Un informe identifica al narcotráfico, la minería ilegal, el contrabando y el lavado de dinero entre las principales economías ilícitas y plantea reformas a la Policía, la justicia y la UIF.
Droga incautada en Bolivia/Archivo/APG
Fuente: Brújula Digital
La Fundación Milenio alertó este jueves sobre el avance de las economías ilícitas y la captura institucional en Bolivia, y planteó una serie de reformas para fortalecer al Estado frente al crimen organizado.
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El diagnóstico está contenido en el informe “Un campo minado: economías ilícitas, captura institucional y erosión del tejido social”, elaborado por Henry Oporto y Ricardo Calla, presentado junto con el estudio regional “Grietas en el sistema”, del Centro de Estudios de la Democracia (CSD) y la Fundación Milenio.
El informe señala que entre 2006 y 2025 se expandieron en Bolivia el narcotráfico, la minería ilegal de oro, el contrabando, el lavado de dinero y el tráfico de armas. Según los autores, estas actividades crecieron en un contexto de captura del Estado por facciones político-partidarias, grupos sindicales e intereses corporativos.
El estudio menciona la identificación de al menos 17 clanes narcotraficantes en 2025, los casos de los llamados “narcogenerales” dentro de la Policía y la penetración de redes de corrupción en la justicia. También recuerda que Bolivia ingresó nuevamente en junio de 2025 a la lista gris del Grupo de Acción Financiera Internacional (GAFI) por deficiencias en la lucha contra el lavado de activos.
Oporto afirmó que el país necesita una Policía “profesional y despolitizada”, una justicia independiente y una UIF con autonomía real.
El informe propone cuatro líneas de reforma: profesionalizar y despolitizar la Policía; recuperar la independencia del sistema judicial y del Ministerio Público; fortalecer la UIF y los mecanismos contra el lavado de dinero; y aprobar una Ley de Transparencia y Acceso a la Información Pública y una Ley de Contrataciones Estatales.
El estudio regional, que analiza 24 países, sostiene además que en Bolivia existen instituciones que funcionan “en el papel”, pero que tienen capacidades limitadas debido a presiones políticas, falta de recursos y precariedad institucional.
El informe también analiza la reapertura de la cooperación antidrogas con Estados Unidos, la Unión Europea y países vecinos tras el retorno de la DEA a Bolivia, y advierte sobre los dilemas de soberanía que plantea esa nueva etapa.
BD/RPU
