A nivel global la ONU nombró previo proceso de examen como Relator Especial sobre la independencia de Magistrados y Abogados a Diego García-Sayán, que visitó Bolivia entre el 15 al 22 de enero de 2022. En su informe indicó entre una de las dificultades sistémicas para que la sociedad boliviana tenga acceso a la justicia es “la impunidad frente al crimen y, en particular, frente a casos de feminicidio y violencia sexual, es una dolorosa expresión de ello”. “Esto hace que la justicia esté lejos de las aspiraciones y necesidades de la gente”.

El destacado Relator sobre la selección de Altas Cortes en dicho informe indicó: “Conviene revisar y perfeccionar algunos de estos procesos de cara a contar con un sistema independiente y en el que los criterios de selección sean estrictamente meritocráticos, basados en la trayectoria y experiencia profesional y su compromiso con los derechos humanos”. Los órganos del Estado no tomaron en cuenta las Recomendaciones y el proceso por todos lados fue obstruido nada menos desde el garante de la Constitución, que determinó elección parcial y, por eso, actualmente en el Tribunal Constitucional Plurinacional hay más de 22.000 causas pendientes de sorteo y resolución. Con cuatro magistrados es realmente imposible descongestionar la carga procesal, por mucho que la idoneidad y compromiso de trabajo de los magistrados sea 24/7. Esto es tema central que precisa solución en el marco de la Constitución.

La referencia al informe de Diego García-Sayán como Relator Especial de la ONU sobre la independencia de Magistrados y Abogados, cuyo mandato a su conclusión ha sido sucedido por la abogada Margaret Satterthwaite en octubre de 2022, puede que la representación de la ONU expresada en las Relatorías Especiales, haya tenido su influencia en la actual administración gubernamental y, fundamentalmente, sobre la base de la Convención de las Naciones Unidas contra la Corrupción aprobada por la Asamblea General de ONU el 31 de octubre de 2003 y suscrita por Bolivia, Rodrigo Paz, haya optado por el Alto Comisionado.

El presidente del Estado Plurinacional, Rodrigo Paz, en su discurso informe desde la histórica Casa de la Libertad en la celebración del 201 Aniversario de la Independencia de Bolivia, ha anunciado que la próxima semana dispondrá la creación del Alto Comisionado para la integridad institucional y la reforma judicial.

Rodrigo Paz, con voz firme acuñó la verdad ante todo ¿Quién va a negar que no hay corrupción en el Estado en todas sus esferas? Sería mentirnos porque esa es la verdad. Afirmó que la corrupción no solo roba recursos públicos, sino también nuestra dignidad. Aquella corrupción que se ocultaba en el contrabando y en el narcotráfico, ahora sale a flote y hay que combatirla.

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¿Cómo enfrentarla?, si los escándalos de impunidad al narcotráfico crecen, las regiones y pueblos sin soberanía aumentan, las narcomaletas desaparecen y aparecen algunas vacías misteriosamente, el dueño -no identificado- de los 189, 42 kilogramos de oro incautados dentro de cuatro maletas en el Aeropuerto de Viru Viru con destino a Dubai tienen un valor aproximado de 25 millones de dólares, los hallazgos de armas modernas procedentes de EE.UU., el incumplimiento del mandamiento de aprehensión contra Evo Morales raya en omisión inaceptable al decir el Fiscal general que no hay garantías, tolerar avasallamientos con impunidad deteriora el Estado de derecho y no avanzar en las investigaciones del exzar de la droga Felipe Cáceres por fabricación de clorhidrato de cocaína; todos estos casos, incluidos los actos de gasolina manipulada, exigen esclarecimiento de las autoridades competentes. Aunque

también habrá que reconocer que la corrupción escandalosa registra su marca ascendente en el periodo de 2006 a 0ctubre de 2025.

El mandatario Rodrigo Paz, ha reconocido que la corrupción instalada es extendida en todas instituciones del Estado y qué al perder la confianza en la ciudadanía, considera importante y urgente crear el “Alto Comisionado” para la integridad institucional y la reforma judicial. La propuesta no deja de ser innovadora y merece conocer la ciudadanía: la base legal, los principios, la naturaleza de la institución, su finalidad y objetivos concretos. Además, determinar que es esencial, si el Alto Comisionado va a tener la independencia en sus funciones competitivas específicas y, al representar al Ejecutivo, ha de primar la coordinación y cooperación fluida con los órganos e instituciones del Estado, las Universidades públicas y privadas, los Colegios de Abogados, Academias del Derecho y organismos internacionales de la justicia regional y de las Naciones Unidas.

La propuesta del presidente, Paz Pereira, supone que el Alto Comisionado también tendrá como tarea la elaboración de políticas públicas preventivas contra el fenómeno de la corrupción y la preparación de proyectos de reforma parcial de la Constitución en coordinación permanente con diputados y senadores de las distintas bancadas de la Asamblea Legislativa Plurinacional (ALP) y el debate público con las organizaciones ciudadanas de la sociedad civil, instituciones vinculadas a la justicia, Órganos judicial ordinario, Tribunal Constitucional, Ministerio público, Procurador general, Defensor del Pueblo, Policía nacional, Ejército nacional, Establecimientos educativos, comunidad de padres de familias, Gobernaciones, Municipios y las comunidades indígenas originarias campesinas.

Las unidades de transparencia del: Tribunal Supremo de Justicia, Consejo de la Magistratura, Fiscalía general, Procurador general, Defensor del Pueblo, Felcc, Contraloría, ASFI, Fundaciones y organizaciones que monitorean la democracia, el acceso a la justicia, el Estado de derecho y el nivel de confianza de la administración de justicia, se constituyen en fuentes valiosas e inescindibles para que el Alto Comisionado pueda evaluar la magnitud de los problemas de la corrupción, sus causas y consecuencias. También los últimos informes de la Human Rights Watch sobre el Estado de derecho, Amnistía Internacional, entre otras.

Como nuestro sistema político de representación en la Asamblea Legislativa Plurinacional ha cambiado y el Gobierno de Rodrigo Paz, pretende transformar el Estado con diputados y senadores, Gobernadores y alcaldes, prescindiendo de los jefes de las organizaciones políticas con personería reconocida en el Tribunal Supremo Electoral (TSE), puede que la dinámica de competencia política en la ALP se desacelere y generen barreras para el cambio para el Alto Comisionado. Es probable que cueste mucho trabajo los acuerdos como están planteados desde el primer mandatario; sin embargo, la reflexión de incluir a los líderes en los pactos democráticos facilitaría el trabajo de reformas constitucionales en lugar de contener y frenar la demanda del cambio que va a emprender El Alto Comisionado. Las encuestas de opinión en la prensa dan por prioridad la lucha contra la corrupción, acabar con la impunidad, seguridad ciudadana, estabilidad económica, la importación de combustible para evitar las colas de vehículos y dominio tributario de las gobernaciones en el modelo 50 50 gradual a partir del 2027 mediante una ley.

Margaret Satterthwaite, Relatora Especial de las Naciones Unidas sobre la independencia de jueces y abogados dijo: “El derecho a un tribunal independiente e imparcial requiere el acceso a un juez humano y que el derecho a acceder a un abogado elegido libremente requiere el acceso a un abogado humano. Indicó que: “El poder judicial debe responsabilizarse de la

adopción de cualquier innovación que pueda afectar a la toma de decisiones de los jueces y para proteger la independencia judicial se debería apoyar a los jueces para que adquieran alfabetización digital en IA y contar con la oportunidad de consultar con tecnólogos, abogados y público sobre qué sistemas de IA en su caso, deben adoptarse”. Afirma a su vez, “Debería ponerse a disposición del público la información clave sobre los sistemas de IA aplicada a la judicatura”.