Fuente: Infobae
El partido liberal ruso Yábloko denunció este domingo que Rusia Unida, la formación del presidente Vladímir Putin, recibió donaciones desde el extranjero por un valor cercano a los USD 10 millones, la misma acusación que el Tribunal Supremo utilizó para excluir a la propia Yábloko de las elecciones legislativas del 20 de septiembre. Según un informe publicado por el partido opositor, titulado “Entonces exclúyanlos a todos”, el oficialismo y otras cuatro formaciones con representación en la Duma captaron en conjunto al menos 1.153 millones de rublos (unos USD 13,6 millones) en aportaciones “con indicios de financiación extranjera” entre 2021 y 2025.
El documento sostiene que Rusia Unida recibió 811.750 millones de rublos —casi USD 10 millones— de donantes registrados en 22 países, entre ellos Estados Unidos, Reino Unido, Francia y Alemania, naciones que el Kremlin califica de “hostiles” desde el inicio de la invasión de Ucrania en 2022. Yábloko subraya que esa cifra contrasta con los 16.900 rublos, apenas USD 200, que el alto tribunal esgrimió como prueba de financiación exterior irregular para anular el registro de sus propias listas electorales.
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“Esta es la suma de donaciones de compañías que cuentan con importantes vínculos en el exterior. No aseguramos que esos partidos hayan violado la ley”, señala el informe, que matiza que no imputa delitos a las otras formaciones. “Pero todos los partidos parlamentarios claramente han infringido el criterio acuñado por la decisión del Supremo del pasado 10 de agosto”, añade el texto, en referencia al fallo que dejó fuera de la contienda a la única fuerza que aboga abiertamente por el fin de la guerra en Ucrania.
Yábloko recuerda que la legislación rusa no prohíbe a un particular donar fondos de origen extranjero, por lo que considera “una construcción jurídica absurda” trasladar ese hecho individual a una acusación de financiación externa del partido receptor. Con ese argumento, la formación exige al Supremo que anule su propio fallo o que aplique el mismo criterio de forma “congruente” al resto de partidos que competirán en septiembre.
El Supremo excluyó a Yábloko el 10 de agosto tras admitir una demanda del partido nacionalista Ródina, que acusó a la formación liberal de financiación extranjera, infracciones de derechos de autor en su material de campaña y de promover el “extremismo”. Según reveló el diario ruso Kommersant, la decisión se apoyó en datos aportados por Rosfinmonitoring, el organismo de supervisión financiera que también elabora listas de personas y entidades vinculadas al terrorismo. Yábloko presentó el viernes un recurso contra la anulación de su registro, que el alto tribunal debe resolver este lunes, dentro del plazo de cinco días previsto por la ley electoral.
La exclusión, la primera en la historia reciente de Rusia de un partido cuyo nombre ya figuraba impreso en la papeleta oficial, generó protestas frente a la sede del Supremo en Moscú, donde cientos de simpatizantes, en su mayoría menores de 30 años, se manifestaron contra el fallo. Yábloko es la única formación registrada en Rusia que reclama abiertamente un alto el fuego en Ucrania, un conflicto que se prolonga desde febrero de 2022 y que, según los sondeos del Centro Levada, dos tercios de los rusos desean ver concluido cuanto antes.
El repunte de apoyo al partido tras su registro oficial a finales de julio, especialmente entre jóvenes urbanos reacios a ser movilizados, había despertado inquietud en el Kremlin, según coinciden analistas y medios independientes rusos. El periodista Mijaíl Zigar afirmó el sábado que fue el propio Putin quien decidió personalmente apartar a Yábloko de la contienda, cuyo lema de campaña, “Por la paz y la libertad”, se oponía frontalmente al eslogan oficialista “Todo por la victoria”.
El presidente de Yábloko, Nikolái Ribakov, ha calificado la exclusión como un intento de silenciar “preguntas incómodas para las autoridades” y ha denunciado que el verdadero motivo del proceso judicial es el rechazo del partido a la ofensiva militar en Ucrania. La decisión que el Supremo debe emitir este lunes determinará si la única alternativa electoral favorable a la paz puede finalmente competir en unos comicios cuyo resultado, en ausencia de competencia real, se da por descontado desde hace más de dos décadas.
