Ven importante que autoridades de Gobierno agoten todas las posibilidades de diálogo con quienes se oponen a la vigencia de la norma en cuestión, esto para anular todo intento de generar nuevos escenarios de conflicto, similares a los vividos en meses pasados. > Llaman a evitar que grupos interesados en atentar contra la democracia usen políticamente el DS 5676 para promover marchas y bloqueos, en espera de que finalice el actual estado de excepción. Lamentan que grandes empresarios ganaderos, agroindustriales y mineros se opongan al DS 5676, pese a haber resaltado la fortaleza de sus sectores y la necesidad de eliminar subsidios dispuestos durante los gobiernos del MAS.
Fuente: El Diario
Asegurando que el Decreto Supremo (DS) 5676 es necesario para ajustar la economía del país y garantizar el suministro regular de carburantes en el mercado interno, el exdiputado Amílcar Barral pidió al Gobierno no permitir que el rechazo de algunos sectores hacia esta norma sea usado políticamente y se amenace la estabilidad del país, con nuevas movilizaciones, una vez finalice la vigencia del actual estado de excepción.
En criterio de Barral, es importante que autoridades de Gobierno agoten todas las posibilidades de diálogo con quienes se oponen a la vigencia de la norma en cuestión, esto para anular todo intento de generar nuevos escenarios de conflicto, similares a los vividos en meses pasados.
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“Yo creo que el gobierno tiene que sentarse a dialogar con los sectores movilizados y no cerrarse en una posición respecto a que el decreto es irrevisable”, dijo.
Asimismo, afirmando que “ninguna norma está escrita en piedra”, exhortó a evitar que grupos interesados en atentar contra la democracia usen políticamente este tema para promover marchas y bloqueos, en espera de que finalice el actual estado de excepción.
“Ese va ser un pretexto. Que se reglamente, que se modifique, pero no derogarlo o abrogarlo porque la norma si hace falta”, explicó.
Para Barral, es lamentable que grandes empresarios ganaderos y agroindustriales hayan cuestionado la vigencia del Decreto Supremo 5676, pese a que anteriormente habían exigido que se les garantice el suministro regular de carburantes, resaltando la fortaleza del sector y la necesidad de eliminar los subsidios dispuestos durante los gobiernos del Movimiento al Socialismo (MAS).
Otro sector observado por el exparlamentario es el minero, caracterizado por mover una importante cantidad de recursos, un poder económico que tranquilamente puede cubrir el precio internacional en el caso de los carburantes. “No pagan impuestos, por lo menos que paguen eso”.
Exhortando a comprender que se debe dejar atrás la lógica de pedir al poder central la atención de distintos aspectos, sin una contraparte que genere en favor del país, Barral instó a autoridades de gobierno a manejar el tema del rechazo focalizado al DS 5676, con seriedad, sin subestimar a los movilizados.
“No se deben dar pretextos que puedan llevar nuevamente a movilizaciones como pasó en los pasados 53 días de bloqueos”, sostuvo.
Consultado sobre la posibilidad de ampliar la vigencia del actual estado de excepción, Barral aseveró que, desde la Asamblea Legislativa Plurinacional ya se debería estar abordando este tema, sin descartar la posibilidad de convocar a una nueva cumbre política con distintos líderes que cuentan con representación parlamentaria, esto para llegar a acuerdos que permitan ampliar una medida que ha dado resultados en cuanto a la pacificación del país.
Esta semana, ante el pedido de la Federación de Asociaciones Municipales de Bolivia para abrogar el Decreto Supremo 5676, que fija en Bs 18 por litro el precio referencial del diésel para grandes consumidores, el ministro de la Presidencia, Fernando Aramayo, afirmó que la norma es uno de los condicionamientos del Fondo Monetario Internacional (FMI) para cooperar con el país. “Porque no es sostenible que el Estado financie una partida que ha tenido un componente de corrupción muy grande”, señaló.
Por otro lado, el vocero presidencial, José Luis Gálvez, explicó que una posible ampliación del estado de excepción no es una prioridad inmediata para el Gobierno; sin embargo, al estar vigente, es de cumplimiento obligatorio para asegurar el regular tránsito de alimentos, medicinas y otros productos, además de garantizar el derecho al trabajo de la gente.
“Todos aquellos que puedan tener molestias pueden protestar, estamos en democracia; pero no pueden bloquear, no pueden hacerle daño al país, esa no es la vía. Si las autoridades que tienen que tomar la decisión ven que fuese pertinente ampliar esa medida, bueno, habrá que hacerlo, yo lo veo en debate; no es todavía una prioridad inmediata”, dijo.
Previamente, el diputado oficialista Manolo Rojas, había anunciado la presentación de un proyecto de ley para extender la vigencia de la medida, no solo para prevenir y contener protestas sociales y las amenazas de convulsión social expresadas por algunos sectores, entre ellos la dirigencia de las seis federaciones del Chapare.
En criterio del legislador paceño, es vital mantener la paz social en el país, evitando que sectores radicalizados interesados en la ruptura del orden constitucional, capitalicen a su favor las protestas que se vienen anunciando para los próximos meses.
“El cambiar un gobierno democráticamente elegido lo único que va hacer es ahondar la crisis. Yo estoy convencido de que muchos bolivianos que no apoyan al presidente, si apoyan a la institucionalidad y la democracia, estas personas deben estar tranquilas porque varios asambleístas estamos analizando la ampliación del estado de excepción”, agregó.
Fuente: El Diario
