Desde la Casa de la Libertad, el presidente defendió los resultados de su política antidroga después de que Edmand Lara denunciara que el Estado y la Policía están perdiendo el control frente al crimen organizado.
El narcotraficante uruguayo Sebastián Marset fue detenido el 13 de marzo de 2026 en Santa Cruz y entregado ese mismo día a autoridades estadounidenses.
Fuente: El Deber
El presidente Rodrigo Paz informó este jueves que durante sus primeros nueve meses de gestión fueron expulsados de Bolivia 17 jefes de organizaciones criminales que vivían en el país, algunos de ellos requeridos por la justicia internacional. El mandatario presentó la cifra durante su discurso por los 201 años de la independencia, en la Casa de la Libertad, en medio de la preocupación por la ola de violencia que golpeó especialmente a Santa Cruz.
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“Se ha expulsado del país a 17 jefes de las organizaciones criminales que vivían en Bolivia con protección y absoluta impunidad”, afirmó Paz. El dato ya había sido anticipado por el ministro de Gobierno, Marco Antonio Oviedo, quien precisó que se trataba de cabecillas de organizaciones brasileñas y añadió que, durante los primeros ocho meses de la administración, se incautaron 58 avionetas, 370 inmuebles y 573 vehículos, además de 283 toneladas de droga.
El jefe de Estado no presentó una lista completa de los 17 expulsados, pero mencionó entre los principales resultados la captura de Sebastián Marset. El narcotraficante uruguayo fue detenido el 13 de marzo de 2026 en Santa Cruz y entregado ese mismo día a autoridades estadounidenses. El operativo también permitió avanzar sobre su estructura, con decenas de detenidos, allanamientos, vehículos, armas y pistas clandestinas intervenidas.
Entre los casos vinculados con las mafias brasileñas figura Gerson Palermo, considerado uno de los líderes del Primer Comando de la Capital (PCC). Fue capturado en mayo en Cotoca, donde residía desde hacía casi una década. En Brasil tenía una condena acumulada de 126 años por narcotráfico, asaltos y el secuestro de una aeronave.
También cayó en Cotoca Kléber Nóbrega Pereira, alias Kekeu, identificado como uno de los principales jefes del Comando Vermelho en el estado brasileño de Bahía. Era buscado por delitos relacionados con el tráfico de drogas y armas, homicidios y lavado de dinero, y vivía con una identidad falsa en una residencia valuada en alrededor de un millón de dólares.
Otro integrante de esa organización, Matheus Nascimento Santos, alias Tiao do CV, fue descubierto dentro del anillo de seguridad de Marset. Las investigaciones establecieron que utilizaba Santa Cruz como base para coordinar el tráfico de drogas y armas con destino a Brasil.
El PCC y el Comando Vermelho fueron designados por Estados Unidos como organizaciones terroristas globales, con vigencia desde el 5 de junio de 2026. Ambas estructuras mantienen una disputa por territorios, rutas del narcotráfico, armas y espacios de poder en Brasil y en zonas fronterizas de Bolivia.
La crítica de Lara
El balance presidencial se produjo después de que el vicepresidente Edmand Lara cuestionara duramente la respuesta estatal frente a la inseguridad. Durante su intervención en la sesión de honor, señaló que en Santa Cruz “se pierden vidas todos los días” y que la población comenzó a vivir con miedo.
“Cuando el crimen avanza es porque el Estado está fallando, porque la Policía ha perdido el control en muchos espacios”, afirmó Lara, quien pidió impedir que las organizaciones criminales se adueñen del país.
La advertencia coincidió con una de las semanas más violentas de Santa Cruz. Entre el 29 de julio y el 5 de agosto se registraron diez asesinatos, entre ellos cuatro personas acribilladas en una estancia de San Matías, el subteniente Yerson Salazar, emboscado cuando investigaba esos crímenes, dos jóvenes encontrados decapitados en Yapacaní y otras ejecuciones en San Ignacio de Velasco y la capital cruceña.
Ante esa escalada, la Policía desplazó efectivos especializados, cambió al comandante de San Matías y activó el plan Halcón contra el Crimen Organizado. En los rastrillajes fueron encontradas una pista clandestina, una aeronave, combustible de aviación y armas presuntamente utilizadas por redes criminales asentadas en la frontera con Brasil.
El Gobierno también anunció el plan Fronteras Seguras, en coordinación con la Policía Federal brasileña, para intervenir puntos críticos como San Matías, Puerto Suárez, Guayaramerín y Cobija.
Estos operativos forman parte del giro adoptado por Bolivia en la cooperación antidroga. El país reactivó el intercambio de inteligencia y la coordinación técnica con la DEA, cuya presencia fue planteada para labores de información y fortalecimiento institucional, no para ejecutar directamente operativos en territorio boliviano.
Así, la sesión de honor expuso las dos caras de la lucha contra el crimen organizado: Paz destacó la caída de 17 cabecillas y el restablecimiento de la cooperación internacional, mientras Lara puso el foco en los asesinatos, el miedo ciudadano y las dificultades del Estado para controlar la violencia que ya alcanzó calles, negocios y poblaciones fronterizas de Santa Cruz.