El gobierno de Rodrigo Paz es producto de una decisión popular sólida, clara e incuestionable. No fue producto de la casualidad. Fue el dictamen de un país que determinó dejar atrás un modelo de Estado cimentado en la mentira, la ineficiencia y la falta de ética en la función pública, que había distorsionado los principios más elementales de la institucionalidad democrática.
El resultado electoral le otorgó al Presidente un mandato excepcional y, al mismo tiempo, una responsabilidad histórica. Los bolivianos no votaron solamente por un cambio de gobierno. Votaron por una nueva forma de ejercer el poder, por la reconstrucción del pacto social, por la recuperación de la institucionalidad y, fundamentalmente, por una conducción capaz de revertir una crisis económica sin precedentes.
El nuevo gobierno comenzó en condiciones excepcionalmente favorables. Contaba con el respaldo ciudadano y de amplios sectores sociales, cívicos, gremiales y empresariales, además del apoyo internacional. Inició su gestión prácticamente sin oposición. Incluso los partidos derrotados mostraban disposición a acompañar el nuevo ciclo, y las estructuras políticas y sindicales vinculadas al masismo se habían desbandado.
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Pero ese contexto no podía ser permanente. Era previsible que los intereses desplazados del poder reaccionaran. Y lo hicieron desde el primer día. Bloqueos, protestas, campañas de desprestigio y acciones destinadas a desgastar al gobierno comenzaron a formar parte del escenario político. Paralelamente, el país descubrió la verdadera magnitud de los problemas que se ocultaron por años: la delincuencia, el narcotráfico, el contrabando y la penetración del delito en las instituciones.
Sin embargo, a nueve meses de gestión, sería un error atribuir las dificultades exclusivamente a la herencia recibida o a la acción de los adversarios. El principal problema está comenzando a ser interno.
El gobierno no ha conseguido conformar un equipo sólido y estable. Diez cambios de ministros en nueve meses es una señal inequívoca de inestabilidad y de dificultades para consolidar una dirección política y administrativa coherente. El aislamiento del Ejecutivo es cada vez más evidente y no se percibe una voluntad suficientemente clara para construir un acuerdo nacional inclusivo y consistente.
Más preocupante todavía es que la administración pública continúa funcionando con los vicios heredados. La burocracia, la ineficiencia y la corrupción no desaparecieron: se adecuaron, en parte por la permanencia de funcionarios e incluso grupos que responden al modelo anterior. Y mientras la gestión continúa entrampada, la comunicación gubernamental es un fracaso y las iniciativas políticas se desperdician por la incoherencia y los escándalos.
La permanencia de problemas estructurales, los cambios de discurso, la persistencia de una lógica electoral, los escándalos asociados con la corrupción, la sobreexposición presidencial, la improvisación y la escasa disposición a escuchar voces distintas están deteriorando algo mucho más difícil de recuperar: la credibilidad.
Un gobierno puede equivocarse y rectificar. Puede enfrentar dificultades y pedir sacrificios. Lo que no puede hacer indefinidamente es transmitir incertidumbre sobre su rumbo. Activismo no es gestión. Anunciar no es ejecutar. Prometer no es transformar. Y gobernar no consiste en administrar las urgencias, sino en tomar decisiones, establecer prioridades y conducir al país hacia un objetivo reconocible.
Existe, además, un riesgo mayor que la propia ingobernabilidad. Las fuerzas radicales de izquierda están comenzando a rearticularse. Operadores silenciosos, dirigentes que recuperan protagonismo, mensajeros que reaparecen y miles de replicadores en redes sociales configuran progresivamente un aparato de desgaste que busca destruir no solo lo avanzado sino la esperanza de un cambio real.
En ese escenario, el presidente Paz debe asumir plenamente la dimensión de la responsabilidad que recibió. El gobierno debe despojarse de visiones parciales y construir un acuerdo político y económico nacional para convertir el diálogo en decisiones concretas. Es urgente resolver el problema de los combustibles, aunque ello implique asumir costos políticos; restablecer la autoridad del Estado; acelerar la aprobación de las leyes sustantivas y estratégicas y; desmontar las trabas que mantienen paralizada la administración pública.
Los ciudadanos pueden aceptar sacrificios cuando entienden para qué sirven y cuando perciben que existe un rumbo. Lo que genera frustración no es solamente la persistencia de la crisis, sino la sensación de que nadie conduce. La sociedad espera resultados y, sobre todo, que el gobierno sepa responder a su mandato.
Ya no es momento de las cosas pequeñas. Está en juego mucho más que la estabilidad de una administración. Está en juego el futuro. La oportunidad existe. Lo que falta es actuar con la celeridad, coherencia, autoridad y transparencia que la gravedad del momento exige.
Ronald Nostas Ardaya
Industrial y expresidente de la Confederación de Empresarios Privados de Bolivia