Distintas organizaciones no gubernamentales venezolanas exigen “un acuerdo político explícito -con verificación internacional y de la sociedad civil- que establezca la independencia e imparcialidad del sistema de justicia como condición previa a cualquier proceso de cambio institucional”.
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La demanda de las ONG surge en respuesta al anuncio realizado al cierre de la primera etapa de la negociación entre el régimen chavista y la oposición, bajo el auspicio de Estados Unidos, con respecto a la renovación del Tribunal Supremo de Justicia (TSJ) y el sistema judicial de Venezuela.
Los activistas señalan que ese pacto entre las partes “debe incluir mecanismos que impidan la interferencia del Ejecutivo y el Legislativo y cualquier órgano del Poder Público sobre las decisiones judiciales, la depuración de funcionarios judiciales, fiscales y defensores públicos que participaron en la represión, y la suspensión inmediata de quienes tienen procesos abiertos por violaciones de Derechos Humanos”.
“En vista del proceso de potencial reinstitucionalización, coincidimos en que estamos frente a una oportunidad histórica para establecer instituciones democráticas, que ofrece, por primera vez desde la entrada en vigencia de la Constitución de 1999, la posibilidad de que la selección de los magistrados del TSJ se ajuste plenamente al modelo constitucional”, subrayan.
Entre quienes firman este comunicado están Provea, Acceso a la Justicia, Caleidoscopio Humano, el Comité por la Libertad de los Presos Políticos y Centro de Justicia y Paz.
Con la ONU
El régimen chavista ha utilizado al Poder Judicial como un ariete contra la disidencia. Precisamente fue la Sala Electoral, presidida por la jefa del máximo juzgado, Caryslia Beatriz Rodríguez Rodríguez, quien ratificó la proclamación del triunfo de Nicolás Maduro en los controvertidos comicios del 28 de julio de 2024, pese a que el Consejo Nacional Electoral (CNE) jamás presentó las actas de escrutinio para sustentar ese fallo.
Antes de alcanzar ese cargo, la magistrada Rodríguez militó en el Partido Socialista Unido de Venezuela, cuyo jefe era el hoy defenestrado Maduro.
Las ONG reclaman un proceso de selección de magistrados que se ajuste a lo establecido en la Carta Magna e incorpore “un comité técnico independiente con participación de especialistas nacionales e internacionales, incluida la Oficina del Alto Comisionado de las Naciones Unidas para los Derechos Humanos (OACNUDH), que acompañe la evaluación de los candidatos” a miembros del TSJ.
“Por el papel estructural que ha tenido este tribunal en la represión, la persecución política y demolición progresiva del Estado de Derecho, haremos seguimiento y monitoreo cercano de cada etapa de este proceso”, adelantan las ONG, que recalcan que “la reconstrucción del Estado de derecho en Venezuela comienza por recuperar la independencia de sus jueces, y esa confianza solo podrá restablecerse mediante un proceso de selección constitucional, transparente, participativo y basado exclusivamente en el mérito”.
