Por Ricardo V. Paz Ballivián
Hace apenas una década, el menú audiovisual boliviano se reducía a pocos canales de aire y un puñado de emisoras de radio con décadas de trayectoria. Hoy, un usuario de clase media en La Paz, Santa Cruz o Cochabamba puede elegir entre Netflix, Disney+, HBO Max, Amazon Prime, Vix, Star+ y una decena de revendedores locales de cuentas compartidas que ofrecen paquetes desde 10 bolivianos. La oferta se ha vuelto, literalmente, incontrolable.
No hay canasta familiar de entretenimiento que alcance a cubrirla toda, y sin embargo el consumo crece. Esa explosión no es un fenómeno aislado ni exclusivamente tecnológico. Es un dato sociológico que reorganiza cómo los bolivianos se informan, se entretienen y, lo más relevante para quienes trabajamos en comunicación política, cómo construyen su relación con la realidad pública.
El terreno sobre el que se libra esta disputa ya cambió de forma irreversible. Según el informe Digital 2026 de DataReportal, Bolivia cerró 2025 con cerca de 9 millones de personas conectadas a internet, una penetración de 71,3% y 9,4 millones de identidades activas en redes sociales, equivalentes a casi tres de cada cuatro habitantes.
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La Autoridad de Regulación y Fiscalización de Telecomunicaciones y Transportes (ATT) confirma la tendencia desde el otro extremo. Mientras el acceso a internet fijo pasó de 7,8% en 2013 a 63,9% en 2024, la televisión por cable, el canal tradicional de acceso a contenido pagado, viene en retirada. El Instituto Nacional de Estadística registró que más de 75.000 hogares dejaron de contratar cable en un solo año, y la penetración nacional del servicio apenas llega a 22,3%, concentrada en el eje central del país.
La migración no es solo de infraestructura sino de hábito. Un relevamiento reciente sobre consumo informativo en Bolivia encontró que los videos ya superan ampliamente a las noticias escritas como formato preferido, que TikTok crece con fuerza entre los más jóvenes por encima de Twitter e Instagram, y que buena parte de la conversación pública se mueve hoy por Facebook y WhatsApp antes que por un noticiero. El streaming, en ese sentido, no compite solo con el cable, sino que pelea por audiencia con la radio matutina, con el noticiero de las siete y con el periódico impreso por la misma porción, cada vez más disputada, del tiempo de atención de las personas.
Aquí es donde el análisis exige matices que el entusiasmo tecnológico suele pasar por alto. La misma encuesta que muestra el avance arrollador de lo digital revela que solo el 7% de la población rural se informa a través de internet a diario, frente al 68% en zonas urbanas.
Es la brecha digital que el investigador holandés Jan van Dijk describe desde hace dos décadas como un fenómeno de varios niveles. No basta con tener acceso físico a una red, puesto que existe además una brecha de habilidades y una brecha de aprovechamiento, de modo que la desigualdad tecnológica termina reproduciendo, y en ocasiones profundizando, las desigualdades sociales preexistentes. Bolivia es un caso de manual. La conectividad avanza rápido en el eje troncal y se estanca en el área rural y en los departamentos con menor densidad poblacional.
En ese vacío que el streaming todavía no llena, la radio boliviana conserva un rol que la sociología de la comunicación lleva estudiando desde los años setenta. Redes como ERBOL, Radio San Gabriel, Radio Pío XII o las decenas de radios comunitarias aymaras, quechuas y guaraníes agrupadas en asociaciones como APRAC siguen siendo, para amplios sectores del área rural y minera, el único canal de información bilingüe, cercano y confiable.
No es nostalgia analógica, ya que la radio, por costo de acceso y por adecuación lingüística y cultural, resuelve un problema de cobertura que ni la fibra óptica ni las plataformas de streaming han resuelto todavía. El apagón analógico de la televisión, que el Gobierno boliviano inició en mayo de este año en el eje central y que se completará recién hacia 2030 en el resto del territorio, es otro recordatorio de que la modernización tecnológica en Bolivia avanza por fases geográficas desiguales, no de manera uniforme.
Si la cobertura es un problema de infraestructura, la fiabilidad es un problema de confianza, y ahí los datos son más preocupantes que alentadores. Una encuesta reciente sobre hábitos informativos encontró que solo el 27% de los bolivianos confían «mucho» en sus medios de comunicación, mientras que el 41% tiene una confianza apenas moderada y el 17% desconfía abiertamente.
La paradoja es que esa desconfianza convive con una dependencia creciente de las redes sociales como fuente informativa, precisamente el espacio donde la desinformación circula con menor fricción. Durante la última campaña electoral, organizaciones de verificación como Bolivia Verifica documentaron decenas de encuestas falsas, ataques con inteligencia artificial y hasta operaciones pagadas de desinformación en Facebook que llegaron a movilizar sumas de dinero significativas para atacar candidaturas.
Es el escenario que Neil Postman anticipaba con otro lenguaje hace cuarenta años al advertir sobre una cultura pública que se entretiene hasta perder la capacidad de discernir, y que hoy la ecología de medios, el marco que Marshall McLuhan y sus herederos usan para pensar cómo cada nuevo medio reconfigura no solo el mensaje sino la propia estructura cognitiva y social de quienes lo reciben, permite leer con más precisión. No es que el streaming «reemplace» a la radio o la televisión abierta, es que readapta el ecosistema completo, incluidas sus patologías.
La teoría de usos y gratificaciones, otro clásico de la sociología de la comunicación, ayuda a explicar por qué esta convivencia es más compleja que una simple sustitución generacional. Los bolivianos no eligen streaming en lugar de radio o televisión, sino que escogen distintos medios para distintas necesidades (entretenimiento bajo demanda en Netflix, inmediatez y cercanía comunitaria en la radio FM local, movilización emocional y pertenencia grupal en TikTok o Facebook).
Es lo que en la literatura sobre mercados de contenido se conoce como fenómeno de «larga cola». La multiplicación de plataformas no unifica gustos, los atomiza en nichos cada vez más pequeños y menos permeables entre sí, un fenómeno con consecuencias directas sobre la posibilidad de sostener una conversación pública compartida.
Lo que enfrenta Bolivia no es, entonces, una simple carrera entre lo viejo y lo nuevo donde el streaming gana por incontenible y los medios tradicionales pierden por obsoletos. Es una recomposición desigual del ecosistema mediático que corre en paralelo a las desigualdades estructurales del país.
Mientras la clase media urbana negocia entre Netflix y Disney+ qué serie ver el fin de semana, buena parte del área rural sigue dependiendo de la misma radio comunitaria que la acompañó durante el ciclo de las radios mineras y campesinas del siglo pasado, y mientras tanto la confianza pública en cualquier fuente de información, tradicional o digital, se erosiona a un ritmo que ninguna plataforma parece capaz de revertir por sí sola.
Para quienes trabajamos en el análisis político y social, la lección de fondo no es tecnológica sino de diseño institucional.
La política de comunicación pública boliviana, desde la asignación del espectro radioeléctrico hasta el ritmo del apagón analógico, tiene que asumir que atiende simultáneamente a un país hiperconectado y a un país que todavía depende de la amplitud modulada. Ignorar esa doble velocidad, apostando todo el diseño comunicacional a la lógica del streaming, es reproducir en el terreno de la información la misma brecha que Bolivia arrastra en tantos otros ámbitos de su desarrollo.