igualdad de ciudadanía, representación y poder político, los desacuerdos sobre a quién pertenece legítimamente la comunidad política se agudizan y adquieren mayores repercusiones políticas. La política democrática gubernamental no se puede limitar a una mera agregación de preferencias, debe resolver interrogantes fundamentales sobre la identidad colectiva, la pertenencia de país y el ejercicio del poder.
La sociedad está siendo arrastrada a condiciones de polarización; la identidad política funciona cada vez menos como un conjunto de preferencias políticas y más como una identidad social cargada de emociones negativas. La polarización no es lo mismo que el conflicto social, pero comparte algunas similitudes: la sociedad polarizada se comporta como si fueran comunidades independientes que se desprecian mutuamente y el gobierno no hace nada. De hecho, no es casualidad que ésta polarización democrática se vuelva especialmente peligrosa cuando las identidades partidistas se agrupan socialmente con divisiones raciales, regionales, políticas o culturales, y los oponentes aparecen cada vez más como enemigos comunitarios hostiles en lugar de rivales políticos comunes. El problema, no es la polarización en sí misma, sino las condiciones bajo las cuales dicha polarización se define como producto de la debilidad institucional que muestra el gobierno, los regionalismos y las soluciones económicas demoradas, hacen saltar las alarmas sobre a quién pertenece o quien tiene más derechos sobre el sistema político.
En nuestras condiciones democráticas, la cantidad de personas se ha convertido cada vez más solamente en votos, la representación y las reivindicaciones ante el Estado solo fueron ofertas electorales. Por lo tanto, los votantes adquirieron relevancia política hasta la ascensión al poder. No sirve tener partidos y representación, no ha sido suficiente. En particular hasta el ministro Zamora fomenta el odio y la violencia surge como respuesta y no solo del odio, sino también del temor a que estos ocasionales rivales políticos estén empeñados en transformar la propia estructura política y hacerla exclusiva del gobierno. La política democrática intensificó estos temores, ya que la competencia electoral, luego de nueve meses de gobierno, incentiva a que las comunidades políticas puedan verse entre sí no solo como vecinos o adversarios, sino como bloques políticos rivales en tanto la sociedad espera respuestas. La polarización se volvió cada vez más intensa a medida que las identidades políticas se vieron representadas por discursos separatistas, por esta razón, los oponentes no solo están equivocados, sino que ahora aparecen amenazantes, ilegítimos y potencialmente peligrosos. Eso no es democracia.
Por un lado, ignorar a los grupos de representación y producción económica nacional corre el riesgo de socavar la legitimidad democrática, y por otro, la tolerancia excesiva a ciertos grupos puede erosionar gradualmente las condiciones necesarias para dotar de igualdad a la ciudadanía. Ninguno de estos enfoques resuelve por completo el dilema profundo. El desafío para la democracia no reside en eliminar la polarización, sino en evitar que el conflicto político se convierta en una guerra existencial. El desafío es, de hecho, aún más complejo, ya que la polarización nos hace desproporcionados entre sí. Cansan los llamamientos a la sanación nacional o a una mayor civilidad nacional porque no terminan de dar por sentado que estemos eliminando formas extremas en bandos opuestos. Algunas de nuestras formas de polarización surgen de las luchas por la inclusión democrática, el respeto a los derechos, la paz y la igualdad ciudadana, mientras que otras surgen de los esfuerzos por resistir, oponerse o revertir esas transformaciones. La preservación de nuestra igualdad democrática no es moral ni políticamente equivalente a una organización basada en la intimidación autoritaria o en una violencia política basada en la inercia del gobierno.
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La relación entre polarización y violencia es compleja. Se supone que las democracias generan conflictos. El desacuerdo profundo sobre región, educación, inmigración, desigualdad o identidad nacional no debería ser un defecto, sino una característica común de la vida democrática. De hecho, cierto grado de polarización puede reflejar vitalidad democrática en lugar de decadencia democrática. La tragedia surge cuando se dejan de atender necesidades, el conflicto político puede implicar una competencia entre rivales legítimos, sin embargo, se está convirtiendo en una lucha entre comunidades que se consideran cada vez más ajenas, difíciles y moralmente ilegítimas. En el contexto de la política de masas, el tamaño de la población es más que una traducción de votos, es representación total y fuerza de reivindicaciones ante el Estado. Por lo tanto, la inclusión democrática debe resolver en lugar de intensificar, el conflicto. Muchos de los episodios violentos que hemos sufrido, fueron, en esencia, luchas sobre quién pertenecía legítimamente a la comunidad política y quién podía reclamar la protección y el poder del Estado.
Mgr. Fernando Berríos Ayala / Politólogo