En política, la visibilidad se ha convertido en una obligación. Quien no aparece, desaparece. Quien no opina, deja de existir. Por eso no sorprende que cada día surjan nuevas declaraciones, videos, publicaciones y entrevistas de dirigentes, analistas y líderes de oposición. La lógica parece simple: hay que estar presente todos los días. Sin embargo, en política no basta con hacerse notar; también hay que demostrar hacia dónde se quiere llevar la carreta. Esa diferencia suele marcar la distancia entre quienes aspiran a gobernar y quienes solo buscan permanecer en escena.
Y la forma más rápida de lograr visibilidad suele ser la crítica.
Se denuncia lo que está mal, lo que no funciona, lo que falta, lo que el Gobierno hizo o dejó de hacer. Es una tarea legítima. La democracia necesita oposición, necesita control y necesita voces que fiscalicen al poder.
Pero conviene detenerse un momento y formular una pregunta incómoda: ¿esa estrategia construye una alternativa de gobierno o simplemente mantiene vigente a quien la ejerce?
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Nuestra historia política reciente ofrece respuestas que merecen atención. Los opositores más duros, los más estridentes y los más permanentes en la denuncia contra el masismo no fueron, necesariamente, quienes conquistaron la confianza mayoritaria de los ciudadanos. Obtuvieron visibilidad, pero no siempre credibilidad. Ganaron cámaras, pero no votos.
En el debate público, pareciera que algunos actores políticos dedican todas sus energías a jalar la carreta en sentido contrario. El Gobierno puede conducir con errores, lentitud o falta de liderazgo; pero, si quienes debieran fiscalizar terminan apostando únicamente al fracaso de la gestión, la consecuencia no la paga el Gobierno: la paga el país.
Lo más llamativo es que esa actitud suele cambiar cuando los temas abandonan el terreno de los medios de comunicación y las redes sociales para llegar al escenario donde realmente se decide el destino de Bolivia.
Cuando la Asamblea Legislativa debe aprobar el Presupuesto General del Estado, autorizar créditos indispensables o garantizar el funcionamiento del Estado, las posiciones extremas desaparecen. Entonces aparecen las negociaciones, los acuerdos y los votos. De pronto, quienes durante semanas parecían empeñados en detener la carreta terminan empujándola.
Eso demuestra una verdad incómoda: gobernabilidad y oposición no son conceptos incompatibles. Se puede fiscalizar con firmeza sin sabotear al país. Se puede denunciar sin convertir el fracaso nacional en una estrategia política.
La ciudadanía espera mucho más que un catálogo permanente de críticas. Espera liderazgo. Espera propuestas. Espera soluciones. Espera la capacidad de señalar los errores, pero también de indicar el camino para corregirlos.
La oposición tiene la responsabilidad de controlar al poder, pero también la obligación de demostrar que tiene la capacidad de pensar en el bien mayor y que está preparada para ejercer el gobierno. Y esa preparación no se acredita acumulando denuncias, sino construyendo confianza.
La política no consiste únicamente en explicar por qué la carreta no avanza. Los acuerdos políticos implican compromisos, responsabilidad y, muchas veces, costos.
Subirse a una cabina del teleférico en La Paz obliga a esperar la siguiente estación para descender. Intentar hacerlo antes sería un acto irresponsable, incluso suicida. Lo mismo ocurre con la política: quien decide participar de las decisiones del Estado no puede desentenderse de sus consecuencias tempranamente, tal vez si a mitad del recorrido.
Ese es el desafío pendiente de una oposición que, hasta ahora, ha demostrado una gran capacidad para señalar los problemas, pero que todavía debe convencer a los ciudadanos que también posee la capacidad de ser parte de las soluciones. Al final, la verdadera prueba no consiste en decidir si conviene empujar o jalar la carreta, sino en demostrar que se tiene la capacidad, la responsabilidad y el liderazgo para conducirla cuando llegue el momento.
Jaime Navarro Tardío
Político y exdiputado nacional.