Santa Cruz. En San Ignacio de Velasco se conformó un Consejo Ciudadano que denuncia la venta irregular de lotes en un predio que es propiedad de la ciudad. Se trata de un área de 300.000 metros cuadrados. Piden intervención de cívicos y de la Fiscalía
Fuente: El Deber
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El Consejo Ciudadano de Defensa del ex aeropuerto ‘Juan Chamanidis’ de San Ignacio de Velasco arranca su lucha con una irrenunciable demanda: que se prohíba de inmediato toda venta, traspaso o inscripción de lotes en los más de 300.000 metros cuadrados del predio municipal.
El terreno del ex aeropuerto, ubicado en una zona urbana de alto valor, a cinco cuadras de la plaza principal 31 de Julio, fue fraccionado y comercializado sin títulos legales ni autorización municipal, por un valor estimado de entre 150 y 200 dólares el metro cuadrado.
Acciones inmediatas
El Consejo Ciudadano exige la congelación de transferencias ante Derechos Reales y el Gobierno Municipal, a fin de que ninguna venta ni traspaso pueda inscribirse mientras no se aclare la titularidad. Además, plantea entregar el expediente completo —planos originales, fotografías aéreas, censo de ocupaciones— al Comité pro Santa Cruz y a la Fiscalía Departamental.
El Consejo ha decidido convocar a una asamblea ciudadana para compartir su preocupación con los vecinos y pidió audiencia al presidente del Tribunal Supremo de Justicia, Rómer Saucedo, para entregarle evidencia y pedirle que cumpla su promesa de intervenir.
Por otro lado, consideran que convocar a la asamblea ciudadana, con carácter de urgencia, permitirá reunir a vecinos, autoridades y representantes de instituciones para informarles con transparencia, recoger firmas y fortalecer la unidad ante el miedo.
“Si no detenemos las ventas hoy, mañana ya no habrá nada que recuperar. Lo primero es frenar el negocio”, afirmó Mario Hugo Castedo, presidente del Consejo Ciudadano.
Otro paso clave es entregar denuncia formal ante la Fiscalía y presentar la denuncia por usurpación, fraude y daño al patrimonio del Estado, acompañada de los nombres de los presuntos responsables y el detalle de cada lote ocupado, para romper el silencio de complicidad que se atribuye a inclusive algunas autoridades sindicadas de no hacer nada por frenar este delito que data del año 2021.
Compromiso del TSJ
Rómer Saucedo, presidente del Tribunal Supremo de Justicia, se pronunció públicamente hace un mes, ante la Asamblea Departamental sobre el caso y prometió involucrarse.
“No puede haber tierras sin dueño cuando el dueño es el pueblo. Si hay irregularidades en los títulos, en las ocupaciones o en los loteamientos, la ley debe aplicarse sin excepciones ni privilegios”, aseveró el titular del Tribunal Supremo de Justicia.
La intervención de la justicia es clave, pues hasta ahora, los procesos judiciales avanzaban con lentitud o quedaban archivados. Actualmente los expedientes se encuentran en el Juzgado de Sentencia Penal y sin acceso para su revisión por parte de la prensa que recurre a esa instancia.
Hay amedrentamiento
En San Ignacio, denunciar el robo de tierras, de madera o de ganado se responde con amenazas de muerte. Las denuncias presentadas en Fiscalía y Comisaría no avanzan, no hay detenidos y las amenazas llegan incluso a familiares de quienes se atreven a solicitar simplemente el cumplimiento de la ley.
“Aquí no hay justicia, hay conveniencias. Si denunciamos, te amenazan. Esos casos de amenazas, la justicia no los investiga, porque también hay autoridades entre las personas que se han apropiado de estos lotes. Así no se puede vivir”, manifestó una ciudadana que pidió reserva de su nombre.
Un gran loteamiento
El Consejo Ciudadano se ha convertido en el pilar técnico, legal y social de esta lucha, aportando elementos para la preservación de terrenos en favor del municipio.
La recopilación de planos originales, resoluciones municipales, escrituras públicas y fotografías aéreas demuestran la extensión real de más de 300.000 metros cuadrados y su carácter de bien de uso público.
Un censo de ocupaciones ha identificado y georreferenciado cada lote, con la respectiva fecha de ocupación y presuntos responsables, elaborando un mapa que hoy sirve de base para las investigaciones.
El asesoramiento legal y acompañamiento a los afectados orienta a familias que fueron engañadas comprando lotes sin título, y respalda a quienes se niegan a abandonar la zona sin una orden judicial legítima.
La movilización social y transparencia organiza reuniones, difunde información veraz y mantiene a la comunidad informada, contrarrestando el silencio forzado y el miedo que intentan imponer.
Una vez que los dirigentes cívicos, fiscales y jueces lleguen a San Ignacio van a recibir la versión de la comunidad.
“El Comité pro Santa Cruz pone su fuerza cívica, Rómer Saucedo pone los buenos oficios de la autoridad judicial, pero la base, la verdad y la razón están en el pueblo, en este Consejo Ciudadano que no ha dejado de luchar un solo día”, dijo su presidente, Mario Hugo Castedo.
Apoyo para recuperar terrenos
Respaldo cívico
Tras la denuncia ante el Comité pro Santa Cruz, que calificó el hecho como “el loteamiento más grande de Bolivia”, se exigió a las autoridades municipales y nacionales un plan de recuperación en un plazo no mayor a 15 días. La entidad cívica respalda ahora al Consejo Ciudadano de Defensa del ex aeropuerto, con el fin de que se defienda el patrimonio municipal.
Origen del consejo
El Consejo Ciudadano de Defensa del ex Aeropuerto Juan Chamanidis nació de la indignación de vecinos, profesionales, —entre ellos descendientes de las familias fundadoras de la ciudad— al ver cómo se desmantelaba la infraestructura aeroportuaria y se repartían lotes sin título legal entre gente del propio San Ignacio y también algunos foráneos.
