Por Ricardo V. Paz Ballivián
Hay cosas que en política no conviene decir en voz alta porque inmediatamente aparecen los guardianes de las ortodoxias. Una de ellas es que la Constitución puede quedar vieja. La otra, todavía más incómoda, es que una Constitución puede convertirse en un obstáculo para el desarrollo de un país. Pero ambas cosas pueden ocurrir y sospecho que Bolivia está comenzando a experimentar las dos. Han pasado diecisiete años desde que entró en vigor la Constitución Política del Estado de 2009 y, aunque diecisiete años no sean una eternidad en la historia de una nación, pueden ser muchísimo tiempo en la vida de la economía de una sociedad y de un mundo que cambia a una velocidad vertiginosa. La Bolivia de 2009 ya no existe, pero tampoco existe el mundo de 2009. Entonces no existían la inteligencia artificial que hoy comienza a transformar el trabajo y la producción, las dimensiones actuales de la economía digital, la carrera mundial por atraer inversiones tecnológicas, la transición energética que está redefiniendo las materias primas estratégicas ni la feroz competencia entre países por capital, conocimiento, mercados y talento. Y mientras el mundo se mueve, nosotros seguimos discutiendo bajo las reglas constitucionales concebidas para otra época. No es un pecado reconocerlo … es, más bien, una obligación.
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La Constitución de 2009 nació, además, en circunstancias políticas excepcionales. Fue producto de una Asamblea Constituyente profundamente conflictiva y de un proceso posterior de negociación política que terminó modificando sustancialmente el texto salido de aquella Asamblea. Su nacimiento estuvo marcado por enfrentamientos, bloqueos, controversias y acuerdos de último momento. Difícilmente puede presentarse como el resultado de una serena y ordenada deliberación nacional. Pero el problema de la Constitución no termina en su origen. Está también en su diseño. Cuatrocientos once artículos para organizar constitucionalmente un país son demasiados. Cuando una Constitución intenta regular casi todo, termina corriendo el riesgo de no gobernar adecuadamente nada. Cuando aquello que debería ser una norma fundamental se convierte en un enorme catálogo de disposiciones, principios, derechos, procedimientos y regulaciones, la Constitución deja de ser el marco estable dentro del cual la sociedad se desarrolla y comienza a convertirse en una camisa de fuerza. Una Constitución debería decirnos cómo convivir, cómo ejercer el poder, cuáles son nuestros derechos fundamentales y cuáles son los límites del Estado. No debería pretender convertirse en el manual de instrucciones de la vida nacional. Porque la realidad cambia y una Constitución excesivamente detallista no cambia con ella. Ahí aparece uno de los grandes problemas bolivianos, porque hemos constitucionalizado demasiadas cosas y, cuando una sociedad constitucionaliza sus problemas, después necesita modificar la Constitución para resolverlos.
Hay, además, contradicciones que ya no pueden seguir siendo ignoradas. Una Constitución que proclama la economía plural, pero que al mismo tiempo contiene disposiciones que pueden generar incertidumbre sobre la propiedad, la inversión y la actividad privada, una Constitución que reconoce la iniciativa económica, pero establece un entramado de restricciones y reservas que puede terminar desalentando precisamente aquello que el país necesita con mayor urgencia (capital, tecnología, productividad y empleo). El artículo 320 constituye un ejemplo particularmente significativo. Allí se establece la prioridad de la inversión boliviana sobre la extranjera y se dispone que la inversión extranjera queda sometida a la jurisdicción y a las leyes bolivianas. Puede parecer una afirmación de soberanía y, en determinados contextos históricos, seguramente lo fue. Pero en el siglo XXI la soberanía también consiste en tener la capacidad de atraer inversiones, crear empleos, incorporar tecnología y generar riqueza. Porque el capital internacional no llega a los países por patriotismo, llega donde existen condiciones. Y esas condiciones tienen nombres muy concretos, como seguridad jurídica, estabilidad, reglas previsibles, justicia independiente, protección de la propiedad, mecanismos confiables para resolver controversias, posibilidad de recuperar la inversión y confianza en que las reglas no cambiarán arbitrariamente después de haber invertido. No necesitamos arrodillarnos ante los inversionistas, necesitamos convencerlos. Y eso exige comprender algo elemental, que Bolivia compite con Paraguay, Perú, Brasil, Chile, Uruguay, Colombia, México y con cualquier otro país dispuesto a ofrecer mejores condiciones para producir, invertir y crear empleo. En esa competencia, una Constitución puede ser una ventaja o puede ser una rémora. La nuestra se parece demasiado a lo segundo.
Por eso hay que actuar, pero actuar con inteligencia. No propongo una nueva Asamblea Constituyente mañana. Sería irresponsable abrir en este momento un proceso semejante, en medio de las urgencias económicas, sociales e institucionales que enfrenta el país. Tampoco propongo tirar por la borda todo lo que la Constitución de 2009 contiene. Propongo algo mucho más sencillo y, al mismo tiempo, mucho más urgente. Sugiero una reforma parcial, inmediata, quirúrgica y pragmática. Hay que identificar aquellos artículos constitucionales que hoy constituyen obstáculos para la inversión, la seguridad jurídica, la generación de empleo, la modernización económica y la inserción internacional de Bolivia, y modificarlos. Nada más, pero tampoco nada menos. La propia Constitución establece el procedimiento para su reforma parcial, de manera que no estaríamos quebrando el orden constitucional sino utilizando el mecanismo que el propio orden constitucional contempla. Sería una operación de emergencia, una cirugía destinada a quitar las trabas que hoy impiden que el país respire económicamente y pueda recuperar una senda de crecimiento. Bolivia necesita enviar al mundo una señal inequívoca, que estamos abiertos a la inversión, al conocimiento, a la tecnología, a la producción y al empleo, que queremos que quienes tengan capital para invertir encuentren en nuestro país reglas claras y previsibles, y queremos que el empresario boliviano tampoco tenga que mirar hacia afuera para encontrar las condiciones que aquí no encuentra.
Pero esa reforma parcial no debería confundirse con la solución definitiva. El problema constitucional boliviano es más profundo y requiere otra clase de deliberación. Por eso la segunda etapa debería ser la convocatoria a una Asamblea Constituyente en 2029, exactamente veinte años después de la entrada en vigor de la actual Constitución. Tres años son un período suficientemente amplio para preparar responsablemente esa discusión, convocar a universidades, colegios profesionales, organizaciones sociales, empresarios, trabajadores, pueblos indígenas, regiones, municipios, partidos políticos, organizaciones de la sociedad civil y ciudadanos independientes, y comenzar a discutir, sin las urgencias de una coyuntura electoral, qué Constitución necesita la Bolivia del siglo XXI. Una Constituyente de 2029 no debería ser una revancha contra la Constitución de 2009 ni contra quienes la impulsaron. Tampoco debería convertirse en el instrumento de un nuevo proyecto hegemónico. Debería ser exactamente lo contrario, la oportunidad de superar la lógica de vencedores y vencidos que tantas veces ha marcado nuestra historia constitucional y construir un pacto verdaderamente nacional, plural, democrático e incluyente. Allí sí tendríamos que discutir qué Estado queremos, qué democracia queremos, cómo garantizar la independencia de la justicia, cómo impedir la concentración del poder, cómo perfeccionar las autonomías, cómo resolver las contradicciones entre jurisdicciones, cómo proteger efectivamente las libertades, cómo garantizar la propiedad y la iniciativa privada, cómo hacer compatible la diversidad cultural con una ciudadanía común y cómo construir instituciones capaces de funcionar independientemente de quién ocupe circunstancialmente el poder.
El nuevo texto constitucional debería ser mucho más corto, claro, práctico y estable. Una Constitución no necesita contener todo aquello que nos parece políticamente deseable, ya que necesita establecer solamente las reglas fundamentales para que una sociedad pueda vivir en libertad, democracia, seguridad y paz. El resto debe quedar en manos de las leyes y de la política, porque una Constitución que intenta regularlo todo termina impidiendo que la democracia pueda decidir sobre muchas cosas. Y eso es justamente lo que no necesitamos. Necesitamos más democracia, no menos, más libertad, no menos, más Estado de Derecho, no menos, más inversión, no menos, más empleo, no menos, más oportunidades, no menos. Por eso la discusión constitucional no debería ser presentada como una batalla entre quienes aman la Constitución y quienes quieren destruirla. Esa es una caricatura. Una Constitución no es una religión ni un texto sagrado, es una herramienta política y jurídica creada por los seres humanos para organizar la convivencia de una sociedad. Y como toda herramienta, cuando deja de servir adecuadamente para su propósito, debe ser reparada, actualizada o reemplazada. Bolivia necesita hacer exactamente eso. Ahora, una reforma parcial para quitar las piedras del camino y después, una Constituyente para construir un nuevo camino.
2026 puede ser el año de la reforma urgente y 2029 debería ser el año del nuevo contrato social. Deberíamos asumir con responsabilidad abandonar la idea de que cambiar la Constitución significa cambiar de régimen, destruir conquistas sociales o imponer una determinada ideología. No. Una Constitución democrática debe estar por encima de los gobiernos y de las ideologías. Debe proteger los derechos, limitar el poder, garantizar las libertades, asegurar la igualdad ante la ley y crear las condiciones institucionales para que la sociedad pueda progresar. Debe ser un marco para la prosperidad y no una barrera contra ella, debe proteger al ciudadano frente al abuso del poder, pero también permitir que el Estado cumpla eficazmente sus funciones esenciales. Sobre todo, debe recuperar la idea de que las instituciones existen para que la sociedad pueda desarrollarse y no para quedar atrapada en ellas.
Una Constitución debe ser el puente que una sociedad construye hacia su futuro. La Constitución de 2009 cumplió una función histórica y forma parte de nuestra historia política, pero, diecisiete años después, tenemos derecho a preguntarnos si sigue siendo el instrumento adecuado para enfrentar los desafíos que tenemos por delante. La respuesta parece cada vez más evidente. Bolivia necesita reformar lo urgente para poder avanzar y, al mismo tiempo, preparar con serenidad lo trascendente. Una reforma parcial ahora y una Asamblea Constituyente en 2029 no son dos caminos contradictorios. Son dos etapas de una misma tarea nacional. Porque si seguimos pretendiendo construir el futuro con las reglas de un país que ya no existe, corremos el riesgo de que aquello que alguna vez fue concebido como el instrumento jurídico de la “revolución” termine convertido en un estorbo.