La defensa del argentino habla de un supuesto intento de ‘golpe de Estado’ contra Rodrigo Paz; Beller sostiene que fue atacada para silenciar información que comprometería al entorno presidencial. La Fiscalía investiga el atentado y un segundo proceso por legitimación de ganancias ilícitas, pero hasta ahora no ha presentado públicamente pruebas de un plan coordinado contra el Gobierno.
Nadia Beller y Fernando Cerimedo. Foto: Visión 360
El caso que comenzó con el ataque armado contra Nadia Beller y la posterior aprehensión del consultor argentino Fernando Cerimedo ingresó en una nueva fase política: mientras la víctima sostiene que fue atacada para evitar que revele información que comprometería a personas del entorno del Gobierno, la defensa del argentino acusa ahora a la Fiscalía de impulsar una operación para desestabilizar al presidente Rodrigo Paz.
Cerimedo, detenido preventivamente por la investigación relacionada con el ataque a Beller, declaró además en el proceso abierto en La Paz por legitimación de ganancias ilícitas. Según su defensa, durante esa actuación habría denunciado un supuesto “intento de golpe de Estado para desestabilizar el gobierno de Rodrigo Paz”. La abogada Margarita Arce sostiene, a su vez, que existe un movimiento dentro de la Fiscalía destinado a involucrar directamente al Mandatario.
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Esa acusación representa un cambio de dimensión en el caso. La investigación ya no es presentada únicamente por la defensa como un proceso contra Cerimedo, sino como parte de una supuesta operación política contra el Gobierno.
Momento del ataque a Nadia Beller. Foto: captura de pantalla Visión 360
El atentado que abrió el caso
Todo comenzó el 17 de agosto, cuando Beller fue atacada con disparos en Santa Cruz. La investigación fiscal derivó en la orden de aprehensión de Cerimedo y posteriormente en su detención preventiva por 180 días.
La Fiscalía sostuvo que existían elementos para investigarlo por tentativa de feminicidio y señaló además que no se descartaba la participación de otras personas en el hecho.
Beller, desde el hospital, comenzó entonces a formular acusaciones contra Cerimedo y personas vinculadas al entorno presidencial. Sostuvo que conocía información sobre presuntos negociados y afirmó que el consultor argentino tenía acceso e influencia dentro de espacios del Gobierno.
La víctima también presentó supuestos chats, fotografías y otros elementos que, según su versión, demostrarían que Cerimedo mantuvo contacto y acceso a personas y dependencias oficiales incluso después de la llegada de Paz al poder.
Esos elementos, sin embargo, deben distinguirse de las acusaciones que Beller formula sobre supuestos hechos de corrupción o sobre los motivos del ataque: que una fotografía o un mensaje demuestre un contacto no prueba por sí mismo la comisión de un delito ni que el atentado haya sido ordenado para silenciarla.
Los abogados de Fernando Cerimedo: Ernesto Giraldes y Margarita Arce. Foto: Red Uno.
La defensa cambia el eje
La respuesta de Cerimedo y de sus abogados fue inicialmente negar cualquier responsabilidad en el ataque. Recientemente, la defensa comenzó a sostener que Beller habría participado en un supuesto montaje y calificó el hecho como un ‘autoatentado’.
Ahora el planteamiento es más amplio. La defensa sostiene que las investigaciones contra Cerimedo forman parte de una acción destinada a afectar políticamente al Gobierno de Paz. El abogado José Vega afirmó que existiría un “movimiento de la Fiscalía, por lo menos de La Paz, por desestabilizar al Gobierno” y cuestionó que la investigación busque involucrar al Presidente.
Cerimedo, por su parte, atribuyó el proceso a un supuesto intento de desestabilización. El salto conceptual es relevante: la defensa pasó de cuestionar la investigación del ataque a Beller a plantear que los procesos contra Cerimedo formarían parte de una operación política contra el Gobierno. Pero esa es, hasta ahora, la tesis de la defensa.
Fernando Cerimedo enfrenta procesos en La Paz y Santa Cruz. Foto: Red Uno
¿Qué investiga la Fiscalía?
El Ministerio Público mantiene abiertos al menos dos frentes vinculados a Cerimedo.
El primero corresponde al ataque contra Beller, por el que el argentino fue imputado y enviado a prisión preventiva. En este proceso, la Fiscalía busca establecer quiénes participaron en el hecho y si existen otros responsables.
El segundo se desarrolla en La Paz y está relacionado con una investigación por legitimación de ganancias ilícitas. Los allanamientos y actuaciones realizadas en este caso incorporaron nuevos elementos que ahora son cuestionados por la defensa.
El fiscal general del Estado, Roger Mariaca, ha sostenido que el Ministerio Público actuará dentro de sus atribuciones y que las investigaciones deben establecer responsabilidades sobre la base de elementos objetivos.
Hasta el momento, la Fiscalía no ha presentado públicamente una conclusión que establezca la existencia de un plan coordinado para desestabilizar al Gobierno de Rodrigo Paz.
Ese dato resulta central para dimensionar las declaraciones de la defensa.
El presidente Rodrigo Paz se refirió a su relación con Cerimedo. Foto: Bolpress
Paz tomó distancia de Cerimedo
El propio presidente Rodrigo Paz inicialmente pidió una investigación profunda y transparente sobre el ataque contra Beller.
Con el avance del caso y el cuestionamiento al papel que Cerimedo habría desempeñado en su entorno, el Gobierno marcó distancia del argentino.
Paz reconoció que Cerimedo colaboró durante la campaña electoral y en los primeros momentos de la administración, pero negó que hubiera tenido autorización para representar al Gobierno o a su familia.
Esa versión fue posteriormente ratificada por el propio Cerimedo a través de su abogada. “Reafirmo lo dicho por el presidente Rodrigo Paz. Las mentiras o chismes no constituyen hechos”, señaló el argentino en un mensaje difundido por su defensa.
Cerimedo agregó: “Mi rol como colaborador del presidente no me otorgaba ninguna autorización ni poder para actuar o representar a la familia presidencial.” Y sostuvo: “Jamás actué en nombre de nadie ni tomé decisiones.”
La coincidencia entre Paz y Cerimedo resuelve una parte de la discusión sobre la versión que ambos sostienen, pero deja abierta otra pregunta: cuál fue realmente el nivel de acceso e influencia que tuvo el argentino dentro del entorno presidencial.
La abogada Nadia Beller. Foto: La Patria
Beller sostiene una versión diferente
La versión de Beller es sustancialmente distinta. La mujer sostiene que Cerimedo tenía una influencia mucho mayor de la que ahora reconoce el Gobierno y que mantenía vínculos con diferentes funcionarios. En los últimos días difundió material que, según afirma, demuestra que el argentino continuó teniendo acceso a espacios vinculados al Ejecutivo.
Sin embargo, nuevamente, debe hacerse una distinción: demostrar que Cerimedo tuvo contacto con funcionarios o estuvo en determinados espacios no permite concluir automáticamente que dirigiera decisiones gubernamentales, participara en negociados o estuviera detrás de una estructura de corrupción.
Esas son cuestiones que, si existen elementos para investigarlas, deben ser establecidas por las autoridades competentes.
La oposición tampoco tiene una posición única. El debate tampoco se divide simplemente entre gobierno y oposición. Mientras algunos sectores opositores rechazaron la tesis de una operación de desestabilización y exigieron al Ejecutivo resolver los problemas económicos, otros legisladores reclamaron que Paz explique su relación con Cerimedo y que las denuncias de Beller sean investigadas.
Esa diversidad de posiciones es relevante porque muestra que no existe una interpretación política uniforme sobre el caso. A ello se suma la posición del vicepresidente Edmand Lara, quien ha cuestionado la versión oficial sobre el papel de Cerimedo y ha sostenido públicamente que el argentino tuvo capacidad de influencia dentro del Gobierno.
Lara llegó a afirmar que Cerimedo “tuvo poder y decidió en el Gobierno”, una versión que contradice tanto al Ejecutivo como al propio argentino.
Cerimedo y Beller. Foto: Los Tiempos
¿Qué está probado y qué sigue siendo una hipótesis?
A casi dos semanas del ataque, existen hechos concretos: Beller fue baleada; Cerimedo está detenido preventivamente; la Fiscalía investiga el atentado; existe una segunda investigación en La Paz; se realizaron allanamientos y se tomaron declaraciones.
También existen acusaciones públicas contrapuestas. Beller sostiene que el ataque estuvo relacionado con información que conocía sobre el entorno del poder. La defensa de Cerimedo sostiene que el atentado y las investigaciones posteriores forman parte de una operación para perjudicar al Gobierno.
El Gobierno sostiene que Cerimedo fue un colaborador, pero niega que haya tenido representación oficial o poder de decisión. Lara sostiene una versión distinta sobre la influencia del argentino. Y la oposición reclama, según el sector, tanto una investigación de las denuncias de Beller como pruebas que respalden la tesis de una conspiración.
Lo que todavía no está establecido públicamente es que todas esas piezas formen parte de un único plan coordinado para desestabilizar al Gobierno de Rodrigo Paz. La defensa de Cerimedo denunció este viernes que “hay un movimiento institucional de la Fiscalía para desestabilizar al Gobierno”.
La observación es que la toma de declaraciones de su cliente estuvo centrada en el presidente Rodrigo Paz y no en los hechos que se investigan. “En muchas de las preguntas, el señor Cerimedo respondió: ‘No entiendo’, ‘no sé qué relación tiene con el caso’. Jamás le preguntaron cómo ingresó el dinero a Bolivia, porque esa debería ser una pregunta lógica para una persona a la que se investiga por enriquecimiento ilícito”, agregó Pedraza.
Por ahora, esa afirmación pertenece al terreno de las hipótesis y acusaciones de las partes. Las investigaciones fiscales deberán determinar si detrás del ataque a Beller, de los movimientos económicos atribuidos a Cerimedo y de sus vínculos con distintos actores existe una conexión común o si se trata de hechos y conflictos diferentes que terminaron convergiendo políticamente.