En el ámbito institucional, plantea crear el Servicio Plurinacional de Protección a la Persona Adulta Mayor (SEPPAM) y un Registro Único de Casos de Violencia (RUV-PAM).
Fuente: ANF
El proyecto de “Ley Integral y Ruta de Protección Frente al Maltrato y la Violencia hacia la Persona Adulta Mayor” plantea una reforma integral para prevenir y sancionar el abandono, el maltrato físico y psicológico, así como el abuso patrimonial y financiero contra este sector de la población.
La propuesta contempla la creación de cinco tipos penales específicos. Entre ellos se incluye la violencia física, psicológica y patrimonial, con sanciones para la desposesión indebida de bienes o la retención arbitraria de haberes, como la Renta Dignidad y las pensiones.
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También plantea penalizar la negligencia y el abandono, incluyendo la omisión de cuidados básicos como alimentación, medicación y atención médica. Además, propone excluir la excusa absolutoria entre parientes para evitar la impunidad en delitos patrimoniales cometidos por familiares o personas que tengan responsabilidades de cuidado.
El proyecto establece agravantes cuando los hechos sean cometidos por familiares, cuidadores o personal de instituciones encargadas de la atención de adultos mayores.
La iniciativa propone, además, una Ruta Única de Protección y un Protocolo Único de Atención para reducir las barreras institucionales y evitar que las víctimas deban acudir a múltiples dependencias policiales o judiciales. También contempla medidas inmediatas, como el retiro del agresor del domicilio, prohibiciones de acercamiento y restricciones sobre la disposición de bienes.
En el ámbito institucional, plantea crear el Servicio Plurinacional de Protección a la Persona Adulta Mayor (SEPPAM) y un Registro Único de Casos de Violencia (RUV-PAM).
Asimismo, asigna a los municipios la responsabilidad de implementar Servicios Legales Integrales para la Persona Adulta Mayor (SLIPAM), con asistencia jurídica gratuita y trato preferente.
Finalmente, regula los centros de cuidado públicos y privados y sanciona prácticas como el aislamiento, las sujeciones no autorizadas, la restricción injustificada de visitas y la negligencia en la atención médica.
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Fuente: ANF
