Una obra de construcción en territorio nacional. Foto: Construmarket
La Cámara Departamental de la Construcción de La Paz (Cadeco) exige a las entidades públicas la aplicación efectiva del Decreto Supremo 5597, como mecanismo para evitar que el incremento del precios del diésel que establece el DS 5676
Según Cadeco, la preocupación apunta a que termine afectando la continuidad de las obras públicas y privadas.
La organización empresarial advirtió que el nuevo precio referencial de Bs 18 por litro para grandes consumidores (GRACO) y clientes directos tendrá un impacto significativo en la estructura de costos de las empresas constructoras, debido al uso intensivo de diésel en maquinaria pesada, transporte y equipos utilizados en obras civiles, viales y de infraestructura.
Sin embargo, el principal reclamo del sector apunta a que varias entidades públicas y empresas estatales todavía no aplicaron de manera efectiva el DS 5597, pese a que esta norma establece mecanismos para el ajuste de precios en contratos de obras públicas.
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Precios
Cadeco La Paz sostiene que esta falta de aplicación genera una situación especialmente compleja para las empresas que ya tienen contratos en ejecución. El incremento del combustible, según el sector, altera el equilibrio económico-financiero de esos contratos mientras los mecanismos de actualización de costos permanecen pendientes.
“Esta situación rompe el equilibrio económico-financiero de los contratos en curso”, señala el pronunciamiento institucional, que advierte sobre posibles retrasos, paralizaciones e incumplimientos que no serían atribuibles a las empresas constructoras, sino a un hecho sobreviniente derivado de una decisión estatal.
Contratos
Ante este escenario, Cadeco La Paz demandó que las entidades y empresas públicas den cumplimiento inmediato al DS 5597 y procedan con los contratos modificatorios que correspondan para actualizar los precios de los proyectos.
La Cámara también pidió que el aumento del diésel sea incorporado dentro de los mecanismos de ajuste de precios previstos en la normativa de contratación pública, con el objetivo de evitar que el mayor costo sea asumido exclusivamente por las empresas constructoras.
El sector considera que las entidades contratantes deben adoptar medidas para preservar el equilibrio económico-financiero de los contratos y evitar que el incremento de los costos derive en la paralización de proyectos de infraestructura.
Mesa de trabajo
Como parte de sus demandas, planteó la instalación de una mesa de trabajo entre el Gobierno nacional, las entidades contratantes y el sector constructor, para evaluar el impacto del nuevo precio del diésel y definir mecanismos que permitan garantizar la continuidad de las obras.
La Cámara sostuvo que la reducción de la subvención al combustible puede disminuir la carga fiscal del Estado, pero advirtió que sus efectos económicos no pueden trasladarse unilateralmente a las empresas que ejecutan proyectos bajo contratos previamente establecidos.
El sector constructor paceño cerró su pronunciamiento reiterando su compromiso con la infraestructura y la generación de empleo, pero reclamó reglas claras, equilibrio contractual y seguridad jurídica para enfrentar el nuevo escenario de costos y evitar que las medidas sobre el diésel terminen frenando la ejecución de obras en el departamento.
