La Defensoría considera que esta falta de información genera una forma de «invisibilidad estadística», porque impide identificar de manera precisa las necesidades y vulneraciones que afectan a niñas, niños y adolescentes en situación de calle.
La falta de información actualizada sobre niñas, niños y adolescentes en situación de calle dificulta dimensionar el problema y limita la capacidad del Estado para diseñar políticas públicas y respuestas efectivas. El informe defensorial “Derechos a la Intemperie” advierte que el último registro oficial de personas en situación de calle en Bolivia fue realizado en 2014, hace 12 años, y desde entonces no fue actualizado.
Para la Defensoría del Pueblo, esta ausencia de información impide conocer con precisión cuántas personas se encuentran en esta condición, dónde están y cuáles son sus principales necesidades.
La falta de datos actualizados también dificulta la planificación de programas, la definición de prioridades y la asignación de recursos públicos destinados a garantizar los derechos de esta población.
Falta de registros diferenciados
El problema también se presenta en distintas instituciones públicas, que no cuentan con variables específicas para identificar a niñas, niños y adolescentes en situación de calle.
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El Sistema Nacional de Información en Salud (SNIS), por ejemplo, no permite determinar si una atención médica corresponde a una persona menor de edad que se encuentra en situación de calle.
Una situación similar se registra en el Ministerio de Educación, el Servicio General de Identificación Personal (SEGIP) y el Servicio de Registro Cívico (SERECI), que tampoco disponen de registros diferenciados para esta población.
La Defensoría considera que esta falta de información genera una forma de «invisibilidad estadística», porque impide identificar de manera precisa las necesidades y vulneraciones que afectan a niñas, niños y adolescentes en situación de calle.
“Aquello que no se mide, no se planifica; aquello que no se registra, no se prioriza”, señala la institución.
Según el informe, contar con datos actualizados, diferenciados e interoperables entre las instituciones permitiría mejorar la identificación de esta población y facilitar una intervención coordinada del Estado.
La Defensoría plantea que la generación de información debe formar parte de una política integral de protección, de manera que los datos permitan orientar la prevención, atención y seguimiento de los casos.
La ausencia de registros no solo representa una dificultad estadística, sino que puede traducirse en problemas concretos para el acceso a servicios de salud, educación, identidad y protección.
En ese contexto, la institución considera necesario fortalecer los sistemas de información estatales para que las autoridades puedan conocer la magnitud real del fenómeno y establecer políticas públicas sostenibles dirigidas específicamente a niñas, niños y adolescentes en situación de calle.