Agosto se ha convertido en el periodo más violento porque acumula una docena de víctimas, al filo de su cierre. El Gobierno admite que dos mafias brasileñas se disputan un corredor del narco. En 2025 se negaba el control territorial de estas organizaciones
Fuente: El Deber
Por Mauricio Quiroz Terán
Agosto se convirtió en el mes de 2026 con más ataques armados con características de ejecución o sicariato. Hasta el día 24 el saldo era de 12 muertos, cuatro más que julio, que había marcado el punto más crítico del año con ocho víctimas fatales.
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El recuento general elevó a 40 las personas asesinadas en 33 ataques desde enero. Santa Cruz concentra 26 víctimas, lo que equivale al 65%; le siguen Cochabamba con cinco, Beni con cuatro, Tarija con tres y Pando con dos. La cifra es provisional y agrupa sicariatos, ejecuciones vinculados con narcotráfico o derivados de esa actividad, según el avance de las investigaciones.
La jornada más violenta fue la del lunes 24. Ese día, cuatro personas murieron. Nicolás Alejandro Antezana Guzmán recibió un disparo en la cabeza en el centro de Tarija. Gilberto Aparecido Ferreira de Lima fue baleado en Arroyo Concepción y murió después en Corumbá. Esa noche, Edgar Justiniano y Dennis Junior Pantoja Pozo fueron ejecutados con 58 disparos en Guayaramerín, según reportes policiales recabados por EL DEBER.
Justiniano recibió 41 impactos y Pantoja, 17. Imágenes captadas por cámaras de vigilancia vecinal muestran que un vehículo chocó la motocicleta en la que circulaban y que uno de sus ocupantes descendió para dispararles. El motorizado fue hallado parcialmente quemado en la ruta a Brasil.Los investigadores consideran que los autores pudieron cruzar la frontera tras ese posible ajuste de cuentas, narcotráfico y deuda.
El crimen ocurrió a unos 100 metros de una unidad policial y once días después del lanzamiento del plan Frontera Segura.
El Primer Comando de la Capital (PCC) y el Comando Vermelho (CV), dos organizaciones criminales de Brasil y declaradas como terroristas por Estados Unidos, libran pugnas territoriales en la frontera.
A los asesinatos de San Matías (Santa Cruz) y de Guayaramerín (Beni) se sumó un doble asesinato el 17 de agosto en Cobija (Pando). Jesiel Rodríguez Siqueira y Michel Oshiro Guerra fueron interceptados cerca de un centro comercial. Se investiga un posible ajuste de cuentas por narcotráfico.
Las otras seis víctimas murieron en Villa Tunari, Santa Cruz de la Sierra, San Ignacio de Velasco y San Matías.
Tras una balacera del 11 de agosto en San Ignacio de Velasco, la Policía recogió 14 vainas, diez de pistola 9 milímetros y cuatro de fusil AR-15. Cuatro personas fueron aprehendidas. Según la Fiscalía, dos dijeron pertenecer al PCC y otras dos al Comando Vermelho. En otra intervención, dos brasileños identificados como miembros del Comando Vermelho fueron capturados y entregados a Brasil. Esa semana cayeron en San Ignacio otro brasileño y un boliviano vinculados con esa facción. Los agentes secuestraron tres armas 9 milímetros, una motocicleta y una vagoneta. El brasileño admitió ante la Policía que participó en el enfrentamiento del 11 de agosto contra un integrante del PCC y presentaba lesiones atribuidas a un disparo de fusil.
“El Comando Vermelho y el PCC hoy están peleando un corredor por el cual los narcotraficantes sacan droga al exterior”, afirmó el ministro de Gobierno, Marco Antonio Oviedo. “Esto no va a quedar así, esto lo vamos a combatir”, añadió tras el asesinato de un subteniente Yerson Salzar que formó parte de un operativo ejecutado para dar con los asesinatos de cuatro personas que eran parte del PCC.
El ministro anunció operaciones con Brasil en Cobija, Guayaramerín, San Matías y Puerto Suárez, además de una oficina de la Policía Federal brasileña en Bolivia para controlar la ola violeta.
La postura del Gobierno actual ante estos hechos marca un giro respecto a sus predecesores en 2025, cuando se documentaron 26 ajustes de cuentas relacionados con el narcotráfico.
En septiembre, durante el periodo electoral, el entonces ministro de la gestión de Luis Arce, Roberto Ríos, negó que organizaciones criminales dominaran territorios y que ejercieran violencia sistemática, aunque admitió que sus cabecillas intentaban operar desde Bolivia.
Frente a esta escalada, la Fundación Milenio advirtió que el país combate al crimen organizado con instituciones que existen “en el papel”, pero sin capacidad efectiva. Su informe Un campo minado, elaborado por Henry Oporto y Ricardo Calla, sostiene que entre 2006 y 2025 se expandieron el narcotráfico, la minería ilegal del oro, el contrabando, el lavado de dinero y el tráfico de armas al amparo de redes con influencia política e institucional.
“No basta con describir el elefante en la habitación”, afirmó Oporto. Para el investigador, ninguna política de seguridad será sostenible sin una Policía profesional y despolitizada, una Justicia independiente y una Unidad de Investigaciones Financieras autónoma.
Milenio propone reformar la Policía y las cárceles, regenerar la Justicia y el Ministerio Público, fortalecer a la UIF y aprobar leyes de acceso a la información y contrataciones estatales. A su juicio, los operativos y decomisos serán insuficientes mientras persistan las brechas institucionales que permiten la penetración criminal.