La renuncia como fuga: cuando el lenguaje del poder ya no dialoga consigo mismo
En cuarenta y ocho horas, el Ministerio de Educación del Estado Plurinacional de Bolivia recibió dos cartas de renuncia con sellos de recepción casi consecutivos: la de Juan Carlos Pimentel Castillo, Viceministro de Educación Regular desde noviembre de 2025, y la de Edgar Cadima Garzón, Director General de Educación Secundaria y, de forma conexa, encargado a.i. de Educación Primaria. No son funcionarios menores ni voces periféricas. Son, junto con Educación Inicial, quienes ejercen —en el papel, al menos— la «conducción técnica» de la educación regular boliviana: la unidad que planifica el currículo, dosifica los contenidos, define las metas de aprendizaje y —cuando llega la hora de rendir cuentas— explica por qué los estudiantes no aprenden. Que sea precisamente esa unidad la que se descabece, dos meses y cuatro días después de que Beatriz García dejara el despacho ministerial en medio de las protestas de mayo y junio, más que un detalle administrativo. Es un síntoma.
Fuente: Ideas Textuales
Dos cartas, dos lenguajes
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Conviene leerlas una junto a la otra, porque dicen cosas distintas incluso cuando dicen lo mismo. La de Pimentel es lacónica, institucional, casi ceremonial: agradece la confianza brindada, pide que se dé curso a la renuncia «a la brevedad posible» y no ofrece una sola línea de motivación pública. La de Cadima, en cambio, es un documento de fondo: enumera un diagnóstico —crisis estructural de aprendizajes, insuficiencia del Programa Puente, de Starlinks, de Avanza+—, defiende un proceso de actualización curricular en curso y acusa, sin ambages, que sostener la «actual malla curricular del MAS» el próximo año equivaldría a desentenderse de los problemas de fondo. Cadima incluso se cuida de dejar constancia: si la estructura curricular se mantiene, él ya no será responsable.
El contraste no es menor. Un viceministro que se va en silencio institucional y un director general que se va dejando un alegato técnico-político con nombre y apellido del ministro al que responsabiliza. Dos maneras de romper: una que protege la forma, otra que rompe la forma para decir el fondo. Ambas, sin embargo, coinciden en algo más revelador que sus diferencias de tono: ninguna resuelve el problema que dice defender. Renuncian los que debían gobernar la solución.
Hay, además, un matiz que la propia trayectoria de Pimentel vuelve más filoso. No se trata de un improvisado ni de un recién llegado a la gestión pública: fue funcionario en el primer gobierno de Gonzalo Sánchez de Lozada y hermano de un expresidente de Comibol en la era de Evo Morales, es decir, un hombre que ha atravesado, de un lado y otro, casi todas las tendencias del espectro político-administrativo boliviano de las últimas tres décadas. Que sea justamente ese perfil —curtido en el manejo de gobiernos con improntas ideológicas opuestas— el que opte por el silencio antes que por la disputa interna, dice menos sobre su falta de convicciones que sobre el diagnóstico tácito de que, puertas adentro del actual Ministerio, ya no hay margen de negociación técnica. Cuando quien mejor sabe transitar entre lenguajes distintos decide no traducir ninguno, el silencio deja de ser prudencia y se vuelve veredicto.
La crisis que la carta describe
Es fácil leer el diagnóstico de Cadima —esa «grave crisis estructural de los aprendizajes… desde hace años»— como una frase de despedida, cargada de dramatismo político. No lo es. Apenas cuatro meses antes de esa carta, en abril de 2026, el propio Banco Mundial visitó Bolivia para advertir, por voz de su director de Desarrollo Humano para América Latina y el Caribe, Jaime Saavedra, que la región no atraviesa una crisis de escolaridad sino «una crisis de aprendizaje»: los niños asisten a la escuela, pero no logran aprender lo que la escuela promete enseñarles. Según cifras que el propio organismo maneja para la región, cerca de la mitad de los niños latinoamericanos de 10 años no puede leer ni comprender un texto simple, y los resultados de PISA 2022 mostraron que tres de cada cuatro adolescentes de 15 años no logran demostrar habilidades matemáticas básicas, ni siquiera uno de cada dos las logra en lectura. Bolivia no es una excepción a esa fotografía regional: es, en el mejor de los casos, un país que la comparte.
Contra ese telón de fondo, la salida simultánea del viceministro de Educación Regular y del director general de Secundaria deja de leerse como un problema de organigrama y empieza a leerse como lo que es: la pérdida, en el peor momento posible, de la «conducción técnica» que debía estar diseñando la respuesta a esa crisis de aprendizajes —no disputando internamente su diagnóstico ni, mucho menos, renunciando a enfrentarla.
El diálogo que no dialoga
Cuando Ricardo Erick Sanjinés Chávez asumió el ministerio en junio, prometió que «el diálogo seguirá siendo la regla de oro» y que no venía «a imponer» sino «a coordinar, escuchar y cocrear». Dos meses después, la Confederación de Trabajadores de Educación Urbana de Bolivia le exige pruebas de sus propias afirmaciones sobre incumplimiento docente; la Federación de Maestros Urbanos de La Paz lo acusa de «ineptitud e improvisación» por la ampliación del calendario escolar; y ahora, su propio director general de Secundaria lo acusa —puertas adentro— de perpetuar el enfoque pedagógico que el nuevo Gobierno dice querer superar. El diálogo prometido no fracasó únicamente frente al magisterio, que es el desacuerdo esperable y hasta saludable en cualquier sistema educativo con actores organizados. Fracasó primero puertas adentro, entre quienes debían compartir un mismo diagnóstico y una misma hoja de ruta.
Ahí está la paradoja que estas cartas exponen sin proponérselo: la carta de Cadima no dice que la diferencia sea con el sindicato. Dice que la diferencia es con el ministro. Es decir, el quiebre no es entre el Estado y la sociedad organizada —el conflicto clásico y hasta constitutivo de la vida sindical boliviana— sino entre quienes gobiernan o gobernaban la misma cartera. Si el lenguaje delimita el tamaño del mundo que somos capaces de habitar, como enseñó Wittgenstein, entonces el mundo político-educativo boliviano de este agosto de 2026 parece haberse encogido hasta el punto de no encontrar palabras compartidas ni siquiera entre los pares. No es solo una crisis de aprendizajes escolares; es una crisis de la gramática mínima que permite gobernar juntos.
El interregno gramsciano
Hay una imagen, acuñada por Antonio Gramsci desde una celda fascista hace casi un siglo, que describe con una precisión incómoda el momento que atraviesa la educación boliviana: las crisis más peligrosas no son las del sistema viejo que se derrumba de golpe, ni las del sistema nuevo que nace consolidado. Son las del intervalo. Cuando el orden anterior ya no logra sostenerse pero tampoco termina de morir, y el que debería reemplazarlo todavía no logra nacer, se abre un interregno donde proliferan los síntomas más diversos y contradictorios.
Bolivia vive hoy, en materia curricular, exactamente ese interregno. La malla curricular identificada con el MAS —que Cadima se niega a seguir sosteniendo— sigue siendo, hasta que se diga oficialmente lo contrario, la que rige en las aulas de casi 3 millones de estudiantes. Los nuevos Lineamientos Pedagógicos que deberían reemplazarla, en cambio, están todavía en fase de validación: no han terminado de nacer. Entre uno y otro, no hay vacío neutro ni pausa administrativa: hay funcionarios que renuncian antes que gestionar la transición, un calendario escolar en disputa, acusaciones cruzadas de improvisación, y un diálogo que —como se vio— no logra sostenerse ni siquiera puertas adentro del propio Ministerio. Esos son, en el sentido más literal, los síntomas mórbidos del interregno: no porque el proyecto de renovación curricular sea en sí mismo un error, sino porque nadie ha logrado todavía sostener con estabilidad institucional el tránsito de un modelo al otro. Y ese tránsito, a diferencia de una discusión ideológica abstracta, tiene un estudiante concreto sentado en un pupitre esperando una clase.
No es solo Educación Regular
Y conviene no leer este episodio como un accidente localizado en un solo viceministerio. El 8 de julio, apenas un mes antes de estas dos renuncias, el propio Sanjinés ya había tenido que posesionar a una nueva viceministra de Educación Alternativa y Especial, en reemplazo de quien ocupaba el cargo de manera interina desde la salida de la gestión anterior. Es decir: en menos de sesenta días, dos de los tres viceministerios sustantivos del Ministerio —Regular y Alternativa y Especial— han cambiado de manos, sea por rotación formal o por renuncia. Lo que en un caso aislado podría leerse como ajuste normal de gabinete, en dos episodios consecutivos y en despachos distintos empieza a parecer método: no la excepción que confirma la regla del diálogo prometido, sino la regla misma de una gestión que no logra estabilizar su propio equipo técnico antes de estabilizar el sistema que dirige. Un ministerio que no logra retener a quienes debían sostener su propia hoja de ruta difícilmente puede exigirle estabilidad al aula.
A la deriva: la cuenta que nadie hace
Falta una cifra en este relato, y es la que en realidad lo explica todo. El Subsistema de Educación Regular —Inicial, Primaria y Secundaria— atendía en 2024, según la última Rendición Pública de Cuentas del propio Ministerio, a 2.939.279 estudiantes; la reforma curricular de enero de 2026 se anunció con una proyección similar, cercana a los 3 millones. Es decir: cuando Pimentel y Cadima renuncian, no dejan vacante un escritorio, dejan sin timón técnico a un sistema que escolariza a «cerca de 3 millones de niñas, niños y adolescentes bolivianos». De ellos, aproximadamente 2,6 millones —Primaria más Secundaria— estaban bajo la responsabilidad directa que Cadima ejercía al momento de irse.
Y aquí conviene medir los tiempos con la misma frialdad con que se miden los aprendizajes. A Pimentel le tomó «nueve meses» —de noviembre de 2025 a mediados de agosto de 2026— llegar a la conclusión de que debía renunciar. A Cadima, sostener una gestión marcada por bloqueos, clases virtuales fallidas y un calendario en disputa, para finalmente escribir, en una sola carta, el diagnóstico que no logró imponer puertas adentro. Meses de acumulación, de reuniones, de «diálogo» declarado como regla de oro, resueltos en una firma y un sello de recepción. ¿Cuánto le tomará a quien los reemplace, en cambio, ponerse al día? La experiencia reciente no invita al optimismo: entre la renuncia de Beatriz García (2 de junio) y la posesión de Sanjinés (10 de junio) pasaron apenas ocho días formales, pero dos meses después el nuevo ministro seguía chocando públicamente con el magisterio urbano de La Paz y de Chuquisaca, acumulando acusaciones de «improvisación» e «ineptitud» que no son solo retórica sindical: son el costo de gobernar un sistema de 3 millones de estudiantes sin el conocimiento acumulado que se fue por la puerta con cada renuncia. Si a los que se van les tomó meses decidir que ya no podían seguir, y a los que llegan les toma meses recién entender lo que heredan, el tiempo muerto entre una gestión y otra no lo mide un cronograma ministerial: lo mide, trimestre a trimestre, el aprendizaje que no ocurre en el aula.
El costo financiero del interregno
Y como toda crisis de conducción, esta también tiene un precio, aunque nadie lo ponga sobre la mesa. Vale la pena estimarlo, aunque sea de manera aproximada, porque el ejercicio deja ver una magnitud que el debate político suele mantener invisible.
El Banco Mundial situó el PIB boliviano en 49.670 millones de dólares en 2024, con proyecciones que lo ubican entre 47.000 y 49.000 millones para 2025-2026, en un contexto de contracción económica y presión inflacionaria. El gasto público en educación en Bolivia ha rondado, según ese mismo organismo, entre el 7,3% y el 7,6% del PIB en la última década. Tomando un punto medio conservador de 7,4%, el gasto público educativo total —todos los subsistemas, todas las modalidades— se aproxima a los 3.650 millones de dólares anuales.
De ese total, el Subsistema de Educación Regular concentra la mayor parte de la matrícula del país y, con ella, la mayor porción presupuestaria: estimando —de forma conservadora— que absorbe alrededor del 70% del gasto educativo total, se obtienen unos 2.550 millones de dólares al año para Inicial, Primaria y Secundaria en conjunto. Distribuido en 365 días, eso equivale a cerca de 7 millones de dólares diarios que el Estado boliviano invierte, todos los días del año, en un subsistema que —desde el 13 de agosto— quedó sin viceministro y sin dirección técnica de Secundaria y Primaria. Si se aísla solamente la porción correspondiente a Primaria y Secundaria (2,6 de los 2,9 millones de estudiantes de Educación Regular), el monto ronda los 6,2 millones de dólares diarios.
La pregunta, entonces, no es retórica: ¿cuánto de esa inversión diaria transita, en este momento, sin una autoridad técnica que responda por su ejecución? Si se toma como referencia el plazo formal más optimista —los ocho días que separaron la renuncia de García de la posesión de Sanjinés—, la cifra ya ronda los 50 millones de dólares operando sin cabeza técnica estable en Secundaria y Primaria. Pero si se toma como referencia el plazo real —los aproximadamente dos meses que le tomó al propio Sanjinés apenas para empezar a chocar públicamente con el magisterio urbano, sin llegar todavía a estabilizar su relación con los actores del sistema—, la cifra se dispara a un rango de 370 a 420 millones de dólares (entre Bs 2.580 y Bs 2.930 millones al tipo de cambio oficial) transitando por un sistema sin conducción técnica plena mientras se define, además, el rumbo curricular de 2027.
Conviene ser precisos sobre lo que esta cifra significa y lo que no significa. No es dinero que se pierda, se robe o deje de gastarse: los sueldos se siguen pagando, las aulas siguen funcionando, el Bono «Gestión de Aula» sigue corriendo. Lo que la cifra expone es otra cosa, más sutil y más grave: la magnitud de la inversión pública que, día a día, se ejecuta sin un criterio técnico unificado que la oriente —sin quien decida, con autoridad y continuidad, si esos recursos refuerzan el Programa Puente o lo corrigen, si sostienen la malla curricular vieja o aceleran el tránsito a la nueva, si el calendario escolar se ajusta con evidencia o con improvisación. Un país de ingresos medios-bajos, con un PIB que se contrae, no puede darse el lujo de administrar a ciegas una porción tan significativa de su gasto público más sensible, precisamente en el año en que se decide el rumbo curricular de la próxima década.
Una paradoja histórica
Que las cabezas técnicas del Ministerio de Educación renuncien en lugar de disputar y resolver el problema desde dentro no es una novedad boliviana, pero sigue siendo una paradoja incómoda. La función de un Director General de Educación Secundaria —y, a.i., de Primaria— no es opinar sobre el currículo: es sostenerlo, corregirlo y responder por sus resultados ante la ciudadanía. Renunciar puede ser un acto de coherencia personal, incluso de valentía técnica, pero también es —objetivamente— una fuga de la responsabilidad de resolver aquello para lo que fue nombrado. Cada renuncia de alto nivel en el MEC desde noviembre de 2025 —García, y ahora Pimentel y Cadima, sin contar el recambio de julio en Educación Alternativa— deja tras de sí un vacío de conducción justo en el tramo del año en que se define la planificación curricular para 2027. El costo de esa vacancia no lo paga el funcionario que se va: lo paga el estudiante que, según reconoce la propia carta de Cadima, ya arrastra «una grave crisis estructural de los aprendizajes… desde hace años».
¿Qué viene ahora?
Bolivia necesita, con urgencia, una autoridad educativa capaz de sostener un diagnóstico técnico compartido más allá de los ciclos de renuncia, y un mecanismo de diálogo que no dependa de la buena voluntad declarativa de cada ministro entrante. La actualización curricular que Cadima defiende en su carta —anclada en nuevos Lineamientos Pedagógicos aún en validación— no puede quedar huérfana de conducción en el peor momento posible: cuando se define si 2027 repetirá la malla curricular vigente o inaugura, por fin, un enfoque distinto. Si el patrón se repite —designar, prometer diálogo, chocar puertas adentro, renunciar—, la próxima carta con sello de recepción no hará más que confirmar que el problema nunca fue solo el currículo. Fue, y sigue siendo, la incapacidad de las propias autoridades para hablarse un lenguaje común antes de pedírselo al país.
Por eso este llamado va dirigido, sin intermediarios, al presidente Rodrigo Paz y al ministro Erick Sanjinés: la urgencia no es cubrir dos casillas vacantes en un organigrama, es dejar de improvisar la conducción de un sistema del que dependen cerca de 3 millones de estudiantes y 168.631 educadores bolivianos, que hoy quedan, otra vez, a la deriva entre una gestión que se va y otra que aún no aprende lo que recibe. Ni el país ni sus aulas pueden seguir pagando, trimestre tras trimestre, el costo de un diálogo que no existe ni siquiera entre quienes comparten el mismo despacho.
El interregno gramsciano no se cierra solo, y ciertamente no se cierra con cartas de renuncia. Se cierra cuando alguien —con autoridad técnica real, no solo protocolar; con «conducción» que deje de estar entre comillas— decide, de una vez, si lo viejo termina de morir o si lo nuevo termina de nacer. Hasta entonces, 3 millones de estudiantes y 168.631 educadores bolivianos seguirán aprendiendo —o dejando de aprender— dentro de un sistema que gasta 7 millones de dólares cada día sin que nadie con autoridad plena responda por el resultado. Esa es, en última instancia, la ecuación que ninguna carta de renuncia resuelve: ni el dinero ni la crisis de aprendizajes esperan a que el poder termine de dialogar consigo mismo.
Por Ruth Lilian Paniagua Ortega, pedagoga y demográfa chaqueña.
Fuente: Ideas Textuales
