Nueve meses del gobierno de Rodrigo Paz Pereira y nueve meses de escasez de diésel y gasolina. Con momentos más críticos que otros, pero escasez al fin. El problema ya no puede seguir siendo tratado como una contingencia temporal.
Las soluciones son conocidas. Han sido planteadas reiteradamente por expertos y analistas: abrir el mercado, impulsar la libre importación de combustibles y eliminar el subsidio; el déficit fiscal hace inviable la continuidad del subsidio. No hay cómo estirar más la pita.
El diagnóstico está claro; faltan decisiones.
Postergar la toma de decisiones lacera la imagen gubernamental y genera una corriente crítica que puede desencadenar en una crisis mayor que la que hemos vivido en los últimos tiempos.
=> Recibir por Whatsapp las noticias destacadas
Destaco una diferencia central: la crisis del criminal bloqueo de 54 días, fue consecuencia de una acción conspirativa. Los intereses de diferentes frentes se alinearon para acortar el período constitucional y democrático. La segunda, generada por una creciente sensación de incapacidad y corrupción, puede alinear el sentimiento ciudadano con las estrategias políticas. Y ese camino no tiene retorno.
El diagnóstico está claro y las soluciones también. Es tiempo de ver al presidente ejerciendo el poder.
En un segundo plano, destaco algunos riesgos colaterales que no son cosa menor.
El primero es institucional.
Cuando un Gobierno demora demasiado en resolver un problema que afecta la vida cotidiana y la economía del país, comienzan a generarse corrientes que impulsan decisiones espontáneas y autónomas, tomadas desde distintos niveles del Estado o desde sectores que sienten que deben resolver por su cuenta lo que el Gobierno no está resolviendo.
Y cuando las decisiones empiezan a producirse al margen de una conducción política, el riesgo institucional crece.
El segundo es el mercado negro.
Basta revisar las redes sociales. En Marketplace ofrecen gasolina a 12 y 13 bolivianos por litro, incluso con entrega a domicilio. Es decir, mientras el Estado intenta sostener un precio que ya no refleja la realidad del mercado, comienza a crecer un mercado negro dispuesto a satisfacer la demanda que el mercado formal no consigue atender y, por supuesto, generando significativas ganancias.
Esto es mucho más peligroso que una simple distorsión de precios. Significa que la escasez empieza a generar sus propios mecanismos de abastecimiento, fuera del sistema formal, con todos los riesgos de especulación, contrabando, corrupción y pérdida de control que ello implica.
La decisión ya no puede seguir postergándose.
El Gobierno necesita actuar. Y necesita hacerlo ahora.
Porque la discusión ya no es solamente cuánto cuesta el combustible o cuánto le cuesta el subsidio al Estado. La discusión es quién controla el abastecimiento, quién fija las reglas del mercado y cuánto tiempo más puede una sociedad soportar que una necesidad básica dependa de la improvisación.
La viabilidad del Gobierno de Rodrigo Paz y, eventualmente, sus aspiraciones políticas futuras pasan hoy por un lugar mucho más concreto que cualquier discurso o estrategia electoral: pasan por los grifos de los surtidores de diésel y gasolina.
Jaime Navarro Tardío
Político y exdiputado nacional.