Quince días.
Quince días tuvo que soportar La Paz la acumulación de basura en sus calles para que la Alcaldía finalmente reaccionara.
No fueron unas horas. No fue un inconveniente menor. Fueron dos semanas en las que residuos domiciliarios y otros desechos se acumularon alrededor de contenedores y en diferentes sectores de la ciudad, generando malos olores, presencia de animales y un evidente riesgo sanitario.
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Y ahora quieren que todo termine con una firma.
Se modifica el contrato, vuelven los camiones y aquí no pasó nada.
No. Sí pasó. Y alguien tiene que responder.
La empresa responsable del servicio afirma que durante meses envió cartas y comunicaciones a la Alcaldía, advirtiendo que las nuevas condiciones económicas —entre ellas, el incremento del salario mínimo y del precio del diésel— hacían necesaria una adecuación contractual.
¿Por qué no se actuó antes de que La Paz quedara llena de basura?
Esta no es una discusión entre un alcalde y una empresa privada. Es un tema que hace a la responsabilidad de una autoridad pública frente a un servicio esencial.
En Bolivia existe un precedente que debería ser examinado con mucha atención.
En 2018, ante la acumulación de basura y el riesgo para la salud de la población en el municipio paceño de Chulumani, la justicia constitucional intervino y ordenó medidas para restablecer el servicio.
Pero hubo algo más.
La Sentencia Constitucional Plurinacional 0681/2018-S2 estableció una multa personal de Bs 5.000 contra el alcalde y dispuso la remisión de antecedentes para determinar responsabilidades.
Una autoridad municipal puede ser alcanzada personalmente cuando su conducta omisiva contribuye a una situación que pone en riesgo la salubridad pública.
Si durante meses hubo advertencias sobre la posibilidad de interrupción del servicio, si la Alcaldía conocía las dificultades económicas del contrato, si existía la posibilidad de modificarlo y si no se llegó a un acuerdo hasta después de 15 días de acumulación de basura, podemos preguntarnos:
¿Hubo negligencia?
¿Hubo omisión?
¿Hubo incumplimiento de deberes?
¿Se incumplieron procedimientos administrativos?
¿Se generó daño económico al municipio?
¿Se puso innecesariamente en riesgo la salud de los ciudadanos?
Los paceños exigimos a las instancias pertinentes una investigación a fondo. Esto no puede quedar como un lamentable antecedente, borrón y cuenta nueva.
No, me resisto.
La basura finalmente se recogió.
Ahora falta recoger otra cosa: las responsabilidades.
Una ciudad, más aún siendo la sede de gobierno, no se gobierna apagando incendios después de que comienzan; se gobierna evitando que los incendios ocurran.
Jaime Navarro Tardío
Político y exdiputado nacional.