En siete días de agosto de 2026, la Asamblea censuró a José Gabriel Espinoza, el Presidente lo destituyó y dos autoridades lo denunciaron penalmente por hechos distintos y sin relación entre sí.
Fuente: https://elpais.bol
José Gabriel Espinoza Yáñez dejó el Ministerio de Economía y Finanzas Públicas de la misma forma en que gobernó: con un argumento técnico impecable en la superficie y una serie de preguntas de fondo que nunca llegó a responder del todo.
=> Recibir por Whatsapp las noticias destacadas
Entre el 18 y el 25 de agosto de 2026, en siete días, la Asamblea Legislativa lo censuró, el Presidente lo destituyó, él mismo retiró el recurso constitucional con el que había cuestionado esa censura, y dos autoridades distintas —el vicepresidente Edmand Lara y la diputada opositora Lissa Claros— presentaron denuncias penales en su contra por hechos de naturaleza y escala completamente distintas.
El 25 de agosto, Christian Andrés Morales Burgos, hasta entonces viceministro del Tesoro y Crédito Público, juró como su sucesor.
Ninguno de esos episodios, tomado por separado, cuenta la historia completa. Juntos —y sumados a lo que muestran los propios números que la Gestora Pública de Seguridad Social publica en su sitio web— forman el cierre de una gestión que llegó con el diagnóstico correcto sobre los males institucionales de Bolivia y salió sin haber aplicado ese diagnóstico a sí misma, dejando además una deuda pública que creció más rápido de lo que el propio gobierno de Rodrigo Paz había prometido evitar.
El recorrido de Espinoza en el Ministerio
Espinoza asumió el 9 de noviembre de 2025, presentado como el economista que ordenaría las cuentas del Estado tras una crisis de divisas y una inflación que cerró 2025 en 20,4%.
Su gestión reporta resultados concretos: un déficit fiscal que bajó de niveles cercanos al 12,5% del PIB; el fin, el 29 de junio de 2026, de quince años de tipo de cambio fijo, sustituido por un régimen flexible que arrancó en Bs 9,73 por dólar y rondaba ya los Bs 11,77 a mediados de agosto; una reducción parcial del subsidio a los combustibles; y un acuerdo técnico con el Fondo Monetario Internacional por 1.900 millones de dólares, cerrado a fines de julio, que el propio Espinoza presentó como la pieza que daría estabilidad al programa económico del gobierno.
Ese balance se quebró por un motivo que no aparece en sus informes de gestión. El 18 de agosto, la Asamblea lo censuró —91 votos a favor, de 129 legisladores presentes— por no presentarse a una interpelación en la que debía responder 29 preguntas sobre los bonos soberanos, los billetes de la Serie B, la demora del Presupuesto y el caso Pari, vinculado al desfalco del Banco Unión.
Espinoza había pedido posponer la comparecencia por viajes oficiales; la Asamblea rechazó el pedido. El mismo día presentó una Acción de Amparo Constitucional, admitida por la Sala Constitucional Tercera de El Alto. La elección de esa sala generó de inmediato un cuestionamiento: el senador Leonardo Roca hizo público que una hija del vocal Grover Jhonn Cori Paz —quien debía resolver el amparo— trabaja en el Banco Central de Bolivia, entidad bajo la tuición directa del propio Ministerio de Economía que Espinoza encabezaba. El vocal no se excusó.
El 21 de agosto, mediante decreto presidencial 5678, Paz dejó sin efecto la designación de Espinoza. El 24, antes de que la Sala Constitucional fallara, Espinoza retiró el amparo, diciendo que lo hacía para que su situación personal no se convirtiera en “un factor de confrontación” para el gobierno. Al día siguiente, Paz juramentó a Morales Burgos.
Dos denuncias
En paralelo, y por razones sin relación entre sí, Espinoza quedó bajo investigación en dos frentes penales.
El primero lo presentó el vicepresidente Lara, el 12 de agosto. Según la denuncia, el ministro adquirió una vagoneta Audi Q4 e-tron protocolizada con un valor consignado de Bs 50.000, mientras habría declarado después un desembolso real de Bs 350.000, es decir, siete veces más, y en su declaración jurada de bienes del 29 de junio reportó un patrimonio de apenas Bs 9.367, sin registrar el vehículo. La Fiscalía admitió la denuncia el 17 de agosto y la investiga como “falsedad ideológica y uso de instrumento falsificado” y “falsedad en la declaración de bienes y rentas”.
El segundo lo presentó la diputada Lissa Claros el 25 de agosto, también ante el Ministerio Público de La Paz, por incumplimiento de deberes y daño económico al Estado.
Según Claros, Espinoza “acomodó bonos por mil millones” para adquirir una deuda a nombre del Estado sin la aprobación de la Asamblea Legislativa. La diputada pidió además arraigo y alerta migratoria. Esta denuncia llegó días después de que la diputada fuera mencionada —sin ninguna prueba presentada hasta ahora— en una lista de 28 legisladores de la bancada de Libre que, según acusaciones difundidas por Nadia Beller a partir del 19 y 20 de agosto, habrían recibido sobresueldos de USD 5.000 mensuales del Ejecutivo a cambio de votar a favor del gobierno.
Las denuncias contra Espinoza son dos causas separadas, de naturaleza distinta, que no deben leerse como una sola historia.
El diagnóstico de Gálvez
La analista financiera Edith Gálvez señala la desproporción entre lo que amenaza las finanzas públicas bolivianas y lo que efectivamente genera escándalo.
Sobre el caso de Frigorífico BFC, una empresa cuya deuda supera los mil millones de bolivianos, financiada en buena medida con el ahorro que administra la Gestora, escribió: “No tiene los visos de escándalo justificado como la compra del automóvil Audi eléctrico del ministro Espinoza, un escándalo de cuantía menor, pero de castigo moral enorme, pero es justamente este cargo el que los vincula”.
Y cerraba con una frase que, a la luz de lo ocurrido, se lee como advertencia cumplida: “Espinoza está acorralado por la compra escandalosa de su Audi. Bolivia está en vilo por miles de millones por causa de una omisión evidente del mismo comprador, solo que no es aún motivo de escándalo”.
El economista que diagnosticó el mal que terminó encarnando
Antes de ser ministro, Espinoza construyó una reputación de analista técnico capaz de trabajar para casi cualquier actor del espectro económico boliviano.
Fue economista de la CEPB, asesoró a la Konrad Adenauer, de orientación liberal, y también a la Friedrich-Ebert-Stiftung y a la Central Obrera Boliviana, de orientación socialdemócrata. Fue director del Banco Central durante el gobierno transitorio de Jeanine Áñez. Y entre septiembre de 2015 y abril de 2022 fue director suplente de Ferroviaria Andina S.A., designado por el grupo de Carlos Enrique Gill Ramírez, el empresario que controla el 50% operativo de las dos ferroviarias del país. El otro 50% pertenece a la Gestora Pública, la entidad que administra los ahorros de 2,82 millones de trabajadores.
En 2017, todavía como director suplente de FASA, Espinoza escribió en un libro de la Konrad Adenauer que uno de los males estructurales del país era la “tendencia de las empresas públicas a sobrepasar al regulador cuando empiezan a crecer” y advirtió sobre la “búsqueda de la maximización de intereses propios como motivación fundamental de los servidores públicos”. El capítulo no menciona su propio vínculo con la ferroviaria que en ese momento integraba.
Cuando El País le preguntó, el 16 de marzo de 2026, si había declarado ese conflicto de interés, la respuesta —llegada tres meses después— fue: “No existe conflicto de interés que declarar. Mi participación fue pasada, no ejecutiva y de carácter eventual”.
Respuestas y omisiones
El expediente de correspondencia entre El País y el Ministerio, de cinco meses, es el mejor mapa de qué escrutinio toleró la gestión de Espinoza y cuál no. De cinco cartas formales, tres recibieron respuesta y dos se quedaron sin ella.
Las que sí respondió confirmaron su paso por FASA y detallaron 40 contratos de plataforma de pagos con la empresa Síntesis S.A. Las dos sin respuesta apuntaban a lo más incómodo, a saber, la copia del expediente del arbitraje CIADI ARB/18/31 sobre el caso BBVA, el estado de las auditorías que el propio Espinoza había anunciado sobre la gestión previa de la Gestora, y por qué el Directorio —obligatorio desde 2010— lleva más de quince años sin conformarse
La deuda que se acumuló mientras Espinoza hablaba de responsabilidad fiscal
El 7 de mayo de 2026, Espinoza anunció la colocación de USD 1.000 millones en bonos soberanos a una tasa anual de 9,45% y a cinco años, frente al 4,95% a diez años de los primeros bonos bolivianos en 2012. Esa colocación de mayo es el origen de la denuncia de Claros.
Sumando esa emisión a los créditos comprometidos con la CAF y el BID, de hasta USD 7.000 millones, más cooperación japonesa y del FMI, este medio calculó que el total de obligaciones asumidas en el primer semestre superó los USD 21.700 millones, aunque la mayor parte sigue siendo promesa: de los 1.900 millones del FMI, ninguno había entrado a las reservas al cierre de esta nota.
En paralelo, y de forma menos visible que cualquiera de esos anuncios internacionales, el nuevo gobierno sí ejecutó un crédito directo con el propio Banco Central (BCB) por Bs 16.000 millones para el pago de sueldos y aguinaldos, y otro de Bs 31.839 millones para cumplir con el pago de las obligaciones fiscales de corto plazo que el Estado asumió con el BCB. El mecanismo ya utilizado, no solo anunciado, es exactamente el que Paz había descrito en campaña como “usar el BCB como caja chica” de sus predecesores.
Los números de la Gestora
Al margen de denuncias, el dato que la propia Gestora publica en su sitio, y que no depende de ninguna declaración, es el valor del fondo de pensiones medido en dólares: se desplomó 39,1% en tres semanas, sin que se vendiera un solo activo de más.
Pérdida contable
El fondo de pensiones perdió 39,1% de su valor en dólares en apenas tres semanas.
Entre el 29 de junio y el 19 de julio, el monto en bolivianos apenas sube 1,2%; el valor en dólares cae de USD 30.792 millones a USD 18.753 millones, una pérdida contable de USD 12.039 millones, resultado de convertir la cartera del tipo fijo de Bs 6,96 al tipo flexible, que para el 26 de agosto ya rondaba Bs 11,57, superando la proyección de S&P Global Ratings para todo 2026 (Bs 10,40).
Es el mismo riesgo que este medio documentó en marzo, cuando el canje del eurobono 2028 dejó a la Gestora con instrumentos en bolivianos. La porción de la cartera previsional que no está en moneda dura pierde valor internacional cada vez que el boliviano se deprecia, y en este caso lo haría de una sola vez, casi 40%, apenas tres semanas después de que el gobierno de Espinoza liberara el tipo de cambio.
Además, la APS no ha publicado un desglose de cartera más reciente que el del 31 de marzo, casi cinco meses de opacidad sobre la composición exacta de los ahorros de 2,82 millones de trabajadores bolivianos, en línea con la suspensión de los informes detallados de diversificación de cartera que este medio ya había documentado desde junio de 2025.
Un problema que no depende del nombre en el despacho
Nada de lo anterior es exclusivo de Espinoza. La ausencia de Directorio en la Gestora es anterior a su gestión por quince años; el contrato con Síntesis se firmó antes de que asumiera; el litigio de Ferroviaria Oriental arranca en 1996.
Lo que su paso deja como aporte específico es la evidencia, documentada carta por carta y cifra por cifra, de que la estructura institucional boliviana puede sostener nueve meses y medio de resultados macroeconómicos defendibles —menor déficit, un tipo de cambio ya no sostenido artificialmente, un acuerdo con el FMI— mientras acumula miles de millones en nuevas obligaciones, deja sin explicación pública casi USD 12.000 millones de pérdida contable en los ahorros de 2,82 millones de personas, y evita, con la misma fórmula repetida carta tras carta, declarar los conflictos de interés que arrastraba desde antes de asumir.
Christian Morales Burgos hereda ese diseño institucional, no solo los expedientes de su antecesor. Lo que Espinoza dejó sin responder —quién ejerce los contrapesos que la ley exige y que la Gestora nunca tuvo— sigue abierto, y ahora es su nombre el que aparece al pie de las próximas cartas.
Lo que hereda Christian Morales Burgos
Christian Andrés Morales Burgos juró como ministro de Economía el 25 de agosto de 2026, horas después de que Espinoza retirara su recurso contra la censura legislativa. No llega como figura externa, fue viceministro del Tesoro y Crédito Público desde el 13 de noviembre de 2025, parte del equipo que diseñó la política que ahora debe profundizar. Economista con más de 17 años en finanzas públicas, deuda y tesorería, con maestría en Economía, posgrado en Dirección Financiera y cursos del FMI en programación macroeconómica y sostenibilidad de deuda, pasó por la Dirección de Crédito Público del Ministerio y por la Tesorería del municipio de La Paz.
En su discurso de posesión prometió “mayor celeridad y profundidad” a las medidas ya trazadas, sin cambios de rumbo. Paz le fijó de inmediato una meta concreta: cerrar entre 7.000 y 10.000 millones de dólares en créditos multilaterales y avanzar en la política del “50-50” entre gestión económica y agenda política. Heredó también el expediente del contrato con Síntesis S.A. para el Bono PEPE, cuya respuesta a El País ayudó a redactar como viceministro, y las negociaciones inconclusas con el FMI, la CAF y el BID.
Su primer desafío llegó antes de cumplir una semana. La presión por el Decreto Supremo 5676, que retiró la subvención al diésel para grandes consumidores y fijó un precio referencial de Bs 18, generó protestas en varios departamentos. A diferencia de Espinoza, Morales no arrastra vínculos societarios con empresas reguladas por su cartera, pero su cercanía con la gestión anterior plantea la primera pregunta de su mandato, que es si dará continuidad también a lo que esa gestión dejó sin resolver.
Los pendientes que recibe, ordenados de mayor a menor urgencia institucional, son los siguientes:
El Directorio de la Gestora Pública sigue sin existir. Quince años después de que la Ley Nº 065 lo hiciera obligatorio, la entidad que administra el ahorro previsional de 2,82 millones de trabajadores sigue operando bajo una gerencia unipersonal designada por el ministro de turno, sin el órgano colegiado de contrapesos que la propia ley exige. Ninguna de las auditorías que Espinoza anunció en diciembre de 2025 sobre la gestión previa de la Gestora fue confirmada por escrito antes de su salida.
Una deuda real ya colocada de USD 1.000 millones en bonos soberanos, a una tasa de 9,45% que casi duplica la de 2012, cuyo trámite legislativo es, hasta ahora, la pregunta sin responder detrás de la denuncia penal de Lissa Claros contra su antecesor —además de varios miles de millones más comprometidos con el FMI, la CAF y el BID que todavía no se han desembolsado y cuya aprobación en la Asamblea quedó en el aire durante la crisis de la censura.
Una caída de 39,1% en el valor reportado en dólares del fondo de pensiones, documentada con las propias cifras de la Gestora, sin que exista todavía una explicación pública sobre el salto contable del 29 de junio ni una actualización del detalle de cartera desde marzo.
El litigio societario de Ferroviaria Oriental permanece sin resolución. El fallo de la Corte de Apelaciones de Santiago que en noviembre de 2025 anuló la titularidad del 50% de FOSA controlado por el grupo Gill sigue sin generar ninguna acción del Estado boliviano para recuperar esa posición, pese a que la Gestora —accionista del 49,91% de esa empresa y su principal acreedora, con casi 38 millones de dólares en bonos— tendría, según analistas constitucionales, un fundamento legal para reclamarla sin necesidad de expropiación.
El contrato con Síntesis S.A. queda documentado, pero no resuelto. La propia respuesta del Ministerio reveló que la empresa mantiene al menos 40 contratos de interconexión de pagos con el Estado en dos años, todos por la vía de contratación directa o por excepción, sin que exista un estudio de mercado que respalde la afirmación de que se trata del único proveedor disponible. Dos de los seis accionistas de Síntesis ocupan cargos directivos en el Banco Nacional de Bolivia.
El anteproyecto de Ley de Inversiones entra a un Congreso fragmentado sin que se haya resuelto, según la propia Gálvez, cómo evitar que proyectos financiados en los hechos con ahorro previsional boliviano —el patrón ya documentado en los casos de COBEE, Telecel, Sinchi Wayra y la propia FOSA— puedan calificar como inversión extranjera y acceder a créditos tributarios de hasta el 80%.
Dos denuncias penales contra su antecesor siguen abiertas: la de Lara por el vehículo, admitida por la Fiscalía el 17 de agosto, y la de Claros por la colocación de bonos sin aprobación legislativa, presentada el 25 de agosto.
Dos solicitudes de información de este medio siguen sin respuesta: la del expediente CIADI ARB/18/31 sobre el caso BBVA, y la que pregunta directamente por los bonos del TGN adquiridos en 2024 con tasas que el propio Ministerio calificó de excesivas.
Este reportaje periodístico tiene la finalidad de difundir en lenguaje accesible los resultados de investigaciones basadas en documentos disponibles de acceso público, tales como Estados Financieros, Auditorías externas a los Estados Financieros, Calificaciones de riesgo, Memorias Anuales, Prospectos de emisión de valores, reportes a entidades regulatorias, actas de juntas de accionistas, actas de reuniones de directorios, registros documentales de actividades empresariales, que incluyen testimonios notariales, poderes, informes de registro público, estudios de expertos y otros. Todos, sin excepción, auténticos y registrables.
Invitamos a los expertos del país o de fuera de nuestras fronteras que estén o no de acuerdo con parte o con todos los resultados difundidos, las conclusiones o enfoque de cada reportaje, a publicar sus criterios en la sección de comentarios, o, si ven por conveniente, hacerlo en forma privada al correo electrónico [email protected], aclarando si quieren mantener o no su nombre en reserva para aplicar las protecciones del secreto de fuente establecido en la Ley de Imprenta.
También invitamos a añadir sus propias investigaciones, análisis y conclusiones, las que publicaremos contrastando con las del equipo de investigación de El País, a cuyo efecto ofrecemos a nuestros estimados lectores suscritos el acceso a la base de datos que El País ha utilizado en cada caso, con la única condición de asumir formal y públicamente su compromiso de hacernos llegar los resultados y alcance de su trabajo en determinado tiempo a acordarse.
La finalidad última es la de informar objetiva y respetuosamente a la población boliviana que busca mejores días para su patria.
