El exministro Carlos Sánchez Berzaín. Foto: RRSS
El exministro de Defensa Carlos Sánchez Berzaín activó una acción de libertad con la que busca dejar sin efecto el juicio de responsabilidades por los hechos de octubre de 2003.
La iniciativa generó rechazo entre dirigentes y abogados vinculados con las víctimas de la denominada Guerra del Gas.
El dirigente de la Federación de Juntas Vecinales de El Alto (Fejuve), Eddy Condori, calificó la solicitud como preocupante.
Condori advirtió que una eventual decisión favorable a Sánchez Berzaín podría establecer un precedente negativo para futuros procesos judiciales.
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Carlos Sánchez Berzaín
“Nos van a volver a ver en las calles si se da curso a esta petición”, afirmó el dirigente en entrevista con Fides.
Según Condori, los dirigentes sociales que participaron en las movilizaciones de 2003 podrían quedar expuestos a nuevos procesos.
“Nos van a echar la culpa a los dirigentes”, sostuvo al referirse a las posibles consecuencias de una anulación.
El dirigente recordó que las protestas tuvieron como principal demanda la defensa de los recursos naturales y el rechazo a la política sobre el gas.
También afirmó que durante los hechos de octubre de 2003 fueron recogidos más de 60 cuerpos en El Alto.
A su turno, el abogado Roberto de la Cruz cuestionó que Sánchez Berzaín pueda recurrir a una acción de libertad.
Explicó que esta garantía constitucional protege la vida, la libertad personal y la integridad física ante detenciones o procesamientos indebidos.
Juicio de responsabilidades
De la Cruz planteó, en ese contexto, si corresponde aplicar esa garantía a Sánchez Berzaín, quien permanece en rebeldía dentro del proceso.
El abogado recordó que durante las jornadas de octubre de 2003 se registraron decenas de muertes y centenares de personas heridas.
Thomas Becker también expresó su rechazo a la iniciativa del exministro y la vinculó con anteriores intentos de evitar el proceso judicial.
“Es otro juego de Sánchez Berzaín”, afirmó Becker, quien sostuvo que el exministro habría buscado evitar la justicia durante las últimas dos décadas.
El abogado recordó que otros exministros y militares fueron procesados por los hechos de 2003.
Octubre negro
Según Becker, una eventual liberación de Sánchez Berzaín afectaría un proceso en el que ya existen personas procesadas y condenadas.
“Ya han procesado varias personas, los generales, los ministros”, afirmó.
Los hechos de octubre de 2003 derivaron en un juicio de responsabilidades contra autoridades del gobierno de Gonzalo Sánchez de Lozada.
El proceso concluyó con condenas contra exministros y militares por su participación en la represión de las movilizaciones.
Sánchez Berzaín, entonces ministro de Defensa, abandonó Bolivia después de la crisis política y social que terminó con la renuncia de Sánchez de Lozada.
Estados Unidos
Posteriormente se radicó en Estados Unidos, donde recibió protección migratoria durante años y enfrentó procesos relacionados con los hechos de 2003.
En 2020, una corte federal estadounidense determinó responsabilidad civil de Sánchez de Lozada y Sánchez Berzaín por las muertes ocurridas durante la represión.
La decisión estadounidense estableció que ambos exfuncionarios eran responsables por ejecuciones extrajudiciales cometidas durante la crisis de octubre.
¿Qué ocurrió en octubre de 2003?
La crisis comenzó por el rechazo de sectores sociales a la política hidrocarburífera del gobierno de Gonzalo Sánchez de Lozada.
Las movilizaciones crecieron en septiembre y octubre de 2003, especialmente en El Alto y otras regiones del país.
Entre las demandas estuvo el rechazo a la exportación de gas por Chile y el pedido de nacionalización de los hidrocarburos.
El Gobierno respondió con operativos militares y policiales para despejar las vías bloqueadas y garantizar el abastecimiento de combustibles.
La represión provocó decenas de muertos y cientos de heridos, principalmente en El Alto y La Paz.
La escalada de violencia provocó una crisis política que terminó con la renuncia de Gonzalo Sánchez de Lozada el 17 de octubre de 2003.
Carlos Mesa asumió la Presidencia y posteriormente se impulsó un juicio de responsabilidades contra autoridades del gobierno anterior.
Decisión judicial
Condori también cuestionó que el tratamiento de la acción de libertad se desarrolle bajo reserva.
El dirigente consideró que la falta de información pública alimenta dudas sobre las razones y alcances de la solicitud presentada por Sánchez Berzaín.
“¿Por qué tendría que estar en reserva?”, cuestionó Condori y pidió transparencia en el tratamiento judicial del caso.
El dirigente también rechazó cualquier eventual intervención política para favorecer al exministro.
“No quisiéramos pensar que el actual gobierno o personeros del actual gobierno estén metidos”, afirmó.
Condori advirtió que las organizaciones sociales volverían a movilizarse si la justicia determina anular el proceso.
La decisión judicial podría definir el futuro del proceso contra Sánchez Berzaín y reabrir el debate sobre la responsabilidad estatal por los hechos de octubre de 2003.
