Se plantea distribuir el 50% de la coparticipación entre las universidades públicas, gobernaciones, municipios y pueblos indígenas, aplicando criterios de población y equidad. También propone un fondo de compensación y el alivio gradual de deudas.
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La propuesta establece que el 50% de los recursos de coparticipación tributaria destinado a gobiernos subnacionales y universidades se distribuya de la siguiente manera: 10% para el sistema de universidades públicas, 12% para las nueve gobernaciones, 27% para los municipios del país y 1% para los pueblos indígena originario campesinos.
El otro 50% permanecería bajo administración del Gobierno central para cubrir el funcionamiento del aparato estatal. Sin embargo, el planteamiento busca que la nueva distribución venga acompañada de una mayor autonomía financiera y de gestión para gobernaciones y municipios.
Carrasco explicó que el modelo incorpora criterios de población y equidad territorial. Además, prevé la creación de un Fondo de Compensación destinado a los municipios con mayores niveles de pobreza y menor capacidad de generación de ingresos. Ese fondo equivaldría al 5% de los recursos nacionales de los que el 3% provendría del Tesoro General de la Nación y el 2% restante llegará con aportes de gobernaciones y alcaldías con mejores indicadores de crecimiento, para apoyar a las regiones más rezagadas.
Otro componente es un plan de alivio para la deuda interna de los gobiernos departamentales y municipales. La idea es que esas obligaciones con el Estado sean reducidas de manera gradual y, en determinados casos, absorbidas por el nivel central a medida que avance la aplicación del nuevo pacto fiscal.
El planteamiento cuenta con el respaldo del Consejo Chuquisaqueño, una entidad que reúne a instituciones cívicas, políticas y sociales del departamento. Por ahora, el documento evita abrir la discusión sobre la transferencia o devolución de competencias, porque las autoridades consideran que ese debate puede empantanar el acuerdo sobre el 50/50.
Modificar el régimen competencial exigiría, según los impulsores, una reforma de la Constitución Política del Estado o la aprobación de un amplio paquete de leyes en la Asamblea Legislativa Plurinacional. Ambos caminos son vistos con cautela por la volatilidad política y la falta de consensos estables en la Asamblea Legislativa, donde las reformas estructurales suelen depender de complejas negociaciones entre bancadas.
Con el respaldo de la alcaldesa de Sucre, Fátima Tardío, y de los alcaldes de los demás municipios del departamento, la propuesta será presentada en una mesa técnica organizada por la Presidencia. El objetivo es alcanzar un primer acuerdo entre gobernaciones, municipios y universidades antes del encuentro previsto para el 5 de agosto en el Salón Rojo de la Gobernación de Chuquisaca. La reunión forma parte de la agenda por el 6 de Agosto.
De este modo, Chuquisaca busca que la conmemoración patria no se limite a los actos protocolares y se convierta en el punto de partida de una discusión nacional sobre autonomía, equilibrio territorial y una equitativa redistribución de recursos a partir de un nuevo pacto fiscal.

