El presidente de la FAM Bolivia, plantea destinar parte de los 3.500 millones de dólares a obras prioritarias y programas de empleo intensivo en los municipios del país.
Fuente: El Periódico
El presidente de la Federación de Asociaciones Municipales de Bolivia (FAM) y alcalde de Tarija, Jhonny Torrez, planteó al Gobierno nacional la creación de un fondo social de emergencia con parte de los recursos provenientes del crédito de 3.500 millones de dólares solicitado al Fondo Monetario Internacional (FMI).
La propuesta busca que una fracción de ese financiamiento sea orientada directamente a los municipios, con el propósito de ejecutar obras prioritarias, atender necesidades urgentes y generar fuentes de empleo mediante proyectos que requieran una participación intensiva de trabajadores.
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El planteamiento surge en un contexto de restricciones económicas que afectan a las entidades territoriales autónomas y limitan su capacidad para ejecutar inversiones, mantener servicios y responder a las demandas de la población. Los gobiernos municipales enfrentan dificultades para cubrir proyectos de infraestructura, programas sociales y obras de emergencia debido a la reducción de ingresos y al incremento de sus obligaciones.
El fondo social tendría como finalidad canalizar recursos hacia iniciativas de impacto inmediato, especialmente en sectores donde existen necesidades acumuladas. La propuesta contempla que los municipios puedan acceder a financiamiento para ejecutar obras de infraestructura urbana, mejoramiento vial, sistemas de agua potable, alcantarillado, mantenimiento de espacios públicos y otras intervenciones consideradas prioritarias.
Uno de los componentes centrales sería la generación de empleo. La ejecución de proyectos con uso intensivo de mano de obra permitiría incorporar a trabajadores de cada región y dinamizar las economías locales mediante la contratación de servicios, adquisición de materiales y movimiento del transporte.
La iniciativa también apunta a que los recursos no se concentren únicamente en grandes proyectos de infraestructura, sino que sean distribuidos entre obras de menor y mediana escala capaces de producir resultados rápidos en barrios, comunidades y distritos municipales.
El fondo podría convertirse en un mecanismo de respuesta frente a la emergencia económica que atraviesan varias alcaldías. La falta de liquidez ha obligado a postergar obras, reducir programas y limitar la atención de requerimientos relacionados con salud, educación, servicios básicos y mantenimiento urbano.
Para acceder a los recursos, los municipios tendrían que presentar proyectos priorizados, con respaldo técnico y presupuestario. La definición de criterios de distribución permitiría establecer mecanismos de control, evitar la dispersión de fondos y garantizar que las inversiones respondan a necesidades verificables.
La propuesta también plantea la necesidad de coordinar acciones entre el Gobierno nacional, las alcaldías y las organizaciones municipales. La FAM podría desempeñar un papel de articulación para identificar proyectos, ordenar las demandas y establecer una agenda común de financiamiento.
En el caso de Tarija, la creación de un fondo de estas características permitiría gestionar recursos para obras vinculadas con la expansión urbana, la mejora de calles y avenidas, la ampliación de servicios básicos y la recuperación de infraestructura pública.
La iniciativa se presenta además como una alternativa para enfrentar la desaceleración de la actividad económica. La inversión pública municipal puede generar movimiento en sectores como la construcción, el comercio, la provisión de materiales, el transporte y los servicios técnicos.
El uso de mano de obra local sería uno de los criterios principales para la selección de proyectos. De esa manera, las obras no solo atenderían una necesidad de infraestructura, sino que también contribuirían a sostener los ingresos de familias afectadas por la falta de oportunidades laborales.
La propuesta deberá ser analizada por el Ejecutivo nacional dentro del proceso de definición del destino del crédito solicitado al FMI. La eventual aprobación del financiamiento y las condiciones para su utilización serán determinantes para establecer si los municipios podrán acceder a una parte de esos recursos.
También será necesario definir el marco legal, los mecanismos de fiscalización y las responsabilidades institucionales. La administración del fondo tendría que contar con procedimientos transparentes, seguimiento de resultados y rendición de cuentas para garantizar el uso adecuado del dinero público.
Los municipios deberán preparar una cartera de proyectos que permita responder con rapidez ante una eventual habilitación de recursos. La identificación de obras, la actualización de estudios y la priorización de necesidades serán aspectos fundamentales para evitar retrasos en la ejecución.
La propuesta de Torrez coloca a los gobiernos municipales en el centro de la discusión sobre la recuperación económica y la atención de la emergencia social. Las alcaldías son las instituciones más cercanas a la población y reciben de manera directa las demandas relacionadas con empleo, servicios e infraestructura.
El fondo social de emergencia podría constituirse en una herramienta temporal para enfrentar la crisis y sostener la inversión pública en los municipios. Su alcance dependerá de la cantidad de recursos asignados, la rapidez de los desembolsos y la capacidad de las entidades locales para ejecutar proyectos con eficiencia.
La iniciativa también abre el debate sobre la necesidad de fortalecer las finanzas municipales y garantizar ingresos estables para que las alcaldías puedan cumplir sus competencias. Más allá de una respuesta coyuntural, los gobiernos locales requieren mecanismos permanentes que les permitan planificar obras y atender las necesidades de sus habitantes.
La FAM deberá continuar las gestiones ante las autoridades nacionales para evaluar la viabilidad del fondo y establecer una propuesta conjunta entre los municipios. El objetivo es que parte del financiamiento externo pueda traducirse en obras concretas, empleo y atención directa a la población.
La creación de este mecanismo dependerá de decisiones políticas, técnicas y financieras. Mientras tanto, los municipios deberán definir sus prioridades y demostrar capacidad de ejecución para que una eventual asignación de recursos tenga efectos visibles en las regiones y contribuya a reactivar la economía desde el ámbito local.
