El proyecto Tariquía enfrentó dificultades para su ejecución debido, entre otros factores, al proceso judicial iniciado en 2022 y al conflicto social generado en torno a las actividades de exploración.
El presidente de Yacimientos Petrolíferos Fiscales Bolivianos (YPFB), Sebastián Daroca, en contacto con la prensa.
Fuente: ABI
Yacimientos Petrolíferos Fiscales Bolivianos (YPFB) presentó el desistimiento expreso y voluntario del recurso de apelación restringida dentro del proceso penal seguido contra comunarios del municipio de Entre Ríos, en Tarija, ratificando la Sentencia N.° 18/2026 que los absolvió. Con esta decisión, la empresa estatal busca generar las condiciones necesarias para construir una solución concertada que permita avanzar en el desarrollo del proyecto Tariquía.
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El desistimiento fue presentado ante la Sala Penal Segunda del Tribunal Departamental de Justicia de Tarija y forma parte de una estrategia institucional orientada a privilegiar el diálogo y los acuerdos con las comunidades involucradas. Asimismo, YPFB promoverá la suscripción de un acuerdo transaccional extraprocesal para poner fin a la controversia por la vía legal.
El presidente ejecutivo de YPFB, Sebastián Daroca Oller, afirmó que la decisión responde a la convicción de que el diálogo constituye el mejor camino para compatibilizar el desarrollo energético con los intereses de las comunidades y del país.
“Estamos desistiendo de la apelación no por debilidad, sino por la convicción de que el camino correcto es el diálogo y la construcción de acuerdos en favor de las comunidades, del departamento y del país. Queremos preservar nuestros recursos naturales y avanzar de manera conjunta”, manifestó.
La autoridad informó que YPFB gestionará el archivo definitivo del proceso judicial y convocará de inmediato a las instituciones y comunidades vinculadas al proyecto para instalar mesas de trabajo técnico que permitan construir acuerdos y atender las diferentes preocupaciones relacionadas con su desarrollo.
El proyecto Tariquía enfrentó dificultades para su ejecución debido, entre otros factores, al proceso judicial iniciado en 2022 y al conflicto social generado en torno a las actividades de exploración. Con el desistimiento de la acción penal, YPFB elimina uno de los principales factores de controversia y abre una nueva etapa de concertación orientada a viabilizar el proyecto mediante el diálogo y el entendimiento con las comunidades.