Bolivia reafirma su compromiso con el desarrollo, los derechos humanos y el Consenso de Montevideo en la Sexta Conferencia Regional sobre la Población y el Desarrollo


Con el objetivo de enfrentar los retos de la transformación demográfica y articular políticas de Estado sostenibles, Bolivia marca una importante presencia en la Sexta Reunión de la Conferencia Regional sobre Población y Desarrollo de América Latina y el Caribe, que se celebra en Montevideo del 18 al 20 de agosto.

Sexta Conferencia Regional sobre la Población y el Desarrollo de América Latina y el CaribeSexta Conferencia Regional sobre la Población y el Desarrollo de América Latina y el Caribe

Fuente;: https://bolivia.unfpa.org



Destaca la presencia boliviana con la participación de la delegada oficial por el gobierno, Blanca Mendoza Gonzáles, Asesora y Coordinadora del Ministerio de Planificación del Desarrollo y Medio Ambiente; la Diputada Andrea Ballivián Vargas, quien participó en el Foro Parlamentario sobre el Avance del Consenso de Montevideo.

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Asimismo, forman parte de la delegación las representantes de instancias de la sociedad civil: Alerta Montevideo, CLADEM Bolivia, Red de Mujeres Afrolatinoamericanas, Afrocaribeñas y de la Diáspora; Colectivo Rebeldía; Red de Juventudes Feministas; Marie Stopes Bolivia; CIES Bolivia; Coordinadora de la Mujer; Centro de Promoción de la Mujer Gregoria Apaza; Red de Lucha Contra la Violencia El Alto; Red Adolescentes y Jóvenes “Tejiendo Redes”; Red Juvenil “Tú Decides”; y Católicas por el Derecho a Decidir quienes participan activamente en este espacio clave para América Latina y el Caribe.

En el marco de la participación de los países de América Latina y el Caribe, Blanca Mendoza expuso los avances y prioridades del país, reafirmando «el compromiso con los principios y medidas prioritarias del Consenso de Montevideo, y con la visión del desarrollo centrada en las personas, los derechos humanos, la igualdad de género, la interculturalidad, el bienestar y la reducción de la desigualdad». Mendoza explicó que Bolivia atraviesa una profunda reforma demográfica, reflejada en la reducción de la Tasa Global de Fecundidad del 4.2 al 2.1 hijos por mujer en los últimos 25 años. Al respecto, enfatizó: «La reducción de la fecundidad debe ser comprendida desde la perspectiva de los derechos».

En su intervención, remarcó que «el cambio demográfico no es solamente un fenómeno poblacional, es una transformación estructural, que impacta en la educación, la salud, la protección social, los sistemas de cuidado, la organización territorial, las relaciones entre generaciones». Por ello, señaló que «para Bolivia, esta transición representa tanto una ventana de oportunidades como una responsabilidad intergeneracional». Con los resultados del Censo 2024, indicó la necesidad de «avanzar hacia una segunda etapa, para pasar de un medir los cambios demográficos a anticiparnos mediante unas políticas públicas articuladas a lo largo del curso de la vida». En este sentido, destacó los esfuerzos del gobierno en impulsar medidas como «el incremento de la Renta Dignidad» y la creación del “Programa Extraordinario de Protección y Equidad, destinado a las familias más vulnerables».

Mendoza subrayó que las prioridades de Bolivia frente a este escenario son claras: «actualizar la política nacional de población y desarrollo, aprovechar el bono demográfico, prepararnos para el envejecimiento, avanzar en sistemas integrales de cuidado, y potenciar todo lo que viene a ser protección social a largo plazo». «El desafío ya no es solamente responder a los cambios cuando ocurren, sino anticiparnos a ellos», afirmó, concluyendo: «Nuestro compromiso es claro, que nadie quede atrás, y que ninguna generación quede excluida».

En criterio de Rolando Pardo, Oficial a Cargo y Representante Auxiliar de UNFPA en Bolivia, «El país atraviesa (con el cambio demográfico) una ventana de oportunidad que representa un potencial económico sin precedentes y una oportunidad histórica para acelerar el desarrollo sostenible, inclusivo y equitativo». Asimismo, remarcó las condiciones necesarias para capitalizar esta etapa: «Desde el Fondo de Población de las Naciones Unidas (UNFPA) en Bolivia, enfatizamos que el bono demográfico no genera crecimiento económico de forma automática. Su aprovechamiento depende de la capacidad del país para implemente políticas públicas con enfoque de derechos que garanticen el acceso a educación de calidad, salud, incluida la salud sexual y reproductiva, empleo de calidad, protección social y oportunidades económicas para jóvenes y mujeres».

A nivel general, la apertura del encuentro, que congrega a cerca de 600 personas, ratificó al Consenso de Montevideo como la hoja de ruta regional en materia de población y desarrollo, así como un marco esencial para situar los derechos humanos en el centro de las políticas públicas.

Durante la inauguración efectuada el 18 de agosto, José Manuel Salazar-Xirinachs, Secretario Ejecutivo de la Comisión Económica para América Latina y el Caribe (CEPAL), destacó que los países enfrentan tendencias demográficas ineludibles como la reducción de la tasa de fecundidad, el envejecimiento poblacional y los crecientes flujos migratorios. Ante esto, remarcó: “La verdadera riqueza de nuestra región reside en nuestra capacidad de habitar y empoderar a una pluralidad compartida”.

Por su parte, Diene Keita, Directora Ejecutiva del UNFPA, aportó una visión transformadora frente al inevitable cambio demográfico, alejándose del pesimismo:

Es un llamado a liderar de manera diferente, a planificar con mayor anticipación y a invertir de manera más inteligente en las personas para garantizar la prosperidad de las generaciones futuras».

En esta línea, profundizó sobre el impacto de estas inversiones: «Cuando las personas están sanas, educadas, capacitadas y pueden tomar decisiones sobre sus propias vidas, las economías se vuelven más productivas y las empresas más competitivas, mientras que las sociedades se vuelven más resilientes». Adicionalmente, destacó que la región ha demostrado que este cambio «puede abordarse sin temor, con solidaridad, basándose en datos y con un compromiso inquebrantable con los derechos humanos».