Los afectados denuncian escasez crítica de insumos médicos y advierten que continuarán la vigilia hasta ver pagos efectivos.
La Justicia dio curso a la acción de libertad interpuesta por el Comité pro Santa Cruz para obligar al Ministerio de Salud a saldar las deudas de hemodiálisis, otorgando un plazo de 72 horas para concretar los pagos, los cuales finalizan mañana.
«Llevamos de vigilia 38 días, estamos peleando por nuestra vida», denunció Marco Antonio Tórrez, secretario general de la Asociación ‘Vida y Esperanza’, al visibilizar la delicada situación que atraviesan los enfermos renales.
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El dirigente denunció que el Gobierno adeuda nueve meses a los centros de convenio a nivel nacional y que las autoridades han ignorado constantemente sus demandas de atención. «En los centros ya no tienen los insumos y un día que perdemos una diálisis nuestra vida se va acortando», advirtió Tórrez sobre la inminente suspensión de sus tratamientos de cuatro horas.
El fallo judicial y la falta de soluciones efectivas
A pesar de que un fallo inicial favoreció a la titular de la cartera de Estado bajo el argumento de que los desembolsos estaban al día, los pacientes demostraron que no se ejecutó ningún pago. Ante la falta de respuesta directa de las autoridades nacionales, la dirigencia de los enfermos renales destacó que el respaldo del Comité Cívico fue fundamental para presentar el recurso legal que hoy exige una pronta solución.
La crisis se agrava ante la cercanía del 31 de agosto, fecha en la que concluyen los convenios vigentes entre el Estado y los centros especializados de hemodiálisis.
«Ojalá que haga los nuevos convenios para que sigamos dializando, nos sentimos impotentes porque ninguna autoridad ha estado con nosotros», lamentó Tórrez.
La firmeza de las medidas hasta lograr resultados
Los afectados aseguraron que mantendrán las medidas de presión en las calles hasta que los fondos sean desembolsados formalmente en favor de las prestadoras de salud.
«Nuestros riñones son las máquinas, no vamos a levantar la vigilia hasta que el Gobierno haga efectivo el pago», sentenció Erika Arteaga, vocal de la asociación de pacientes.
