Tierras indígenas. Foto: Cecasem Bolivia
La Coordinadora Nacional de Defensa de Territorios Indígenas Originarios Campesinos y Áreas Protegidas de Bolivia (Contiocap) expresó su preocupación por el avance de actividades de extractivismo y del agronegocio en territorios indígenas y áreas protegidas.
Además, cuestionó las políticas impulsadas por el Gobierno del presidente Rodrigo Paz.
El pronunciamiento surge tras una reunión nacional de tres días, del 9 al 11 de agosto, en Guayaramerín, donde representantes de pueblos indígenas analizaron la situación que atraviesan sus territorios y los principales factores que amenazan sus derechos.
Entre los temas centrales estuvo el extractivismo minero e hidrocarburífero y la expansión del agronegocio, actividades que, según la organización, están generando una creciente presión sobre territorios indígenas y áreas protegidas.
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Contiocap también observó que no se esté garantizando la consulta previa, libre e informada, un mecanismo que consideran fundamental para que los pueblos indígenas puedan participar en las decisiones que afectan sus territorios.
“Prácticamente es un Gobierno que está ignorando a los pueblos indígenas”, señaló la vocera de la organización, Ruth Alípaz a la Agencia de Noticias Ambientales, al cuestionar la orientación de las políticas públicas y el creciente peso del sector agroindustrial en las decisiones del Estado.
Extractivismo
La organización también puso bajo análisis los financiamientos externos y préstamos multilaterales que gestiona el Gobierno, debido a las condiciones asociadas a estos recursos y a su posible impacto sobre los territorios indígenas.
Según Contiocap, el incremento del endeudamiento público no debe analizarse únicamente desde la perspectiva financiera, sino también considerando las actividades económicas que podrían impulsarse con esos recursos y sus efectos sobre los territorios y las áreas protegidas.
Otro de los puntos abordados fue la expansión del agronegocio, particularmente en zonas donde existen territorios indígenas y áreas protegidas.
La organización denunció que sectores vinculados al agronegocio estarían aprovechando su influencia para avanzar en el acaparamiento de tierras y ejercer presión sobre comunidades indígenas.
Reclamo
Para Contiocap, el conflicto no se limita a la propiedad de la tierra. La expansión de actividades económicas sobre territorios indígenas también pone en discusión el derecho de las comunidades a decidir sobre el uso de sus recursos naturales y participar en proyectos que puedan afectar sus formas de vida.
La organización advirtió que el desarrollo de proyectos mineros, hidrocarburíferos y agroindustriales sin procesos adecuados de consulta puede profundizar los conflictos sociales y territoriales.
Tras el encuentro en Guayaramerín, los representantes indígenas reiteraron su demanda de que el Gobierno respete los derechos reconocidos a los pueblos indígenas y garantice mecanismos efectivos de participación antes de autorizar proyectos que involucren sus territorios.
El debate plantea además un desafío económico para el país: cómo atraer inversión y ampliar las actividades productivas sin profundizar los conflictos por tierras, recursos naturales y derechos territoriales.
