- RESUMEN GENERAL
El primer Reporte de Inflación y Política Monetaria (RIPoM) del Banco Central de Bolivia (BCB), publicado el 20 de agosto de 2026, presenta un diagnóstico particularmente complejo de la economía boliviana.
La inflación cerró 2025 en 20,4%, uno de los niveles más elevados de las últimas décadas y comparable con períodos posteriores al episodio hiperinflacionario.
Para 2026, el BCB proyecta una inflación de 9,22%, lo que representa una reducción importante, aunque todavía supone una presión elevada sobre el poder adquisitivo.
Paralelamente, la actividad económica muestra un deterioro significativo, con una contracción proyectada del PIB de −3,6% en 2026, después de una variación de −3,34% a junio.
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La caída responde, entre otros factores, a la contracción de la construcción, mayores costos de insumos importados, efectos climatológicos y reducción de los ingresos reales de los hogares.
El mercado laboral también evidencia un deterioro, pues a junio de 2026 la población ocupada disminuyó aproximadamente en 205 mil personas frente a diciembre de 2025.
La subutilización laboral alcanzó 11,43%, mientras que la informalidad urbana llegó al 69,7% de la población ocupada, equivalente a aproximadamente 3,2 millones de personas.
Los ingresos laborales tampoco han recuperado plenamente su nivel previo a la pandemia: se situaron en aproximadamente Bs 2.847 mensuales a octubre de 2025, frente a unos Bs 3.000 antes de la pandemia.
El deterioro macroeconómico se refleja finalmente en la pobreza, que alcanzó 44,7% de la población en 2025, equivalente a 5,4 millones de personas, y podría llegar a unos 5,7 millones en 2026.
En conjunto, el informe muestra que Bolivia enfrenta simultáneamente inflación elevada, recesión, deterioro laboral, pérdida de ingresos y aumento de la pobreza, configurando un escenario de estanflación con fuerte deterioro social, cuya reversión exige políticas macroeconómicas coordinadas y orientadas a recuperar simultáneamente estabilidad y crecimiento.
- ASPECTOS POSITIVOS DEL INFORME DEL BCB
Aspecto positivo 1: Mayor transparencia y reconocimiento de la magnitud del problema
Uno de los principales aspectos positivos del RIPoM es que presenta de manera explícita la magnitud de los desequilibrios económicos y sociales que atraviesa Bolivia.
El reconocimiento de una inflación de 20,4% en 2025, junto con una contracción proyectada del PIB de −3,6% para 2026, permite dimensionar objetivamente la gravedad de la situación.
También es positivo que el diagnóstico incorpore variables sociales como empleo, subocupación, ingresos laborales e incidencia de la pobreza.
Esto permite superar una evaluación exclusivamente monetaria y reconocer que la estabilidad de precios debe analizarse conjuntamente con la actividad económica y el bienestar de los hogares.
La incorporación de estos indicadores facilita además la evaluación de los efectos distributivos de la inflación y de la recesión.
Desde una perspectiva de política económica, esta mayor transparencia constituye una condición necesaria para diseñar medidas realistas y establecer prioridades institucionales.
Aspecto positivo 2: Proyección de una reducción significativa de la inflación
Otro elemento favorable es que el BCB proyecta una reducción de la inflación desde 20,4% en 2025 hasta 9,22% en 2026.
Aunque una inflación de 9,22% continúa siendo elevada, la reducción proyectada representa una mejora sustancial respecto al máximo registrado en 2025.
El dato sugiere que existe, al menos en términos proyectados, una posibilidad de desaceleración de la dinámica inflacionaria.
Una reducción sostenida permitiría disminuir parcialmente la velocidad de pérdida del poder adquisitivo de los hogares y mejorar la previsibilidad de las decisiones económicas.
Sin embargo, esta proyección debe interpretarse con cautela porque la inflación depende también de factores cambiarios, costos de importación, disponibilidad de divisas, oferta interna y expectativas.
Por tanto, el valor positivo del informe no está solamente en la cifra proyectada, sino en establecer una referencia cuantitativa que permita posteriormente evaluar el cumplimiento de la política monetaria.
- ASPECTOS NEGATIVOS DEL INFORME DEL BCB
Aspecto negativo 1: La estabilización de la inflación ocurre simultáneamente con una fuerte recesión
El principal aspecto negativo es que la reducción proyectada de la inflación para 2026 se produce en un contexto de fuerte contracción de la actividad económica.
El PIB acumularía una caída de −3,34% a junio y se proyecta que cierre el año alrededor de −3,6%.
Esto significa que una eventual desaceleración inflacionaria no necesariamente representa una recuperación económica, sino que puede estar asociada a una reducción de la demanda y del ingreso real.
La contracción de la construcción, el encarecimiento de insumos importados y los problemas climatológicos están afectando directamente la producción.
Además, la caída de la actividad económica reduce la capacidad de las empresas para generar empleo formal, inversión y mayores ingresos laborales.
Por ello, el informe evidencia un problema central: la economía puede estar reduciendo la inflación al mismo tiempo que profundiza el deterioro productivo y social, lo que constituye un escenario de elevada complejidad para la política económica.
Aspecto negativo 2: El deterioro social muestra que la crisis tiene efectos estructurales
El segundo aspecto negativo es la profundidad del deterioro del mercado laboral y de las condiciones sociales.
A junio de 2026 se habían perdido aproximadamente 205 mil ocupaciones respecto a diciembre de 2025 y cerca de 198 mil personas adicionales habían pasado a la inactividad.
La subocupación alcanzó 8,21%, mientras la subutilización laboral llegó a 11,43%, evidenciando una reducción de la demanda de trabajo.
A ello se suma una informalidad urbana extremadamente elevada, de 69,7%, equivalente a aproximadamente 3,2 millones de trabajadores.
El problema más preocupante es que la pobreza habría aumentado hasta 44,7% en 2025 y podría alcanzar aproximadamente 5,7 millones de personas en 2026.
Estos resultados indican que la crisis ya no es solamente monetaria o financiera, sino que está afectando la estructura productiva, el empleo, los ingresos y las condiciones de vida de la población.
- EVALUACIÓN DE LA EVOLUCIÓN ECONÓMICA Y SOCIAL DE BOLIVIA
Desde una perspectiva de política económica, califico la evolución de Bolivia en 2025-2026 como negativa y de alta vulnerabilidad macroeconómica y social.
El principal indicador es la inflación de 20,4% en 2025, que deterioró significativamente el poder adquisitivo de los hogares y contribuyó al incremento de la pobreza.
En 2026, lejos de observarse una recuperación consolidada, el PIB registra una contracción de −3,34% a junio, con una proyección anual de −3,6%.
El mercado laboral confirma esta tendencia, con 205 mil ocupados menos y un aumento de la población inactiva de aproximadamente 198 mil personas.
La situación es todavía más delicada porque el 69,7% del empleo urbano es informal, reduciendo la capacidad de protección de los trabajadores frente a la inflación y la recesión.
Los ingresos laborales tampoco han recuperado plenamente su nivel prepandemia, permaneciendo alrededor de Bs 2.847 frente a Bs 3.000 anteriormente.
La pobreza de 44,7% en 2025, equivalente a 5,4 millones de personas, confirma que el deterioro macroeconómico se está trasladando al bienestar social.
Por tanto, la economía presenta características compatibles con un escenario de estanflación, aunque con una particularidad adicional: deterioro del empleo y aumento de la pobreza.
La proyección de inflación de 9,22% para 2026 constituye una mejora, pero no puede considerarse suficiente mientras la producción y el empleo continúen contrayéndose.
En consecuencia, la prioridad debería ser transitar desde una estrategia centrada exclusivamente en contener la inflación hacia una política integral de estabilización, recuperación productiva, empleo, ingresos y protección social.
¿Puede el Gobierno y el BCB cumplir sus metas económicas y sociales?
Nuestra evaluación es que existe una posibilidad parcial de cumplimiento, pero considero poco probable que se alcancen integralmente las metas económicas y sociales proyectadas bajo las condiciones actuales.
El objetivo de reducir la inflación hasta 9,22% en 2026 es técnicamente posible, pero requiere controlar simultáneamente los factores monetarios, cambiarios, fiscales y de oferta que alimentan la inflación.
El problema es que la economía enfrenta simultáneamente una contracción del PIB proyectada de −3,6%, lo que limita la generación de empleo y la recuperación de ingresos.
La caída de 205 mil ocupados durante el primer semestre constituye además una señal de que el mercado laboral todavía no acompaña una recuperación económica.
La elevada informalidad del 80% dificulta que la recuperación se traduzca rápidamente en empleos de calidad y mayor recaudación tributaria.
Asimismo, la proyección de aproximadamente 5,7 millones de personas en situación de pobreza durante 2026 muestra que los costos sociales pueden persistir incluso si disminuye la inflación.
Por ello, reducir la inflación no equivale automáticamente a recuperar el bienestar de la población.
El cumplimiento integral dependerá de que el Gobierno y el BCB actúen coordinadamente sobre inflación, liquidez, divisas, déficit fiscal, producción, inversión y empleo.
En consecuencia, sí considero alcanzable una reducción de la inflación, pero no considero probable una recuperación simultánea y suficiente del PIB, empleo, ingresos y pobreza sin un cambio significativo en la política económica.
La meta debe ser, por tanto, no solamente estabilizar precios, sino lograr una estabilización macroeconómica que permita reconstruir gradualmente la capacidad productiva y social del país.
- RECOMENDACIÓN DE POLÍTICA ECONÓMICA
La recomendación central es implementar un Programa Integral de Estabilización y Recuperación Económica 2026-2028, coordinado entre el Gobierno, el BCB y las entidades económicas del Estado.
La primera prioridad debe ser recuperar la estabilidad cambiaria y garantizar una asignación transparente y eficiente de las divisas disponibles para sectores productivos estratégicos.
La segunda debe consistir en reducir gradualmente el déficit fiscal y priorizar el gasto público hacia inversión productiva, infraestructura, salud, educación y protección social focalizada.
La política monetaria debe mantener como objetivo prioritario la reducción gradual de la inflación, evitando al mismo tiempo una contracción excesiva de la liquidez que profundice la recesión.
Es indispensable fortalecer la producción nacional para reducir la dependencia de bienes e insumos importados y disminuir la transmisión de shocks externos hacia los precios internos.
También debe establecerse un programa de recuperación de sectores con capacidad de generar empleo rápidamente, especialmente construcción, agroindustria, manufactura y servicios.
La política de hidrocarburos debe orientarse a recuperar producción, garantizar abastecimiento y reducir progresivamente la presión fiscal asociada a la importación de combustibles.
En materia social, se requiere proteger temporalmente a los hogares más vulnerables mediante transferencias focalizadas y mecanismos que preserven su poder adquisitivo sin generar desequilibrios fiscales permanentes.
Debe fortalecerse la formalización empresarial y laboral mediante incentivos tributarios, financieros y regulatorios, considerando que 69,7% del empleo urbano es informal.
Cada medida debería contar con indicadores verificables de inflación, PIB, reservas/divisas, empleo, ingresos reales, pobreza, déficit fiscal e inversión.
Finalmente, las proyecciones del BCB deberían someterse periódicamente a escenarios de sensibilidad, considerando distintos supuestos sobre inflación internacional, disponibilidad de divisas, combustibles, producción y demanda interna.
El objetivo final debe ser lograr una desinflación sostenible sin profundizar la recesión, recuperando simultáneamente producción, empleo, ingresos y bienestar social.
- CONCLUSIÓN GENERAL
El RIPoM constituye un documento relevante porque muestra con mayor claridad que Bolivia atraviesa una crisis que combina dimensiones monetarias, productivas, fiscales, laborales y sociales.
La inflación de 20,4% en 2025 representa el principal síntoma de una pérdida significativa de estabilidad macroeconómica.
Al mismo tiempo, la proyección de una caída del PIB de −3,6% en 2026 evidencia que el problema no puede resolverse únicamente mediante instrumentos monetarios.
El deterioro del empleo, la subutilización laboral de 11,43% y la informalidad de 69,7% reflejan una economía con importantes problemas de generación de trabajo productivo.
La reducción de los ingresos laborales reales demuestra que la crisis también está afectando directamente la capacidad de consumo de los hogares.
El aumento de la pobreza hasta 44,7% en 2025 y la posibilidad de alcanzar 5,7 millones de personas en 2026 constituyen el resultado social más preocupante.
La proyección de inflación de 9,22% para 2026 es favorable respecto a 2025, pero todavía representa una inflación considerablemente elevada.
Por tanto, la eventual reducción de la inflación debe ser acompañada necesariamente por recuperación de la producción, empleo e ingresos.
El desafío fundamental para el Gobierno y el BCB será evitar que la estabilización nominal se consiga a costa de una mayor recesión y deterioro social.
En términos de política económica, Bolivia necesita pasar de una lógica de respuesta coyuntural a una estrategia integral de estabilización y recuperación productiva, porque solamente así será posible transformar las proyecciones actuales en una recuperación económica y social sostenible.
Por Fernando Romero, economista