La expansión de las economías ilícitas en Bolivia ha avanzado de manera paralela al debilitamiento de las instituciones encargadas de combatir el delito, según advierte la Fundación Milenio en el documento “Un campo minado: economías ilícitas, captura institucional y erosión del tejido social. ¿Cómo construir una estrategia democrática de seguridad pública?”
Fuente: ANF
El informe sostiene que la apropiación del aparato estatal por facciones partidistas y grupos corporativos afines al Movimiento al Socialismo (MAS) habría favorecido la penetración de redes de corrupción en organismos de seguridad, justicia y fiscalización. Esta situación, señala, debilitó la frontera entre la autoridad legal y el poder de estructuras criminales.
En el caso de la Policía Boliviana, el documento identifica una penetración criminal que habría alcanzado incluso a unidades especializadas como la FELCC, la FELCN y organismos de inteligencia. Entre los casos mencionados están los exgenerales René Sanabria, Óscar Nina y Maximiliano Dávila, además de los exmayores Omar Rojas, Gonzalo Medina y Fernando Moreira, vinculados en distintos procesos con actividades relacionadas con el narcotráfico.
El informe también cuestiona el deterioro de la administración de justicia. Atribuye parte de la crisis a la politización de la selección de magistrados y a la presunta cooptación del Ministerio Público. Como ejemplo reciente menciona al juez Hebert Zeballos, investigado por legitimación de ganancias ilícitas y narcotráfico y enviado a Palmasola en mayo de 2026.
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La Fundación Milenio incluye además al sistema de control financiero entre las áreas debilitadas. Señala que la pérdida de autonomía y capacidad operativa de la Unidad de Investigación Financiera (UIF) redujo la efectividad de la lucha contra el lavado de activos.
El documento relaciona estas deficiencias con el retorno de Bolivia a la “lista gris” del Grupo de Acción Financiera Internacional (GAFI) en junio de 2025. Entre los riesgos identificados están la limitada identificación de beneficiarios finales, la débil supervisión financiera y no financiera y el crecimiento de actividades ilícitas vinculadas a mercados informales, flujos fronterizos y activos digitales.
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