Anapo advierte que el Decreto 5676 estrangula la economía de los productores y provocará una inminente ola de inflación en la canasta básica familiar.
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Desde una perspectiva operativa, el tope mensual de 120 litros con precio subvencionado resulta insuficiente para la actividad agrícola real. De acuerdo con las estimaciones técnicas del sector, con 120 litros no se puede operar un solo tractor pequeño por más de tres días.
Abraham Nogales, presidente de Anapo, enfatizó el impacto desigual de la normativa: «Rechazamos este decreto porque castiga al pequeño y mediano productor y no solamente al gran consumidor: golpea a todos los productores que poseen desde veinte, treinta o más hectáreas, quienes ahora tendrán que pagar casi el doble por el combustible que usan».
La organización, que representa a cerca de 14.000 productores de soya, trigo, maíz, chía, sorgo y girasol en el departamento de Santa Cruz, subraya que más del 80% de su padrón está compuesto por pequeños agricultores.
Negocio ilegal a la vista de todos: la red que nadie desarticula
El enfoque económico de Anapo cuestiona que la fijación de un precio diferenciado no ataca el problema estructural del desabastecimiento, sino que distorsiona los incentivos de mercado. Al coexistir dos precios oficiales marcadamente distantes (Bs 9,80 frente a Bs 18), la normativa incrementa los márgenes de ganancia para el contrabando y el desvío informal.
La dirigencia denunció la existencia de una red de intermediarios, cisternas y puestos clandestinos que revenden el carburante subvencionado a tarifas que oscilan entre los Bs 15 y Bs 18 el litro.
«Esa cadena ilegal opera a la vista de todos y lleva meses funcionando», lamentó Nogales, instando a las autoridades de fiscalización a desarticular estos circuitos ilícitos en lugar de penalizar el consumo productivo regular.
Asimismo, desde el punto de vista del ahorro fiscal, Anapo aclaró a través de un comunicado oficial que el sector agrícola consume apenas el 17% del diésel a nivel nacional, por lo que la medida tendrá un impacto marginal en la reducción del gasto del Estado en subsidios, manteniendo intacta la problemática de la escasez de divisas para la importación.
Menor producción, mayor inflación: el impacto en la canasta familiar
El mayor riesgo macroeconómico radica en el momento de la cadena agrícola en que se implementa el ajuste. La fijación de Bs 18 por litro coincide con el cierre de la cosecha de la campaña de invierno —crucial para el acopio de sorgo, maíz, trigo y girasol— y antecede por pocas semanas al inicio de la campaña de verano, el ciclo agrícola más importante del país.
Debido a que el sector oleaginoso actúa como un «tomador de precios» en los mercados internacionales, los productores no pueden absorber indefinidamente las alzas de insumos sin arriesgar la quiebra. La consecuencia económica directa será la reducción de la superficie de siembra y el eventual cierre de unidades productivas, lo que contraerá la oferta agregada de granos.
Dado que la soya, el maíz y el sorgo constituyen la base de alimentación para la producción de proteína animal, la escasez de estos insumos generará un efecto dominó en los costos de alimentos esenciales: Carnes (pollo, res y cerdo), lácteos y derivados (leche) y productos avícolas (huevos
En sintonía con la Cámara Agropecuaria del Oriente (CAO), la dirigencia del sector soyero advierte que la población urbana terminará absorbiendo el costo del «dieselazo» mediante la inflación de la canasta familiar.
