La representante de la Defensoría del Pueblo en Tarija, Cecilia Bolívar, convocó a las autoridades departamentales y de la Región Autónoma del Gran Chaco a coordinar esfuerzos para establecer centros destinados a adolescentes y jóvenes que tienen problemas con la ley, bajo estándares que prioricen la rehabilitación, formación y reinserción social.
Fuente: El Periódico
La Defensoría del Pueblo planteó la necesidad de que Tarija y la Región Autónoma del Gran Chaco avancen de manera coordinada en la creación y consolidación de centros de reintegración social para adolescentes y jóvenes en conflicto con la ley, con una estructura institucional que permita atender las causas y consecuencias de las conductas delictivas y no limitarse únicamente al resguardo de los menores.
La representante defensorial departamental, Cecilia Bolívar, consideró necesario que las autoridades de los diferentes niveles de gobierno asuman un papel activo en este proceso y articulen esfuerzos para garantizar que estos espacios respondan efectivamente a su finalidad. La propuesta apunta a que los centros se conviertan en instrumentos de rehabilitación y preparación para el retorno de los jóvenes a sus familias y comunidades.
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El planteamiento adquiere relevancia en un contexto en el que el departamento enfrenta dificultades vinculadas con la atención de adolescentes y jóvenes que ingresan al sistema de justicia. La experiencia de los centros de reintegración existentes demuestra la necesidad de fortalecer sus condiciones de funcionamiento, infraestructura, personal especializado y programas de atención. Un informe defensorial sobre estos establecimientos ya identificaba la situación del Centro de Reintegración Social Oasis, en Cercado, Tarija, dentro de sus evaluaciones sobre adolescentes.
Para Bolívar, la construcción de infraestructura por sí sola no garantiza la reinserción social. El modelo debe partir de parámetros y estándares internacionales que establezcan las condiciones necesarias para que los adolescentes reciban una atención integral durante el cumplimiento de las medidas dispuestas por la justicia.
En ese esquema, los centros deberían contar con equipos interdisciplinarios, capaces de abordar las distintas circunstancias que pueden llevar a un adolescente a entrar en conflicto con la ley. La intervención de profesionales de áreas como psicología, trabajo social, educación y otras especialidades permitiría desarrollar procesos individualizados, orientados tanto a la recuperación de vínculos familiares como a la formación académica, capacitación laboral y desarrollo de habilidades para la vida.
La finalidad es que el paso por estos centros no profundice la exclusión social de los jóvenes, sino que les permita adquirir herramientas para construir un proyecto de vida alejado de la delincuencia. El enfoque de reintegración busca, de esta manera, que el adolescente pueda regresar progresivamente a su entorno familiar y social en mejores condiciones para desenvolverse dentro de la legalidad.
La Defensoría considera que este desafío requiere una responsabilidad compartida entre las instituciones públicas. La Gobernación de Tarija, los gobiernos municipales, las autoridades de la Región Autónoma del Gran Chaco y las instancias responsables de la protección de niñas, niños y adolescentes deben establecer mecanismos de coordinación que permitan definir prioridades, financiamiento, infraestructura y programas de atención.
El llamado también comprende la necesidad de superar una visión exclusivamente centrada en la custodia. La reintegración social implica trabajar sobre las circunstancias personales, familiares y sociales de cada adolescente, además de garantizar educación, capacitación, atención psicológica y acompañamiento durante el proceso de retorno a la sociedad.
En Tarija, la problemática se encuentra además relacionada con la situación general del sistema de justicia y penitenciario. Datos proporcionados anteriormente por la propia Defensoría daban cuenta de elevados niveles de detención preventiva en el penal de Morros Blancos y de la necesidad de fortalecer políticas de prevención y reinserción social.
En ese escenario, la creación y fortalecimiento de centros especializados para adolescentes adquiere una dimensión preventiva. La intención es evitar que jóvenes que tuvieron un primer contacto con la justicia terminen incorporándose de manera permanente a circuitos delictivos o penitenciarios de adultos.
El desafío planteado por la Defensoría, por tanto, no se reduce a levantar nuevos edificios. Se trata de establecer un modelo integral de reintegración social, respaldado por normas, profesionales, programas y mecanismos de seguimiento que permitan evaluar los resultados y garantizar que los objetivos de rehabilitación se cumplan.
Bolívar instó a las autoridades de Tarija y del Chaco a convertir esta problemática en una prioridad institucional y a trabajar de manera conjunta para que los futuros centros respondan a estándares adecuados y se constituyan realmente en espacios de formación, recuperación y oportunidades para adolescentes que todavía tienen la posibilidad de reconstruir su proyecto de vida.
