El sistema Ojo Vivo, creado para reforzar la seguridad ciudadana, enfrenta una grave crisis: fallas técnicas, equipos sin uso y procesos judiciales mantienen gran parte de las cámaras fuera de servicio.
Fuente: Red Uno
Cristina Cotari
El sistema de videovigilancia “Ojo Vivo” de Cochabamba enfrenta serias deficiencias técnicas y administrativas. Según un reporte de la Policía, de aproximadamente 500 cámaras instaladas en la ciudad, solo 32 estarían funcionando, situación que limita las tareas de prevención, monitoreo e investigación de hechos delictivos.
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Ante este panorama, la Alcaldía de Cochabamba anunció que realiza un diagnóstico técnico y jurídico para determinar el estado real del sistema y definir las acciones para su recuperación.
Alcaldía atribuye problemas a proyecto heredado
El director de Comunicación e Imagen Corporativa de la Alcaldía, Juan José Ayaviri, explicó que las fallas corresponden a un proyecto heredado de la anterior gestión, con observaciones técnicas y procesos judiciales pendientes.
“Son proyectos que hemos heredado de la anterior gestión, que han tenido problemas judiciales y se han hecho esfuerzos para reconducirlos y ponerlos en funcionamiento”, afirmó.
Ayaviri señaló que el proyecto denominado Ojo Vivo presentó deficiencias desde su entrega, lo que derivó en procesos legales.
“El famoso proyecto del Ojo Vivo tenía deficiencias y observaciones desde el momento en que se lo entregó, que derivaron en procesos legales. Más de 200 cámaras se entregaron, pero cuando llegamos ya no servían”, sostuvo.
Equipos sin conexión y tecnología obsoleta
El director de Comunicación indicó que parte de los problemas están relacionados con la falta de conexión entre radiobases, equipos almacenados y tecnología que no se adapta a los requerimientos actuales.
Además, explicó que el proyecto no solo contemplaba cámaras de vigilancia, sino otros componentes como control de placas e interconexión con servicios de emergencia, elementos que también quedaron afectados por los procesos legales.
Conflictos judiciales y falta de recursos complican recuperación
Ayaviri señaló que existen dos principales dificultades para recuperar el sistema: la judicialización del proyecto y la reducción de recursos económicos provenientes del Impuesto Directo a los Hidrocarburos (IDH).
“Es difícil heredar un proyecto que tiene observaciones, procesos judiciales, sentencias, donde hay acusados y todavía está en curso. Alguien tiene que pagar por esto”, afirmó.
Asimismo, indicó que la disminución de ingresos municipales obligó a priorizar otros gastos, como el desayuno escolar, aunque aseguró que la seguridad ciudadana sigue siendo una prioridad.
En un mes se conocerá el estado del sistema
La Alcaldía, mediante la Secretaría de Gobierno Electrónico, inició una evaluación para establecer si los equipos todavía pueden ser utilizados y cuánto costaría su reparación.
“En un mes más vamos a tener el diagnóstico. Ahí se va a saber cuánto va a costar la reparación y se podrá definir cómo ponerlo en funcionamiento”, informó Ayaviri.
Ayaviri ratificó que el municipio tiene responsabilidad directa sobre 200 cámaras, debido a que fueron adquiridas con recursos municipales, mientras que el resto corresponde a otros proyectos e instancias.
Indicó que también se analiza la vía jurídica para determinar responsabilidades y buscar mecanismos de resarcimiento por los daños económicos ocasionados.