Cuando Gonzalo Sánchez de Lozada llegó al gobierno en 1993 realizó un profundo cambio en la organización del Poder Ejecutivo. Creó tres superministerios – Desarrollo Económico, Desarrollo Humano y Desarrollo Sostenible —, que respondían a una nueva visión y seguramente al objetivo de hacer menos compleja la ejecución del Plan de Todos.
La idea de los superministerios entonces no tenía como propósito de concentrar el poder en unas cuantas manos dentro del gabinete, ni de crear círculos de confianza en torno al presidente. El balance de esos años, más allá de los efectos posteriores y de la polémica que pudieron haber suscitado algunas transformaciones, fue positivo.
Con las decisiones asumidas en las últimas horas Rodrigo Paz parece haber elegido, formalmente un camino parecido: menos ministerios y mayor concentración de responsabilidades y funciones en solo tres carteras: presidencia, economía y desarrollo rural.
Pero una cosa es reorganizar el órgano ejecutivo y otra muy distinta realizar algunos ajustes en el gabinete. En el primer caso, lo que se buscó fue que la organización se acomodara a una idea de país y a un plan específico. Lo que se hizo ahora, en cambio, solo fue mover algunas piezas y eliminar otras en un tablero más reducido, pero sin una visión muy clara de lo que se quiere hacer.
=> Recibir por Whatsapp las noticias destacadas
No se entiende, por ejemplo, el itinerario cambiante que ha seguido el área de medio ambiente. En Planificación del Desarrollo era previsible que pudiera ser concebido en un concepto de transversalidad, pero en Desarrollo Productivo, pierde esa relevancia y se supedita a agendas como las del agronegocio, por ejemplo, para las que la problemática ambiental no ha sido siempre una prioridad.
A juicio de algunos especialistas, estas modificaciones representan un retroceso. Argumentan que no solo desconocen el peso que han adquirido temas como el cambio climático y la transición energética en la agenda internacional, sino que también podrían limitar las oportunidades derivadas de la incorporación de Bolivia al Mercosur. Con una política ambiental consistente, señalan, el país estaría en mejores condiciones de acceder a mercados de nicho, especialmente aquellos vinculados al sector forestal.
No deja de ser inquietante, además, dadas las experiencias previas, que el Instituto Nacional de Estadística (INE) pase nuevamente a la órbita del Ministerio de Economía, precisamente cuando lo que más se necesita es que esa dependencia, al igual que el Banco Central de Bolivia, goce de autonomía en una materia tan sensible como el manejo de los principales indicadores del desempeño económico.
No es que necesariamente vaya a ocurrir, pero ya se ha visto cómo, en gobiernos anteriores, cuando el INE estaba bajo la presión del ministro de turno, las cifras, sobre todo las relacionadas con la inflación, guardaban más relación con las necesidades de la autoridad que con la realidad del país.
Tampoco resulta muy convincente la conversión del Ministerio de Turismo en una agencia, cuando se trata de una actividad con un enorme potencial para el país. Si se quería transmitir una señal de austeridad, ello debió hacerse desde el inicio de la gestión; pero, a estas alturas, con una parte importante del camino ya recorrida, su supresión o su transformación en una entidad de menor jerarquía puede significar cualquier cosa, menos un ahorro.
Los maquillajes elegidos en esta parte de la historia no alcanzan a disimular la falta de visión y la inexistencia de una ruta crítica precisa en sus etapas y objetivos. Habrá que ver qué es lo que pasa hacia delante y confiar en que las cosas no empeoren. Todavía hace falta mucho para que un gobierno de urgencias y escándalos se convierta en una gestión de transparencia y transformaciones.