La petrolera estatal necesita alrededor de $us 360 millones cada mes para importar carburantes, pero en el primer semestre el volumen de combustibles comprado en el exterior cayó 31%. El resultado se refleja en las filas y en la presión sobre el sistema de abastecimiento.
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A esto se suma un dato no menor: una deuda confirmada de más de $us 800 millones de la estatal YPFB con sus proveedores. Ambos factores configuran una suerte de tormenta perfecta que ayuda a explicar el actual contexto energético y económico del país
Y es que la crisis de combustible tiene una historia que empieza mucho antes de que un conductor llegue a una estación de servicio.
Empieza en los barcos, las cisternas, los dólares y las facturas que YPFB debe pagar para que la gasolina y el diésel lleguen a Bolivia.
Datos
Los números muestran que en los primeros seis meses del año entró menos combustible al país.
Entre enero y junio de 2025, Bolivia importó 1.337,8 millones de kilogramos de combustibles y lubricantes. En el mismo periodo de 2026 esa cantidad cayó a 920,2 millones de kilogramos.
Son 417,6 millones de kilogramos menos, una caída del 31% en volumen. El dinero destinado a esas compras también disminuyó: pasó de $us 1.357 millones a $us 1.203 millones, una reducción del 11%.
El dato resulta más preocupante cuando se compara con el comportamiento del resto de las importaciones. En el primer semestre, Bolivia compró del exterior bienes por $us 4.739 millones, un 2% más que en los primeros seis meses de 2025.
Es decir, el país siguió importando e incluso gastó un poco más en sus compras externas, pero el volumen de combustibles y lubricantes se redujo casi en un tercio.
En otro contexto, la cifra podría pasar inadvertida en una tabla de comercio exterior, pero no se trata de cualquier producto es combustible. Y no cualquiera: es el diésel que mueve los tractores, camiones, maquinaria y buena parte de la actividad productiva.
También es la gasolina que utilizan millones de vehículos. Cuando ese flujo se reduce, el problema deja de ser una cifra de comercio exterior y termina convertido en una fila de vehículos esperando frente a un surtidor. Esa fila ahora miles que se repiten en todo el país
Cada mes hay que conseguir $us 360 millones
La caída de las importaciones coincide con una presión enorme sobre YPFB.
La petrolera estatal necesita aproximadamente $us 90 millones cada semana para comprar combustible en el exterior. Son alrededor de $us 360 millones cada mes.
Para dimensionarlo: YPFB necesita conseguir, en promedio, unos $us 12 millones cada día para sostener esas compras, tomando como referencia el requerimiento mensual informado por la empresa.
La estatal importa alrededor de 200 millones de litros de diésel al mes, además de gasolina.
Pero conseguir ese combustible no significa pagarlo inmediatamente.
Los proveedores internacionales le dan a YPFB plazos de hasta 120 días para cancelar las compras. Ese financiamiento ha generado un desfase que actualmente ronda los $us 800 millones.
YPFB no considera ese monto una deuda convencional. Su presidente, Sebastián Daroca, explica que se trata de una “deuda flotante”, es decir, combustible que ya fue recibido pero cuyo pago todavía está dentro del plazo concedido por los proveedores. La estatal asegura que está cumpliendo con esos compromisos.
Según YPFB, traer un litro de diésel al país cuesta aproximadamente Bs 15, pero ese mismo litro se vende en el mercado interno a Bs 9,80.
Hay una diferencia de unos Bs 5 por litro.
En palabras sencillas: YPFB compra el diésel caro afuera y lo vende más barato dentro de Bolivia. La diferencia tiene que ser cubierta mediante la subvención.
El Gobierno cambia las reglas
En este escenario aparece el Decreto Supremo 5676, mediante el cual el Gobierno de Rodrigo Paz estableció un precio referencial de Bs 18 por litro de diésel para grandes consumidores, consumidores directos y usuarios directos.
La intención es reducir parte de la presión que soporta YPFB y acercar el precio que pagan los grandes consumidores al costo real del carburante.
Pero la propia petrolera admite que esos consumidores representan solamente entre 10% y 15% del costo de la subvención. Por eso, el nuevo precio no resuelve por sí mismo el problema financiero de YPFB.
La otra apuesta del Gobierno es permitir una mayor participación de privados en la importación y comercialización de carburantes, de modo que una parte de la demanda deje de depender exclusivamente de YPFB.
Y la combinación de los datos muestra una situación delicada: Bolivia importó 31% menos combustibles en volumen durante el primer semestre; el valor de esas compras cayó 11%; YPFB necesita unos $us 360 millones mensuales para importar gasolina y diésel; y mantiene un desfase de unos $us 800 millones con sus proveedores.
Mientras esas cifras se acumulan en las cuentas y estadísticas, el problema tiene una expresión mucho más sencilla para cualquier boliviano: un vehículo llega a un surtidor, hace fila y no sabe si encontrará combustible.
