Bolivia: la trampa estructural y las dos vías del cambio


 

Bolivia transita una ruta de reconstrucción nacional cercada por problemas estructurales no resueltos. La responsabilidad del Movimiento al Socialismo (MAS) en este escenario es innegable: desmanteló deliberadamente las instituciones, la economía, el sistema de partidos y el tejido ético del país. Sin embargo, no podemos seguir obnubilados por la magnitud de la herencia; la reconstrucción es una tarea ineludible de todos los bolivianos, tanto de quienes resisten dentro del país como de quienes nos encontramos en el exterior.



El contraste con la región es alarmante. Bolivia se está quedando peligrosamente rezagada frente al dinamismo y desarrollo de sus vecinos. Esta brecha no solo amenaza la estabilidad interna, sino que proyecta una imagen de inviabilidad que ahuyenta la inversión privada. El ejemplo más elocuente es la crisis energética: resulta inconcebible que, mientras en los países limítrofes el combustible fluye con normalidad administrado por el sector privado como un bien de mercado competitivo, en Bolivia el monopolio estatal y la ineficiencia generen desabastecimiento, colas interminables e incertidumbre productiva.

El verdadero nudo gordiano no está solo en las leyes o las cifras, sino en las personas. El mapa político tradicional desapareció: los viejos dogmas —comunismo, socialdemocracia o nacionalismo— han sido rebasados por la realidad social y tecnológica. En su lugar ha quedado un vacío perverso. Una «izquierda» copada por el populismo y las corporaciones delictivas (narcotráfico, minería ilegal y contrabando); y una «derecha» atrincherada en un liberalismo dogmático e insensible a las urgencias inmediatas. En medio sobrevive una mayoría silenciosa a la que ningún extremo seduce, atrapada bajo el dominio de la prebenda y la corrupción.

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Este sistema prebendal destruyó la moral colectiva: naturalizó el atajo delictivo y sustituyó el bien común por el canibalismo social. Frente a ello, los liderazgos emergentes carecen de visión de Estado; operan con recetas cortoplacistas bajo la lógica del «rey en su propia chacra», mientras las viejas estructuras corporativas defienden sus privilegios a cualquier costo.

A pesar de la gravedad del cuadro, el fatalismo histórico carece de fundamento. La memoria contemporánea de Bolivia demuestra una capacidad probada de inflexión y reinvención:

En 1952, la Revolución Nacional —con sus aciertos y contradicciones— sentó las bases de la inclusión ciudadana y la construcción del Estado-nación.

En 1985, el país demostró disciplina y audacia para frenar el colapso hiperinflacionario y transformar su modelo económico.

En 1994, la descentralización y la participación popular reformularon la estructura estatal hacia un modelo participativo, municipalizado y moderno.

Si la sociedad boliviana fue capaz de articular esas transformaciones de fondo en coyunturas límite, ¿por qué no habría de lograrlo hoy?

Para romper la inercia actual, la salida exige avanzar con pragmatismo y coraje por dos caminos paralelos e ineludibles:

El pacto político y la acción parlamentaria efectiva: En la cúpula, la llamada oposición no puede limitarse a la tribuna mediática, a las conferencias de prensa ni a discursos magistrales que no cambian nada. Su deber histórico es recurrir al método democrático parlamentario: coordinar una bancada mayoritaria que supere los egos personales y presentar leyes concretas para desmontar la estructura autoritaria y la «tranca» institucional que paraliza al país, abriendo paso a las reformas de fondo.

La descentralización real y la gestión ejecutiva inmediata: En la base territorial, la descentralización debe devolver el poder de decisión a los ciudadanos en sus municipios. Pero, al mismo tiempo, el Ejecutivo tiene la obligación de dar respuestas administrativas urgentes al desabastecimiento de gasolina y diésel. Si el colapso operativo se debe a redes de corrupción e ineficiencia, el camino es uno solo: destituir y procesar penalmente a los responsables, caiga quien caiga y sin importar su rango.

Sin acción legislativa real arriba, no habrá fuerza jurídica para transformar las estructuras; sin capacidad ejecutiva y empoderamiento ciudadano abajo, cualquier intento de reconstrucción será letra muerta. Es momento de sustituir la retórica por decisiones antes de que el rezago regional y el desencanto cierren definitivamente esta ventana de oportunidad.