El pasado 1 de julio de 2026, el Panel Científico Internacional Independiente de las Naciones Unidas sobre Inteligencia Artificial (IA) publicó su esperado informe preliminar. Sus conclusiones envían un mensaje universal que no podemos ni debemos ignorar: la inteligencia artificial avanza a un ritmo vertiginoso, pasando del reconocimiento pasivo de patrones a la acción autónoma, superando con creces la capacidad actual de los marcos jurídicos mundiales. El informe advierte, con tono de urgencia, que la «ventana de oportunidad» para establecer una gobernanza global eficaz está a punto de cerrarse.
Para Bolivia, inmersa en sus propios y complejos debates institucionales, este no es un dilema tecnológico lejano o exclusivo de los países del Norte global. Es un desafío constitucional inminente. El desembarco de la IA en nuestras instituciones y mercados pondrá a prueba la resistencia de nuestras garantías en materia de derechos humanos, la administración de justicia y las relaciones laborales. Frente a un mercado tecnológico global de billones de dólares concentrado en un puñado de corporaciones transnacionales —del cual gran parte del Sur Global está estructuralmente excluido—, nuestra principal línea de defensa es el modelo de Estado Constitucional de Derecho y las garantías consagradas en nuestra Constitución Política del Estado (CPE).
El impacto de la IA en la administración de justicia es, quizá, uno de los terrenos más delicados y que requiere mayor rigor dogmático. En Bolivia, donde la mora procesal y la crisis del sistema judicial son debates crónicos, el canto de sirena de la inteligencia artificial resulta sumamente tentador. Se nos promete eficiencia algorítmica, descongestionamiento de despachos y predictibilidad. Sin embargo, el entusiasmo por la modernización y la celeridad no debe cegarnos ante los riesgos sistémicos.
Como ha señalado la Relatoría Especial de la ONU y subraya este nuevo informe científico, el uso irreflexivo de la IA en tribunales, fiscalías y defensorías corre el altísimo riesgo de introducir y petrificar sesgos discriminatorios. Los algoritmos se entrenan con datos históricos; si nuestra historia judicial contiene asimetrías y prejuicios contra poblaciones indígenas, sectores empobrecidos o mujeres, el algoritmo no hará más que automatizar e invisibilizar esa discriminación bajo un velo de «neutralidad matemática».
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El derecho al debido proceso, a la defensa y a una justicia plural y equitativa (Arts. 115 y 117 de la CPE) conlleva un principio dogmático infranqueable: el derecho a un juez natural y humano. La labor jurisdiccional no es una mera operación aritmética de subsunción de hechos a normas; requiere empatía, comprensión del contexto sociocultural, ponderación de derechos y equidad. La IA puede y debe ser una herramienta útil de apoyo administrativo —para clasificar jurisprudencia, organizar expedientes o agilizar la burocracia—, pero la decisión final sobre la libertad, el patrimonio, la filiación o los derechos fundamentales de una persona jamás puede delegarse a una «caja negra». La opacidad algorítmica es incompatible con la motivación de las resoluciones judiciales. Si un litigante no puede comprender cómo y por qué un sistema ha sugerido una decisión en su contra, se anula por completo el derecho a la impugnación y a la tutela judicial efectiva.
Por otro lado, la dimensión laboral que expone el informe de la ONU resulta igualmente crítica y exige una lectura atenta desde nuestro derecho social. Los datos son contundentes: aproximadamente uno de cada cuatro empleos a nivel mundial está potencialmente expuesto a la disrupción de la IA generativa, afectando de manera desproporcionada a las mujeres y a los trabajadores de sectores administrativos y cognitivos. Pero en regiones como América Latina, y particularmente en Bolivia, el verdadero riesgo a corto plazo no es el «apocalipsis del empleo» y la sustitución total del trabajador por máquinas, sino una drástica reconfiguración que amenaza con degradar las condiciones de trabajo.
La historia del derecho laboral es la historia de la limitación del poder del empleador para proteger la dignidad del trabajador. Hoy, ese poder patronal se está automatizando. Estamos presenciando el auge del «management algorítmico», donde sistemas de IA asumen funciones de contratación, evaluación de desempeño, control de tiempos e incluso despido. Esta vigilancia intensiva e hipercuantificada en el lugar de trabajo, que evalúa el rendimiento mediante métricas opacas, genera una presión psicológica inmensa y socava la dignidad humana.
Nuestra Constitución, en su Artículo 46, garantiza a toda persona el derecho a un trabajo digno, con seguridad industrial, higiene y salud ocupacional, sin discriminación y con una remuneración justa. Frente al avance algorítmico, defender este artículo exige actualizar nuestras instituciones laborales. Necesitamos imperiosamente el reconocimiento del derecho a la «transparencia algorítmica en el trabajo»: los sindicatos y los trabajadores deben tener derecho a conocer qué sistemas de IA se utilizan para evaluarlos, qué parámetros miden y cómo afectan su estabilidad laboral. Asimismo, la automatización mal gestionada empujará a miles de bolivianos hacia la economía de plataformas, un sector ya marcado por la informalidad, la desprotección y la ficción jurídica de los «socios colaboradores» que encubre verdaderas relaciones de dependencia. El Estado plurinacional tiene el deber ineludible de implementar políticas activas de reconversión laboral y de garantizar que las ganancias de productividad generadas por la IA financien una protección social robusta, y no solo la acumulación corporativa.
Más allá de los juzgados y las fábricas, el informe del Panel Científico de la ONU advierte que la IA está reconfigurando el ecosistema mismo de los derechos civiles y políticos. La generación automatizada de desinformación, las campañas de manipulación y los deepfakes tienen el potencial de erosionar la confianza pública y desvirtuar los procesos electorales. La democracia exige un espacio público donde la deliberación sea genuina y la información veraz. Si permitimos que la arquitectura de la información ciudadana esté dominada por algoritmos diseñados para maximizar la polarización y el lucro, el ejercicio de la soberanía popular queda gravemente herido.
La inteligencia artificial no es una fuerza inevitable de la naturaleza a la que debamos resignarnos; es una tecnología creada por seres humanos y, como tal, debe estar sujeta al Estado de Derecho. El informe del 1 de julio es un llamado de atención para los 118 países que hoy son meros espectadores en el diseño de esta tecnología.
Para Bolivia, el reto es gigantesco pero ineludible. Necesitamos construir una política de soberanía digital y un marco regulatorio nacional —un verdadero «bloque de convencionalidad digital»— que ponga a la tecnología al servicio del Vivir Bien. Esto interpela directamente a la Asamblea Legislativa Plurinacional, al Tribunal Constitucional y a la academia jurídica. Es momento de abandonar la fascinación acrítica por la tecnología y asumir un rol tutelar. Las herramientas del futuro deben ser evaluadas bajo los valores supremos de nuestra Constitución; de lo contrario, correremos el riesgo de permitir que líneas de código redactadas a miles de kilómetros de distancia reescriban, de facto y en silencio, nuestros derechos más fundamentales.
Ramiro Sánchez Morales