El director de Autonomías del ente departamental, Esteban Ortuño, valoró que los municipios se hayan sumado al esquema de refinanciamiento pactado el 5 de agosto con el Gobierno nacional y adelantó que la entidad prepara propuestas normativas para aliviar la carga fiscal que actualmente recae sobre las arcas regionales.
Fuente: El PERIÓDICO
El debate sobre la relación fiscal entre el Gobierno central y las entidades territoriales autónomas volvió a tomar protagonismo en Tarija, luego de que la Gobernación reafirmara su respaldo al mecanismo conocido como Agenda 50/50, suscrito a inicios de este mes entre el Ejecutivo nacional y los mandatarios departamentales. Desde la Dirección de Autonomías del ente departamental, Esteban Ortuño, destacó que este acuerdo, alcanzado el pasado 5 de agosto, representa un paso relevante en la búsqueda de alivio financiero para las regiones, particularmente en lo referido a la reprogramación de deudas contraídas con el Fondo Nacional de Desarrollo Regional.
Uno de los aspectos que generó mayor satisfacción entre las autoridades departamentales fue que varios gobiernos municipales decidieran replicar esta misma ruta para renegociar sus propias obligaciones pendientes con el FNDR. Esta adhesión municipal se interpreta como una señal de que el modelo de reestructuración financiera impulsado a nivel departamental encuentra eco en otras instancias autónomas que atraviesan dificultades similares para honrar sus compromisos crediticios, muchos de ellos contraídos años atrás bajo condiciones de pago que hoy resultan difíciles de sostener.
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El planteamiento no se agota, sin embargo, en el terreno del alivio de deudas. Desde la instancia técnica departamental se subrayó que persiste un problema estructural de fondo: la existencia de un número considerable de disposiciones legales que, pese a corresponder a competencias que constitucionalmente pertenecen al nivel central del Estado, terminan siendo financiadas con recursos propios de las entidades subnacionales. Según se explicó, actualmente existen más de veinte normas de este tipo que obligan a los gobiernos autónomos departamentales y municipales a destinar presupuesto local a áreas que, en teoría, deberían ser cubiertas por el Tesoro General de la Nación.
Esta situación, de acuerdo con la lectura que hacen desde la Gobernación, constituye una de las principales causas detrás del ahogo financiero que enfrentan buena parte de las entidades territoriales del país, incluida Tarija. Por ello, se anunció que el departamento continuará impulsando propuestas normativas orientadas a revisar y, eventualmente, modificar este entramado legal, con el objetivo de que las competencias asumidas por el nivel central dejen de trasladar su costo económico hacia las regiones.
El respaldo departamental a la Agenda 50/50 se enmarca en un proceso más amplio de negociación entre el Gobierno nacional y los nueve departamentos del país, que busca sentar las bases de una reforma estructural del régimen autonómico vigente desde hace más de una década. Este proceso contempla, entre otros puntos, la revisión de la distribución de recursos fiscales, el fortalecimiento de la autonomía tributaria de las regiones y la definición de nuevos criterios de coparticipación, todo ello bajo un esquema de corresponsabilidad entre ambos niveles de gobierno.
Analistas que siguen de cerca la coyuntura autonómica coinciden en que, si bien el acuerdo constituye un avance simbólico relevante al reconocer formalmente la crisis financiera que atraviesan las gobernaciones, su impacto real dependerá de la capacidad de las partes para traducir los compromisos generales en medidas concretas de corto plazo. De lo contrario, advierten, los beneficios financieros efectivos podrían demorar varios años en materializarse, mientras las entidades territoriales continúan enfrentando restricciones de liquidez.
En ese contexto, la postura asumida por la Dirección de Autonomías de Tarija apunta a mantener una participación activa en las mesas técnicas que se desarrollarán en los próximos meses, con la expectativa de que tanto el alivio de deudas como la revisión normativa sobre competencias compartidas se conviertan en ejes centrales de la discusión, en beneficio de una gestión departamental con mayor margen de maniobra presupuestaria.
