MSc. Hugo Salvatierra Rivero
Periodista y docente universitario
Bolivia atraviesa una profunda crisis de valores. Es una preocupación recurrente observar el paulatino deterioro del tejido social y político, donde la erosión de las instituciones y la polarización han desplazado principios fundamentales de la convivencia cívica. Esta crisis se manifiesta en la desconfianza institucional, la normalización de la corrupción y la intolerancia en el discurso público. A esto se suma la desconexión generacional provocada por la hiperconectividad, donde el civismo y la empatía colectiva sucumben frente al individualismo extremo.
Ante este escenario, el debate oscila entre las reformas puramente estatales o una regeneración ciudadana desde las bases. El aula es la primera línea de defensa para la cohesión social: reintroducir o fortalecer la formación en ética ataca la raíz del problema antes de que los vicios de la esfera pública se asimilen como normales.
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Sin embargo, la enseñanza pierde eficacia si no existe correlación con el entorno familiar y el ejemplo social. La educación en valores funciona mejor como un enfoque transversal: cuando los principios impregnan el clima educativo, la honestidad deja de ser la lección teórica de un día a la semana y se convierte en la regla implícita en el examen, el trato en el recreo y el trabajo en equipo. Avanzar hacia este modelo exige asumir reformas profundas en la estructura educativa, orientadas a la descentralización y la autonomía departamental, pues la educación es el hilo conductor capaz de revertir el deterioro nacional.
Superar la corrupción no será el resultado de decretos ni de discursos de ocasión, sino de la edificación de una ciudadanía crítica capaz de ejercer un control social efectivo. La educación ética y la autonomía regional no son solo asignaturas pendientes de la agenda pública, sino los pilares sobre los cuales Bolivia puede refundar su pacto social. Pasar de la indignación pasiva a la fiscalización activa exige una generación formada en principios incuestionables; de lo contrario, la crisis dejará de ser una coyuntura para convertirse en nuestra identidad colectiva.
El país no necesita más diagnósticos; requiere la determinación política y ciudadana para encarar la reforma que nos devuelva la dignidad institucional. Frente a la resistencia de quienes se benefician del desorden, la articulación de este frente común es el recordatorio de que el servidor público no es dueño de los recursos, sino un mandatario que debe rendir cuentas a la sociedad.
Como sostienen Daron Acemoglu y James A. Robinson en ¿Por qué fracasan las naciones?, los países entran en declive cuando sus instituciones son capturadas para servir a intereses particulares. Romper esta inercia en Bolivia exige traducir la indignación en control social y educación ética, tal como plantea William Herrera Añez en La corrupción en Bolivia, situando el aula y la participación ciudadana como el verdadero y definitivo contrapeso frente a la impunidad.