1. BREVE RESUMEN DEL ACUERDO
El Acuerdo N.º 001/2026 – Agenda 50/50, firmado entre el Gobierno del presidente Rodrigo Paz y los nueve gobernadores de Bolivia, constituye el primer acuerdo nacional orientado a reformar de manera integral el modelo autonómico y fiscal vigente desde la aprobación de la Constitución de 2009. El documento reconoce que el proceso autonómico permanece inconcluso y que las gobernaciones continúan enfrentando limitaciones en materia de generación de ingresos, autonomía presupuestaria y ejercicio efectivo de sus competencias. En respuesta, se acuerda iniciar un proceso de “co-construcción” para revisar la autonomía tributaria, la distribución de recursos fiscales, las competencias intergubernamentales, el financiamiento de las autonomías y la futura coparticipación tributaria, bajo principios de corresponsabilidad fiscal, calidad del gasto y sostenibilidad financiera.
El acuerdo no establece todavía una coparticipación tributaria 50/50 inmediata, sino una hoja de ruta para construir reformas legales, institucionales y fiscales que permitan avanzar progresivamente hacia ese objetivo. Entre los puntos más relevantes destacan la revisión de la Ley 154 de Clasificación de Impuestos, la elaboración de una Ley Especial de Coparticipación y Distribución de Recursos Fiscales, la eliminación gradual de condicionamientos de gasto impuestos por el nivel central, la ampliación de potestades tributarias departamentales, la creación de fondos de compensación y medidas de alivio financiero para las gobernaciones. Asimismo, se prevé que los consensos alcanzados se traduzcan en leyes, decretos, convenios y acuerdos fiscales con aplicación progresiva desde la gestión fiscal 2027.
2. TRES ASPECTOS POSITIVOS
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Positivo 1: Reconoce la necesidad de fortalecer las autonomías departamentales
Por primera vez en muchos años existe un reconocimiento expreso de que las autonomías departamentales no han alcanzado plenamente las facultades económicas y financieras previstas en la Constitución. El acuerdo plantea revisar competencias, financiamiento y potestades tributarias para fortalecer la capacidad de gestión de los gobiernos departamentales. Esto es relevante porque actualmente las gobernaciones administran una proporción muy reducida de los recursos fiscales nacionales, pese a tener crecientes responsabilidades en infraestructura, desarrollo productivo y planificación territorial. Desde una perspectiva institucional, este reconocimiento constituye un avance importante hacia un modelo más equilibrado de descentralización fiscal.
Positivo 2: Abre el debate sobre la coparticipación tributaria departamental
Uno de los mayores aportes del acuerdo es la creación de una mesa técnica para elaborar una Ley Especial de Coparticipación y Distribución de Recursos Fiscales. Actualmente las gobernaciones no participan directamente de la coparticipación tributaria nacional, mientras municipios y universidades sí reciben recursos de este sistema. La incorporación formal de este debate permite comenzar a corregir una de las principales debilidades del modelo autonómico boliviano y genera la posibilidad de construir una distribución más equilibrada y acorde con las competencias territoriales.
Positivo 3: Incorpora medidas de alivio financiero para las gobernaciones
El acuerdo reconoce explícitamente la situación financiera crítica que atraviesan varias gobernaciones y plantea evaluar mecanismos de reprogramación, diferimiento de obligaciones y saneamiento fiscal. Esto es particularmente importante para departamentos como Tarija, que enfrentan una fuerte caída de ingresos hidrocarburíferos y elevados niveles de endeudamiento. Si estas medidas se implementan adecuadamente, podrían mejorar la liquidez de corto plazo y evitar que la crisis financiera afecte la prestación de servicios públicos esenciales.
TRES ASPECTOS NEGATIVOS
Negativo 1: No crea recursos inmediatos para las gobernaciones
Aunque el acuerdo plantea reformas profundas, no incorpora medidas concretas de transferencia de recursos en el corto plazo. Las gobernaciones continúan enfrentando problemas de liquidez, deuda y déficit mientras se desarrollan estudios, diagnósticos y mesas técnicas. En consecuencia, los beneficios financieros reales podrían tardar varios años en materializarse. Desde una perspectiva presupuestaria, esto limita significativamente el impacto inmediato del acuerdo.
Negativo 2: Carece de metas cuantificables
El documento no establece porcentajes, montos ni cronogramas específicos para alcanzar el denominado 50/50. Tampoco define indicadores concretos para medir avances en autonomía fiscal o coparticipación tributaria. Esta ausencia de metas cuantificables puede generar interpretaciones distintas entre el Gobierno Nacional y las gobernaciones, reduciendo la certeza sobre los resultados finales del proceso.
Negativo 3: Su éxito depende de futuras reformas legales
La mayor parte de los compromisos requiere modificaciones legales complejas, incluyendo cambios a la Ley 154, la Ley Marco de Autonomías y posiblemente otras normas tributarias y fiscales. Esto implica negociaciones políticas prolongadas en la Asamblea Legislativa Plurinacional. Por tanto, existe el riesgo de que parte de los acuerdos queden limitados a declaraciones de intención si no se consolidan los consensos necesarios para su aprobación.
3. EVALUACIÓN GENERAL DEL ACUERDO
En términos generales considero que el acuerdo es positivo, porque representa el primer intento serio y estructurado de revisar el modelo de financiamiento de las autonomías departamentales desde la implementación de la Constitución Política del Estado. El documento reconoce problemas históricos como la limitada autonomía tributaria, la excesiva centralización de recursos y las restricciones presupuestarias impuestas a las gobernaciones. Asimismo, incorpora principios modernos de corresponsabilidad fiscal, calidad del gasto y sostenibilidad financiera. Sin embargo, debe entenderse que se trata principalmente de un acuerdo marco y no de una reforma fiscal efectiva. Su verdadero éxito dependerá de la capacidad política e institucional para traducir estos compromisos en leyes, transferencias fiscales y cambios normativos concretos.
Respecto a si aliviará las finanzas de las gobernaciones y otorgará autonomía fiscal real, si podría hacerlo parcialmente, pero no de manera automática. El acuerdo abre la puerta a nuevas fuentes de ingresos, mayor autonomía presupuestaria y posibles mecanismos de coparticipación tributaria, pero ninguno de estos beneficios está garantizado todavía. Para que exista un alivio financiero efectivo será necesario implementar reprogramaciones de deuda, modificar leyes tributarias, crear fondos de compensación y aprobar una nueva ley de distribución fiscal. En consecuencia, el acuerdo es un paso importante en la dirección correcta, pero aún está lejos de resolver por sí solo los problemas estructurales de financiamiento de las gobernaciones.
4. RECOMENDACIONES PARA MEJORAR LA EFICIENCIA Y SOSTENIBILIDAD DEL ACUERDO
1. Establecer metas fiscales verificables
La Agenda 50/50 debería incorporar indicadores obligatorios y metas medibles para cada fase de implementación. Por ejemplo, definir qué porcentaje de recursos deberá administrarse por las gobernaciones en 2027, 2028, 2029 y 2030. Esto permitiría evaluar avances reales y evitar que el proceso quede sujeto únicamente a interpretaciones políticas.
2. Crear un Fondo Nacional de Transición Autonómica
Mientras se implementan las reformas estructurales, debería crearse un fondo temporal destinado a apoyar a las gobernaciones con mayores problemas financieros. Este fondo podría financiarse mediante reasignaciones presupuestarias, recursos extraordinarios o ahorros derivados de la racionalización del gasto público nacional.
3. Vincular recursos a desempeño institucional
Una parte de los nuevos recursos debería distribuirse considerando indicadores de eficiencia administrativa, calidad de inversión pública, ejecución presupuestaria y generación de ingresos propios. Esto fortalecería la corresponsabilidad fiscal y mejoraría la calidad del gasto público.
4. Incorporar conciliación de cuentas históricas
La Agenda debería incluir una auditoría y conciliación nacional de cuentas entre el nivel central y las gobernaciones. Esto permitiría identificar recursos retenidos, competencias financiadas por gobiernos departamentales y obligaciones históricas que podrían compensarse financieramente.
5. Garantizar estabilidad normativa
Las reformas deben diseñarse con una visión de largo plazo para evitar modificaciones permanentes por cambios de gobierno. La seguridad jurídica será esencial para consolidar una verdadera descentralización fiscal sostenible.
5. ¿CÓMO MEJORAR LA COPARTICIPACIÓN TRIBUTARIA PARA INCLUIR A LAS GOBERNACIONES?
Actualmente el sistema de coparticipación tributaria boliviano presenta una asimetría importante. Aproximadamente el 75% de los recursos tributarios permanece bajo administración del Gobierno Central, mientras municipios y universidades participan de la distribución, pero las gobernaciones reciben prácticamente 0% de coparticipación tributaria directa. Esta situación resulta difícil de justificar desde la lógica autonómica porque los gobiernos departamentales tienen competencias constitucionales, responsabilidades de inversión y obligaciones de planificación territorial que requieren fuentes de financiamiento estables. Por ello, la nueva Ley Especial de Coparticipación debería incorporar explícitamente a las gobernaciones como beneficiarias permanentes del sistema.
Asimismo, la distribución no debería basarse únicamente en criterios poblacionales. También debería considerar variables como pobreza, extensión territorial, aporte al PIB, generación de empleo, esfuerzo fiscal, productividad regional y necesidades de infraestructura. Un sistema moderno de coparticipación debe equilibrar solidaridad territorial con incentivos al desarrollo económico. De esta forma se evitaría castigar a los departamentos más dinámicos y al mismo tiempo se protegería a aquellos con menores capacidades fiscales.
Medida 1: Crear una participación mínima garantizada para gobernaciones
La nueva ley debería reservar un porcentaje fijo de la coparticipación tributaria para las gobernaciones. Una alternativa técnicamente razonable sería iniciar con una participación del 5% al 7% y aumentar progresivamente conforme se implementen las reformas de la Agenda 50/50.
Medida 2: Establecer un componente basado en desempeño
Parte de los recursos debería distribuirse según indicadores objetivos de gestión, inversión pública, ejecución presupuestaria y generación de ingresos propios. Esto promovería una administración más eficiente y fortalecería la corresponsabilidad fiscal.
Medida 3: Crear un Fondo de Equilibrio Territorial
Para evitar desigualdades excesivas, una parte de los recursos debería destinarse a un fondo compensatorio que apoye a departamentos con menores ingresos propios, menor actividad económica o mayores necesidades de inversión social y productiva.
6. CONCLUSIÓN GENERAL
La Agenda 50/50 constituye probablemente el acuerdo más importante en materia de autonomías y descentralización fiscal desde la implementación de la Constitución Política del Estado. Su principal fortaleza es que reconoce las limitaciones del modelo actual y plantea una ruta integral para fortalecer la autonomía tributaria, presupuestaria y financiera de las gobernaciones. Sin embargo, el acuerdo todavía se encuentra en una etapa conceptual y de construcción de consensos, por lo que sus beneficios reales dependerán de la aprobación de reformas legales, fiscales e institucionales concretas. Si logra traducirse en una nueva ley de coparticipación tributaria, mayor autonomía presupuestaria, alivio financiero y participación efectiva de las gobernaciones en la distribución de recursos nacionales, podría transformar significativamente la estructura fiscal boliviana. De lo contrario, corre el riesgo de convertirse en una declaración política ambiciosa sin efectos sustanciales sobre las finanzas subnacionales. La clave del éxito será pasar de los principios generales a resultados verificables, cuantificables y sostenibles en el tiempo.