‘Mi hipótesis es que las mafias se han trasladado a Sudamérica’, dijo el exministro de Gobierno, Carlos Romero
Por Andrea Condori
Foto: RRSS
Fuente: La Razón
Los hechos de violencia registrados en la frontera con Brasil evidenciaron que el crimen organizado dejó de ser un problema exclusivo de los grandes productores de cocaína. Detrás de las disputas entre bandas, los sicariatos y la presencia de organizaciones extranjeras existió una historia que comenzó décadas atrás y que transformó a Sudamérica en uno de los principales escenarios del narcotráfico.
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Las imágenes de los ajustes de cuentas entre organizaciones brasileñas y operativos contra estructuras criminales revelaron una realidad que se construyó durante décadas. Bolivia dejó de aparecer únicamente como un país de tránsito para convertirse en un territorio de interés para organizaciones transnacionales que buscaron controlar rutas, laboratorios y corredores fronterizos.
El exministro de Gobierno Carlos Romero explicó a La Razón que esa transformación no pudo entenderse sin revisar la evolución histórica del negocio de las drogas y la manera en que este se consolidó como una de las economías ilegales más rentables de los continenetes del planeta.
Romero recordó que el narcotráfico no nació con los grandes cárteles latinoamericanos. Explicó que el comercio de sustancias prohibidas tuvo antecedentes mucho más antiguos, como las guerras del opio entre potencias europeas y China.
A partir de entonces, dijo, el negocio de las drogas siempre estuvo ligado al comercio, al lucro y a las estructuras de poder. «El fenómeno de las drogas ha aparecido como un fenómeno vinculado al comercio, al lucro y, consiguientemente, a estructuras de poder».
El exministro explicó que el mercado ilegal también cambió de forma acelerada. Señaló que, además de sustancias tradicionales como la cocaína, la heroína y la marihuana, aparecieron cientos de drogas sintéticas elaboradas en laboratorios clandestinos.
Citó datos de Naciones Unidas para indicar que el número de consumidores aumentó con fuerza después de la pandemia de Covid, al pasar de poco más de 300 millones a cerca de 360 millones de personas en el mundo. «Las drogas no solamente experimentaron un mayor crecimiento a partir del Covid, sino una mayor expansión y una diversificación».
Ese crecimiento modificó el mapa mundial del narcotráfico. Romero señaló que Sudamérica dejó de ser vista únicamente como una región productora y de tránsito porque el consumo también aumentó de manera sostenida. Países que antes servían solo como corredores empezaron a convertirse en mercados internos, mientras las organizaciones criminales ampliaron su influencia territorial y financiera.
En criterio del exministro, la pandemia marcó otro punto de quiebre. Explicó que muchos Estados destinaron policías y militares al control de las cuarentenas y descuidaron fronteras y territorios estratégicos. Todo ello, fue aprovechado por las organizaciones criminales para expandirse.
«La Fuerza Pública abandonó el control de fronteras y abandonó los territorios estratégicos. ¿Qué pasó? El crimen organizado tomó el control de los territorios estratégicos y tomó el control de áreas fronterizas estratégicas».
Romero también diferenció las estructuras que conformaron el crimen organizado. Explicó que los clanes familiares operaron como redes locales encargadas de facilitar la producción y el transporte de droga; los cárteles actuaron como corporaciones criminales con alcance regional y capacidad para controlar mercados; mientras que las mafias internacionales extendieron sus operaciones por varios continentes y comenzaron a intervenir directamente en Sudamérica.
«Los clanes familiares son locales, los cárteles son regionales y las mafias internacionales son mundiales», resumió.
La expansión del narcotráfico también modificó el mapa criminal de la región. Romero explicó que la presión ejercida por los gobiernos sobre los históricos carteles colombianos no eliminó el negocio, sino que provocó su dispersión. Describió ese proceso como el «efecto membrana», que fragmentó las organizaciones criminales, y el «efecto globo», que desplazó las operaciones hacia los territorios donde la presencia del Estado resultó más débil. Todo ello permitió el ascenso de los carteles mexicanos y abrió nuevos corredores para el tráfico de drogas en Sudamérica.
Bolivia conservó durante varios años una superficie relativamente estable de cultivos de coca, mientras Colombia y Perú registraron un crecimiento acelerado. Sin embargo, Romero advirtió que el fenómeno dejó de medirse únicamente por las hectáreas cultivadas. El verdadero cambio, explicó, apareció cuando las mafias internacionales comenzaron a instalar operadores en la región y a controlar directamente parte del negocio. «Mi hipótesis es que las mafias se han trasladado a Sudamérica», afirmó.
Mencionó la presencia de la mafia internacional ‘Ndrangheta italiana y de organizaciones criminales balcánicas vinculadas con investigaciones desarrolladas en Ecuador y Bolivia.
Para el exministro, esa penetración respondió también al debilitamiento institucional. Consideró que la interrupción de políticas antidrogas, la pérdida de capacidades de investigación y el deterioro de organismos especializados facilitaron el crecimiento de las redes criminales. En su criterio, el riesgo principal ya no radicó únicamente en la producción de cocaína, sino en la capacidad de estas organizaciones para corromper instituciones, infiltrar estructuras estatales y consolidar economías paralelas.
Por su parte, el secretario de Seguridad Ciudadana de la Gobernación de Santa Cruz, Jorge Santiesteban, evaluó el escenario desde la realidad que atravesó Bolivia en los últimos meses. Tras la seguidilla de asesinatos y la fuga de integrantes del Primer Comando de la Capital (PCC) de la cárcel de Palmasola, sostuvo que el país enfrentó un problema de Estado y no hechos aislados.
«Si una banda delincuencial poderosa se anima a realizar una emboscada y a declararle la guerra al Estado, entonces es un problema de Estado», afirmó.
Santiesteban explicó que el PCC y el Comando Vermelho, las dos mayores organizaciones criminales de Brasil, mantuvieron durante un tiempo acuerdos para operar en territorio boliviano, aunque esa convivencia terminó por romperse. Según él, esa fractura desató una disputa por rutas y mercados que explicó parte de los recientes hechos de violencia registrados en Santa Cruz. También señaló que ambas organizaciones aprovecharon la debilidad institucional para instalar bases logísticas y convertir al país en un punto estratégico para el tráfico de drogas hacia otros mercados.
A su vez, cuestionó la capacidad de respuesta del Estado ante los asesinatos registrados en Santa Cruz y atribuyó las dificultades para enfrentar al crimen organizado a la falta de recursos y equipamiento de las fuerzas de seguridad.
“Yo pienso que hay más incapacidad que inacción. El problema es que no hay dinero ni para gasolina para los policías. Ahora, ese es el primer punto: necesitan logística y material para combatir el crimen”, añadió.
La escalada de violencia en la frontera con Brasil llevó a ambos países a fortalecer los mecanismos de cooperación policial e intercambio de inteligencia para enfrentar a las organizaciones.
Para Romero, la historia demostró que el narcotráfico nunca permaneció estático y que siempre encontró nuevas formas de adaptarse a los cambios políticos, económicos y tecnológicos. La evolución de los antiguos clanes familiares hacia redes criminales transnacionales reflejó que el desafío dejó de ser únicamente policial y pasó a convertirse en uno de los retos para la seguridad y las instituciones de América Latina.
Fuente: La Razón
